“¡El agua de Mendoza no se negocia!”, volvió a ser un grito común en las calles de la Ciudad de Mendoza. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional una expresión del artículo 1 de la Ley 7722, diversas organizaciones socioambientales y políticas encabezaron una nueva movilización popular en defensa de la Ley Guardiana del Agua. “Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata”, denunciaron las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Texto completo del documento que la AMPAP leyó al finalizar la contundente marcha de este miércoles. Las posturas de los principales candidatos al Congreso de la Nación.
Fotos: Seba Heras y Cristian Martínez
La megaminería no tiene licencia social
Documento de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) expresamos nuestro rechazo a parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre nuestra Ley 7722 Guardiana del Agua, elemento clave de la resistencia de nuestro pueblo contra la instalación de la megaminería en nuestros territorios. Nos declaramos en estado de alerta y movilización y convocamos a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua.
El reciente fallo de la Corte nacional declara constitucional la mayor parte de nuestra ley 7722. Sin embargo, alentando a los capitales mineros, declaró inconstitucional una expresión del artículo 1, que prohíbe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Aunque cianuro, ácido sulfúrico y mercurio siguen prohibidos en minería metalífera, este fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como xantato, poliacrilamida y otras.
La derrota jurídica que sufrió el lobby minero en 2015, producto de la movilización popular que logró sostener ante la Justicia mendocina la constitucionalidad de la ley 7722, fue compensada con la decisión política de la Corte nacional de favorecer parte del reclamo de Minera San Jorge. Y esto en un contexto político donde tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández como el provincial de Rodolfo Suárez pretenden impulsar la megaminería y el fracking en Mendoza. Las asambleas no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y la UCR acordaron derogar la ley 7722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.
Este guiño judicial al poder político y económico nos obliga a informar el riesgo al cual quedamos expuestos. La principal beneficiaria inmediata del fallo es Minera San Jorge, pues le facilita reimpulsar su proyecto en el valle de Uspallata, con una técnica similar a la de Minera Alumbrera en Catamarca. Si diera lugar a esa pretensión, el gobierno provincial será responsable de la conflictividad social en torno a un proyecto que desde sus inicios no tuvo licencia social. Mientras la clase política apoya el proyecto San Jorge, se niega desde hace dos décadas a crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes.
Los medios de desinformación, principales aliados de las empresas y del gobernador, celebraron el fallo judicial con el objetivo de confundir a nuestro pueblo. Pretenden deslegitimar nuestra ley 7722 y cuestionar su apoyo social, para instalar la mentira de que la megaminería solucionaría los problemas económicos que atraviesa Mendoza. Las asambleas repudiamos esos intentos de desorientar a la ciudadanía comprometida con la defensa del agua. Instamos al amplio movimiento socioambiental y organizaciones de todo tipo a expresarse en calles, plazas, medios y redes, retomando la experiencia histórica que como pueblo nos permitió recuperar la ley 7722 en diciembre de 2019. Nuestra fortaleza está en la unidad y en la conciencia del pueblo que defiende el agua de Mendoza. Desde AMPAP exigimos que la Legislatura trate y apruebe con urgencia el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas, y que la dirigencia política acepte que la megaminería no tiene ni tendrá jamás Licencia Social en Mendoza.
EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA
Textuales de candidatos
Tras conocerse el fallo de la Corte, referentes de las principales fuerzas partidarias manifestaron sus posiciones.
Alfredo Cornejo, candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio hizo silencio.
El pueblo de Mendoza ya determinó que la 7722 es nuestro estándar ambiental y es la ley que regula la actividad en la provincia. Y en esa línea estamos nosotros. Anabel Fernández Sagasti, candidata a senadora nacional por el Frente de Todos.
Tenemos que estar los mendocinos en estado permanente de alerta y movilización. Nuevamente el agua de Mendoza está en peligro. Marcelo Romano, candidato a senador nacional por el Partido Verde.
El fallo de la Corte a favor de la megaminería contaminante acompaña la ofensiva del Gobierno Nacional y la derecha contra las leyes que protegen el agua y el ambiente. La lucha del pueblo en las calles es la única que puede defender el agua. Lautaro Jiménez, candidato a senador nacional del Frente de Izquierda.
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