Un cuerpo habla, dice, transmite; suelen afirmar los forenses. A esta hora exactamente tres cuerpecitos calcinados gritan en una morgue de Mendoza, mientras otra niña en shock, con leves heridas provocadas por el fuego, no puede contar nada porque su memoria no le devuelve las imágenes de su casa en llamas. Tres cuerpecitos gritan y una sobreviviente guarda recuerdos imposibles de expulsar a viva voz. ¿Una verdad tan insoportablemente dolorosa no alcanzará para interpelarnos? Hechos, interpretaciones, silencios y construcciones de sentido a propósito de lo evitable.
Por Negro Nasif
Qué función más urgente e indispensable puede tener el periodismo que escuchar, conmoverse, e interpretar los gritos de las y los inocentes, en lugar de silenciarlos con confusión, desinformación, prejuicios, especulaciones u odio que, sin más, nubla la mirada y tergiversa los reflejos de la realidad.
¿Qué pasó? ¿Dónde, cuándo, por qué? ¿Quiénes fueron las y los protagonistas de los hechos? Siempre es honesto volver a estas preguntas básicas antes de apurar los análisis y conclusiones. También, aunque parezca una moda pasada, sigue teniendo vigencia esclarecedora fundar la narración de lo sucedido en fuentes concretas y lo más diversas posibles, y transparentar desde qué lugar se enfoca para informar.
Dudas
“Duelo departamental por la tragedia en el barrio 8 de abril”, fue el título que eligió la Municipalidad de Las Heras para comunicar que “este viernes (por el 5 de noviembre) alrededor de las 11 de la mañana, tras un grave incendio en el barrio 8 de abril, tres niños perdieron sus vidas, de 5, 7 y 10 años de edad. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Regalado Olguín y Gran Capitán en ese barrio de El Challao. Otro menor de 13 años logró salir de la casa con principio de intoxicación y quemaduras leves en los brazos y fue trasladado al hospital Carrillo. Personal de Bomberos Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras acudió inmediatamente al lugar y sus esfuerzos no pudieron evitar la tragedia ya consumada”.
Esta fue la primera información estatal que recibimos el 5 de noviembre, luego de una andanada de versiones centradas en el amarillismo del “caso policial” transmitidas por medios de comunicación y usuarios/as de redes sociales. ¿Era la verdad? ¿Se correspondía con una interpretación razonable de los hechos?
Como punto de partida, las dudas suelen conducir los pasos iniciales de este diario para aproximarnos, ya con pistas confiables, hasta la reconstrucción profesional y responsable de miradas sobre los hechos que en este caso, anticipamos, terminarán desmintiendo parte sustancial de las primeras palabras oficiales que nunca serán rectificadas.
Las fuentes que a continuación compartiremos demuestran que no es completamente cierta la información que divulgó el municipio. Por un lado, confirmamos que los bomberos acudieron al lugar sin agua en la autobomba y recién una hora más tarde un camión tanque arribó para abastecerla, mientras las y los vecinos, quienes oyeron los gritos de los niños con el avance del fuego, combatieron los momentos más críticos del incendio. Por otro lado, la propia familia devastada confirmó a EL OTRO que no recibieron asistencia de ningún organismo del Estado, pese a que el jefe comunal anunció públicamente que puso “a disposición las áreas municipales de Desarrollo Social para ayudar a los familiares en este difícil momento tras el incendio”.
Causa penal
El término “tragedia” suele invisibilizar las causas y exculpar a los responsables, y su uso pretende enfatizar la magnitud de la desgracia como lo más significativo de los sucesos. En las tragedias las responsabilidades aparecen difusas y las consecuencias inevitables o atribuidas a la mala suerte, lo fortuito, el azar, o fuerzas incontrolables para los seres humanos.
En esta línea, podemos decir que no fue tragedia lo que ocurrió el viernes último en el asentamiento 25 de marzo de Las Heras, el mal llamado Barrio 8 de abril en los comunicados oficiales repetidos por la prensa. Mucho menos fue accidente, sino una serie de incumplimientos de responsabilidades de quienes, debiendo proteger a niños y niñas, no evitaron sus muertes.
A partir de información oficial brindada por la Municipalidad y la Policía de Mendoza, la “culpa” de los familiares fue sugerida implícita o explícitamente como la principal atribución de responsabilidad difundida a caballo de un discurso hegemónico que acostumbra simplificar la complejidad de las consecuencias sociales con la lógica insuficiente de la persecución penal que, como sabemos, está impregnada de un claro carácter patriarcal y clasista.
Todas las fuentes consultadas por este medio coincidieron en sostener que los cuatros hermanos estaban solos en su vivienda al momento del siniestro, porque sus padres habían salido a trabajar. De acuerdo con el expediente 114960/21, el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien lleva adelante la investigación, podría avanzar en la imputación de la pareja por considerar que hubo abandono de personas y negligencia.
