En Mendoza la situación de les pibes duele, están invisibilizadxs por una gran estructura institucional que “hace como si” les importara, como si estuvieran en la agenda. Proponemos poner sobre la mesa algunas situaciones en las que alguien tiene que poder pensar.
OPINIÓN | Mesa Coordinadora Colectivo Pibxs del Pueblo
Fotos: Archivo EL OTRO
En nuestro país pasan cosas con les pibes y tenemos -parece- una maquinita de naturalizarlas. Vamos a tratar de movernos un poquito de ahí e invitarles a pensar lo que sucede en Mendoza.
Murió una piba de hambre en la ciudad más rica del país, pero aquí estamos, todo sigue girando. En Mendoza se escaparon siete pibxs de un hogar de la DGP (Dirección General de Protección), y no se supo de los paraderos hasta un par de meses después. Tierra en la que matan a una piba por negligencia en la intervención del Estado y el mismo Estado tiene la caradurez de responsabilizar a la familia y a la piba.
En Mendoza les pibes que pasan por situaciones de maltrato o abusos son ampliamente revictimizades por el sistema de protección de derechos, que no es más que un sistema de control social.
¿En algún momento la realidad de les pibes que transitan situaciones de vulnerabilidad entrara en la agenda política? ¿Cuánto más se puede naturalizar?
Algunas organizaciones que promovemos derechos de niñeces, adolescencias y juventudes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de les pibes en la provincia de Mendoza. Entendemos que son múltiples las situaciones de maltrato, abandono y atropello que transitan a diario les pibes y sus familias, por acción u omisión del Estado provincial.
Creemos importante denunciar la situación de los hogares dependientes de la DGP (ex Dinaf) en la cual no cesan los malos tratos por parte de cuidadoras, destacando la situación que toma relevancia pública en el mes de marzo de este 2022 en Guaymallén. Podemos mencionar las irregularidades en cuanto al caso de un incendio ocurrido en un hogar de Luján de Cuyo en junio de este año, situación resuelta a través de un subsidio de 16 millones de pesos. Son moneda corriente les niñes y adolescentes que se fugan de los hogares, ya que las personas que les abordan y acompañan no poseen formación ni capacidades para contenerles. Podemos mencionar situaciones en las que en un mismo hogar confluyen adolescentes de gran franja etaria, generándose condiciones de maltratos de les más grandes a les más chicxs, que tampoco son debidamente abordadas ni contenidas.
Hablamos de “Microhogares” con más de 27 niñes, por lo que se reproduce la lógica del patronato a escala. ¿Cuánto tiempo podemos tener en boca de todes “los hogares son un desastre” y no hacer nada?
El tema ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) y Sistema de Protección de Derechos sigue siendo un ámbito que nos preocupa y ocupa. Reconocemos en la aplicación de la Ley Provincial 9.139 múltiples realidades en la que se burocratiza la intervención y se atropellan los derechos de las familias. Un ejemplo que no podemos dejar de mencionar, es que actualmente ante una situación de un niñe o adolescente que sufrió maltrato o abuso sexual, y requiere de una revisación médica, pasa por el Hospital Notti y/o Carrillo luego de esperar 4 horas promedio para una revisación “exprés“, y debe ser trasladado al Hospital Sícoli de Lavalle “porque los otros hospitales se encuentran saturados de demanda”.
Hablamos de una situación de maltrato institucional y revictimización muy grave. Nos preguntamos, si esto sucede todos los años: ¿no se podía prever? ¿Este Estado protege, maltrata o simplemente no les importa?
Podemos hablar también del desfinanciamiento y desmantelamiento de los SEOS (Servicio Educativo de Origen Social), que han sido siempre una herramienta fundamental para -sobre todo- las madres de los barrios populares o zonas rurales, quienes haciendo uso de esta herramienta pueden salir a trabajar sin desproteger a sus niñes. Luego claramente se viene la intervención institucional juzgadora, cuando esxs pibxs quedan solxs porque lxs adultxs tienen que laburar para poder comer.
