A tres años de la aprobación de la Ley 27.610, de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo, hay grandes interrogantes acerca de su implementación. Amnistía Internacional Argentina y distintas organizaciones sociales vienen realizando estudios en varias provincias con el fin de visibilizar los avances y desafíos. En Mendoza el monitoreo, elaborado junto a la organización Líbera Abogacía Feminista, devela cómo se desempeñó el sistema de salud público provincial en el acceso efectivo a este derecho fundamental. “Mendoza es la segunda provincia con la tasa más baja de servicio de ILE/IVE”, destacaron las abogadas Leticia Morcos y Myriam Coronel en diálogo con EL OTRO.
Por Juan Rojas | Fotos: Coco Yañez
Amnistía Internacional Argentina acaba de publicar un informe elaborado con la organización Líbera Abogacía Feminista que hace referencia a los avances alcanzados por el Sistema de Salud Pública de Mendoza, en la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). (Leé el informe completo aquí)
El trabajo, que comenzó a desarrollarse a fines de 2021, se basó en entrevistas a usuarias, referentes y profesionales de servicios de salud sexual y reproductiva, consultas a hospitales públicos y pedidos de información pública a las agencias del Estado involucradas. La iniciativa de Amnistía, que se replicó en todo el país, tiene por objetivo llegar más allá de las cifras y conocer cuáles son las barreras con las que se enfrentan en el acceso al aborto mujeres y personas con capacidad de gestar.
El número de IVE/ILE realizadas en la provincia, como el abastecimiento de insumos y contratación de profesionales de la salud para la provisión de abortos en el servicio de salud pública, “fijan una línea de base” que el Sistema de Salud provincial debe robustecer para asegurar la aplicación efectiva de la Ley de Acceso a la Interrupción del Embarazo (27.610)”. Esa es la primera conclusión a la que arriba el informe de esta organización que, desde hace varios años, viene trabajando en la promoción de derechos a salud de las mujeres.
“Sostenemos que el Sistema de Salud de Mendoza ha hecho lo mínimo indispensable para garantizar el acceso al aborto, pero no alcanza. El informe busca mostrar el estado de situación, la panorámica de la implementación en la provincia en los últimos años, y es válido para decirle al Gobierno: ésta es la base sobre la cual tiene que partir para mejorar. Es decir, de este piso no se puede bajar”, sintetiza la abogada Leticia Morcos, integrante de Líbera, en diálogo con EL OTRO.
El “mínimo indispensable” al que se refieren está reflejado en las insolvencias que se manifestaron con fuerza durante el proceso de investigación. El informe advierte tres grandes “barreras” en el Sistema de Salud local que limitan el acceso a los servicios de aborto: falta de información adecuada, escases de efectores y profesionales garantes de la IVE/ILE, y falta de recursos materiales para brindar atención de calidad.
“La información que obtuvimos de parte del gobierno provincial fue incompleta, ambigua y gris. No pudimos acceder a los funcionarios que están en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y en los hospitales tuvimos que hacer pedidos de informes que contestaron con demora. Por eso, contrastamos la información que nos llegó con las entrevistas con chicas que habían pasado por esta situación, y también buscamos información oficial en medios y redes sociales oficiales. Cruzamos datos sociodemográficos, estadísticas publicadas, entrevistas a trabajadoras de la salud, que se pudieron hacer en la generalidad de los casos, y también trabajamos con datos de la Superintendencia de Salud y Defensa del Consumidor”, explicaron desde Líbera.
La negativa a suministrar información no solo perjudica la elaboración de este tipo de relevamientos, sino que la falla más grave está en las limitaciones al acceso a la información que sufren mujeres y personas gestantes. A raíz de la resistencia oficial a proporcionar datos, Amnistía presentó una acción procesal administrativa por el incumplimiento de la Ley 9.070 (Acceso a la Información Pública) que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.
“Mendoza es la segunda provincia con la tasa más baja de servicio de ILE/IVE y esto tiene que ver con la falta de dispositivos de atención, pero principalmente porque no se informa. El gobierno no dice cómo es la prestación de servicios, hay muy poca información respecto de cómo es el servicio”, apunta la abogada Myriam Coronel, una de las integrantes de Líbera que participó de la entrevista.
El monitoreo de esta organización detalla además la situación de cada una de las cinco regiones sanitarias que componen la provincia y la realidad de los efectores que integran el sistema. “Mala distribución, departamentos muy densamente poblados con muy pocos servicios de interrupción, áreas rurales donde las usuarias se tienen que desplazar muchos kilómetros para atenderse, migración de prácticas de un departamento a otro. Falta de recursos materiales básicos como ecógrafos, laboratorios, falta de médicos prescriptores y pocos efectores que hacen intervenciones hospitalarias”, remarcan como conclusión.
El estudio también hace referencia a la situación con respecto al sistema de salud privado local. En este ámbito, según detallaron, la negativa de parte de los prestadores a otorgar información fue general. “A pesar de que se sustrajeron de nuestro campo de investigación, a través de las entrevistas y datos sociodemográficos pudimos comprobar que las prepagas concentran la atención en el Gran Mendoza, mientras que en los departamentos que están fuera de esta región disminuye notablemente la prestación de servicios, y se respalda mucho en el sector público”. El retaceo de información en este ámbito impide, nada más y nada menos, conocer cómo actúa OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos), el efector sanitario con más afiliados en la provincia y una de las obras sociales más grandes del interior del país.
El trabajo de Amnistía y Líbera concluye con una lista de sugerencias y propuestas al Ministerio de Salud de Mendoza con el objetivo de que se puedan eliminar obstáculos que no permiten el cumplimiento de la Ley 27.610. Garantizar el acceso a la información sobre el derecho y el acceso a la prestación, ampliar el acceso a la práctica en todas las regiones sanitarias y áreas departamentales, fortalecer equipos de trabajo que implementan la IVE/ILE, y prevenir y erradicar el uso excesivo e ilegítimo de la objeción de conciencia, entre otros aspectos.
En el mismo sentido, completan desde Líbera: “Son sugerencias muy apropiadas y posibles de realizar, que tiene que ver con la formación de los profesionales y con el sistema de salud, porque es una ley íntegra. Sugerimos que se debe contar con un registro adecuado para saber con qué recurso cuentan las usuarias, un sistema de georreferenciación para que sepan dónde ir, cartelería, información básica. En la mayoría de los centros de salud hay carteles de campañas de vacunación, de prevención de enfermedades, pero no hay nada relacionado con la Ley de Interrupción del Embarazo, tampoco hay canales que digan cómo hacer una denuncia administrativa, etc.”.
Entre las conclusiones, no ya del monitoreo sino desde la experiencia individual y grupal sobre la defensa de los derechos de las mujeres y personas gestantes en relación al aborto, las integrantes de Líbera enfatizan que hay un largo camino por recorrer, uno más en la historia de las mujeres y en la conquista y resguardo de sus derechos. Una senda que vienen transitando desde mucho antes de la sanción de la ley, acompañando situaciones de personas a las que se les negaba el acceso a sus derechos y desafiando, desde una perspectiva feminista, la lógica patriarcal sobre la que se construye el Derecho.
“Esta organización tiene al menos 99 años por delante, de lucha permanente”, sintetizan Morcos y Coronel entre risas como cierre de la entrevista acerca del estudio publicado.