Porqués
Si únicamente nos concentramos en la pesquisa, el avance de la causa judicial comprobará si el fiscal tiene razón o no, y un tribunal evaluará si hubo conductas delictivas y agravantes o atenuantes que hayan condicionado a los imputados, entre otras consideraciones. Sin embargo, aun cuando el caso llegue a su término, habrá condenados o absueltos pero no una explicación política, social, económica y cultural de las muertes prematuras en un asentamiento de Mendoza. Solo ahondar en estas razones complejas nos permitirá alcanzar mayor claridad e identificar qué debiera hacer la sociedad y sus representantes en el Estado para evitar que injusticias de tamaña gravedad ocurran nuevamente.
Vecinas entrevistadas por EL OTRO señalaron que las llamas se habrían iniciado en un cortocircuito “de un ladrillo con resistencia”, método casero que en muchas viviendas humildes se utiliza para calentar agua, cocinar alimentos o producir calor en los momentos de bajas temperaturas. Un modo peligroso de obtener energía desde redes eléctricas usualmente clandestinas y en pésimas condiciones de seguridad que, obviamente, se utilizan cuando no es posible comprar e instalar un anafe, cocina, tetera u horno eléctrico que garanticen total ausencia de peligro.
Aunque es prematuro señalar que “el ladrillo” fue la chispa que encendió el desastre, la descripción de la precariedad de conexiones no es más que uno de los tantos porqués que sí explican las extremas características de vulnerabilidad en las que se encuentran las más de noventa familias, que desde hace 15 años viven en la miseria. Sin ese contexto perderíamos parte significativa de la comprensión de los acontecimientos.
En diálogo con este medio, Cintia Bedia, tía de las víctimas, sintetizó las condiciones inhumanas en las que se sobrevive en el asentamiento 25 de marzo: “No hay ningún servicio que se pueda decir que vale la pena. La mitad del barrio tiene agua, la otra mitad tiene que dejar un tacho para que la Municipalidad se las traiga, o si no se van hasta la calle Regalado Olguín donde otras casas tienen agua, y de ahí la traen. No hay cloacas, gas, ni luz con instalaciones como corresponde”.
En medio del inimaginable dolor, Bedia fue enfática y directa al precisar que, más allá de las deplorables condiciones sociales y económicas en que viven, su familia “no tiene ningún interés político” sino que fundamentalmente reclama “que nos entreguen los cuerpos de los niños para darles cristiana sepultura”.
“Los bomberos no tenían agua”
“Ingresa un llamado a la línea de emergencias 911 dando cuenta que en el lugar hay un incendio de un domicilio y que habría personas en su interior. Se desplaza personal policial y bomberos voluntarios de Las Heras quienes constatan la situación”, dice el comunicado de prensa de la Policía de Mendoza del viernes, en línea con la versión de la Municipalidad, replicado por la gran mayoría de los medios hegemónicos de comunicación.
Dudamos una vez más y trasladamos nuestras preguntas a cinco vecinas, los varones del asentamiento y sus cercanías se muestran completamente reacios a hablar. Les consultamos si consideraban cierta la versión que dio a conocer públicamente el comisario Raúl Arias, quien resaltó: “Cabe destacar que el cuartel de bomberos se encuentra en la entrada del barrio 8 de abril, por lo que la asistencia fue rápida”. Sin contradicciones, todas las mujeres desmintieron al funcionario y explicaron las razones por las cuáles “la gente salió a la calle a protestar”.
“Los bomberos no tenían agua”, coincidieron las entrevistadas durante el piquete que el viernes por la noche cortó el tránsito de la calle Regalado Olguín, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, a escasos metros de la vivienda destruida. Afirmación que Cintia Bedia confirmó con precisiones este domingo en diálogo con nuestro medio. “Cuando llegaron los bomberos no tenían agua, tuvieron que esperar una hora para que viniera un camión de la Municipalidad de Las Heras y cargara con agua la autobomba. A esa altura los propios vecinos ya habían apagado el fuego y lo único que llegaron a hacer los bomberos fue terminar de apagar las llamitas y cenizas que quedaban”.
Como ya es costumbre, ningún periodista de los medios llamados “grandes” fue enviado a cubrir la protesta en la que ciudadanas lasherinas denunciaron que el Estado no aseguró los recursos para apagar el incendio; que fue la comunidad desesperada la que terminó con las llamas, mientras oían los gritos de los pibes desde el interior de la precaria vivienda; y que, cuando llegaron los móviles de la Policía de Mendoza, los agentes comenzaron a evitar violentamente que las y los vecinos se acercaran al lugar del siniestro para arrojar agua o tratar de rescatar a las víctimas.