Creemos importante contarles que existe una Subsecretaría de Desarrollo Social. Les avisamos porque por ahí da la sensación de que no existe. Resulta que el subsecretario a cargo es el presidente del Consejo de Niñez y Adolescencia. Sí, también existe un “Consejo” que debe pensar y proponer política pública en infancias y juventudes, pero no. Debe ser un ámbito de convocatoria a organizaciones sindicales, sociales y colegios profesionales, pero no. Más allá de la cuestión infancias, ¿qué hace Desarrollo Social? Una pregunta que dejamos abierta.
Existe el CAME (Centro de Adolescentes con Medidas de Excepción), dependiente de la DGP y Cuidados Alternativos, en el cual trabajan operadores del ex COSE, con lógicas de intervención carcelaria. Aplicando, al parecer, “de hecho” la baja de punibilidad, pero muy bien camuflada. Pibes pobres y en conflicto con la ley penal. Para ellxs es un montón.
En el ámbito de la educación una práctica cotidiana es la de denunciar a familias por violación del Código Contravencional, por deserción escolar como respuesta institucional. ¿Es ese el camino? Señalar y estigmatizar escondiendo debajo de la alfombra las condiciones que generan esas inasistencias.
Podemos hablar también de les pibes sentados en un tacho y de las NO raciones de meriendas en las escuelas. Les pibes con hambre que van por los pasillos persiguiendo a las directivas, para lograr un cuponcito y poder comer. Ya que hay escuelas en barrios populares, con una matrícula de 300 alumnes, que sólo reciben 40 raciones.
Además, los espacios de cuidado de salud mental son absolutamente insuficientes, en varios municipios del gran Mendoza. ¿Y la Educación Sexual Integral? Bien, gracias.
Funcionarios que no funcionan y las defensorías que no defienden
Urge que exista un organismo de contralor que supervise la intervención de los estados municipales y provincial. Esta necesidad no es nueva, es probablemente una de las principales consignas y razón de ser de nuestro colectivo.
Aunque parece que en nuestra provincia la gestión Cornejo-Suarez no es muy amiga de que alguien los “controle”, por más que hablemos de una consigna destacada en la Ley Nacional 26.061, que da gran preponderancia a la necesidad de crear esa figura.
A fines de 2018 la Legislatura Provincial sancionó la Ley 9.139. Fue entonces que les adalides de la garantía de derechos del oficialismo provincial tuvieron la deferencia de decir, en el artículo 52, algo así como “en una de esas, vamos a ver si nos dan ganas de convocar a la Bicameral de Niñez, para ver si nos da ganas de pensar en tener una Defensoría provincial”. Y así estamos.
Varias organizaciones populares que trabajamos con pibes pusimos muchas esperanzas a la figura de la defensora nacional, acompañamos y celebramos la misma. Pero aparece la lógica porteño-céntrica, y quienes desconocen lo que sucede en las provincias vienen con una fórmula tibia y ausente que, sinceramente, no nos sirve.
La Mendoza de la Corte presidida por un amigo del exgobernador, quien maneja el Legislativo y el Ejecutivo como desea, pide a gritos alguna protección, algún contralor, alguna repregunta. Eso que vivimos a diario quienes nos proponemos acompañar a les pibes y sus familias mientras la estructura los tira al costado.
Realmente no sirve que la defensora haga sólo el caminito institucional, que mande a su gente a cafetear con algunos legisladores y autoridades a cargo de la protección de derechos de les pibes en la provincia. Venir y llevarse esas versiones muy lejanas de la realidad cotidiana de los barrios.
Creemos importante comenzar por acá. Por decir, por tratar de poner sobre la mesa lo que nos convoca en la diaria en los barrios. Invitamos a les legisladores de la oposición a pararse más allá de “solicitar la renuncia” de tal o cual. Hay que articular y exigir la protección de les pibes.
Seguimos creyendo necesario y fundamental contar con una Defensoría de les pibes, local y autónoma de los gobiernos. En una de esas, esta es la punta del ovillo. Les pibes lo necesitan.