Sin crónicas en el lugar de las protestas, desde los escritorios de los medios de mayor difusión se silenciaron las voces críticas y priorizaron informaciones distribuidas por la Municipalidad de Las Heras y la Policía de Mendoza. Ambas versiones resaltaron la supuesta velocidad y eficiencia del cuartel central de Bomberos y de los Voluntarios de ese departamento, “cuyos esfuerzos no pudieron evitar la tragedia ya consumada”. Relato incompleto e inexacto, totalmente desmentido por testigos presenciales de los hechos, entre ellas mujeres que narraron lo sucedido en una trasmisión en vivo desde las redes sociales de EL OTRO que se puede ver y oír aquí.
¿Dónde está el Estado?
“Si el camión de Bomberos hubiese tenido agua se habría evitado que la casa siguiera quemándose, y podrían haber salvado a los niños”, afirma categórica Cintia Bedia, en línea con la opinión mayoritaria de las pobladoras del lugar.
Aunque es apresurado ser concluyente en esa hipótesis, sí es posible ampliar y profundizar el análisis acerca de la concurrencia de distintas causalidades que desembocaron en el horror, sin negar, claro está, el desamparo de los niños y la falta recursos que debe garantizar el Estado para prevenir y extinguir incendios en barriadas excluidas donde prevalece la indigencia, y el gobierno aparece casi exclusivamente en la figura de fuerzas de seguridad o ambulancias de emergencias, y no como garante permanente de inclusión y concreción de derechos humanos elementales.
Rápidamente, el intendente Daniel Orozco expresó su consternación y dolor, prometió asistencia a las víctimas y decretó tres días de duelo departamental. Formalidad que imitó el Gobierno de Mendoza al anunciar la suspensión de actividades previstas para el fin de semana, por los festejos de los 125 años del Parque General San Martín. Actos a los que asistiría el gobernador Rodolfo Suarez.
Las expresiones de tristeza, bronca y condolencias de los funcionarios se multiplicaron en las redes sociales. Lamentablemente, también circuló con fuerza el repetido discurso de odio clasista e ignorancia malintencionada que pretende cargar todas las tintas en supuestas campañas políticas contra un gobierno blindado por la prensa pautada, y las responsabilidades de familiares de las víctimas, obviando por completo que, debido a las deplorables condiciones de vida de miles de mendocinos y mendocinas, este tipo de fallecimientos seguirán ocurriendo. La pobreza es un crimen, ¿o queda alguna duda?
Además, la Municipalidad de Las Heras incumplió su anunció y limitó la promesa de “ayudar a la familia” a los gastos de inhumación de las criaturas. “Con nosotros no habló el intendente ni ningún político”, aseguraron desde la familia Bedia. “Si bien hoy por hoy no estamos pidiendo más que recuperar los cuerpos de mis sobrinos, nunca se hizo presente nadie a ofrecernos ninguna ayuda, lo único que nos han comentado, por intermedio de una chica que nos está ayudando, es que la Municipalidad de Las Heras se ofreció a donar el servicio de sepelio, tierra y los cajoncitos para los niños. Es lo único que tenemos asegurado”, aclaró la tía de los fallecidos quien confirmó que su sobrina de 13 años, quien pudo salir del humo y fuego que comenzaba a copar la casa, se encuentra en un domicilio, físicamente bien, aunque psicológicamente en shock por las obvias consecuencias de la conmoción sufrida.
“En Mendoza hay mucha gente pobre viviendo en asentamientos y villas, y muchos son acusados de estar con planes sociales y que por eso no van a trabajar. Hay mucha gente que recibe planes, mucha otra gente que no, y tienen que salir a trabajar, porque si no los hijos se mueren de hambre. Tienen que dejar a los niños solos porque no pueden pagarle a alguien para que los cuide y no hay ninguna guardería ni lugar de contención cerca. De los tres niños que murieron dos iban a la escuela a la tarde y estaban esperando que su madre volviera, después de las dos horas que duraría su trabajo. Lo que les pasó a mis sobrinos le puede pasar hoy mismo a cualquier familia”, concluyó Cintia Bedia, luego de señalar que “siempre les echan la culpa a los padres” y que en este caso “el fiscal Juan Manuel Sánchez solo quiere que termine el velorio para meter presa a mi hermana”.
Es imposible borrar las palabras de las niñas y niños que en la noche del piquete del viernes, entre el calor y el humo de las cubiertas ardiendo sobre el asfalto, nos contaron quiénes eran sus amigos. Una niña y dos pibes que no superaron los diez años de vida en un asentamiento que -no es mera casualidad- está muy cerca de la casa de Abigail Carniel, la joven de 18 años desaparecida hace siete meses en Las Heras, sin que los poderes del Estado den a la fecha una sola respuesta acerca de su paradero.
Seguirán gritando Morena, Nicolás y Brian, hasta que las atronadoras voces de sus cuerpecitos inocentes no paren de retumbar en las cabezas de las y los responsables.
Quienes deban oír que oigan. Que nadie mire para el costado. A nadie se le puede exigir aguantar lo inaguantable. En los barrios excluidos se palpa la temperatura social de una olla a presión.
