La motosierra mendocina corta por lo más fino. Mientras el gobierno gastó en 2023 más de 6.800 millones de pesos en hijos de pauta privada, avanza en la venta o cierre del único canal público. La excusa: Acequia sería un negocio deficitario.
Por Negro Nasif
Con el discurso de la destrucción del Estado como viento de cola libertario, el Gobierno de Mendoza impulsa en la Legislatura “la enajenación de los activos del canal Acequia”.
El proyecto de ley fue presentado la semana pasada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien argumentó: “Hoy el costo mensual de mantener Acequia TV es de 30 millones de pesos. Pondremos a consideración de los privados, si los hay, que puedan adquirir las instalaciones, equipamiento y personal por un total de 30 empleados. No es prioridad para el Gobierno tener un canal propio, como si lo fue en 2012”.
Por un lado, el funcionario provincial equiparó un servicio público esencial, como es la comunicación e información públicas que debe garantizar el Estado, con lógicas mercantiles propias del mercado y, por el otro, utilizó la excusa del supuesto déficit del canal de TV estatal para justificar su liquidación.
Mal que le pese a la lógica libertaria dominante, según la cual las leyes del mercado deben imponerse sobre las del Estado, el tercer artículo de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual -aún vigente- promueve el libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura en todo el territorio federal.
Bajo esta política de Estado, el Gobierno de Mendoza creó en 2013 el canal público Acequia TV, que fue inaugurado en marzo de 2014 en el Espacio Cultural Julio Le Parc y, en muy poco tiempo, produjo programas de excelente calidad que fueron premiados por diferentes instituciones del país.
Es decir que Acequia jamás tuvo por objeto el lucro económico ni la competencia con empresas privadas de comunicación, sino la pretensión de contribuir a “la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población”, tal como todavía establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La cultura deficitaria
En 2014, el estudio central de Acequia fue bautizado con el nombre de Quino.
Resulta contradictorio con las instituciones democrática que el actual gobierno provincial utilice el criterio del supuesto déficit como argumento para vender o cerrar un organismo que no fue concebido como negocio, sino como parte esencial de una política comunicacional y cultural. ¿Acaso con la misma lógica deberían cerrarse escuelas u hospitales porque no generan ganancias?
Incluso más contradictoria es la propuesta del Ejecutivo si se compara el gasto público en publicidad y propaganda con el presupuesto de Acequia. Tal como demostró una reciente investigación de EL OTRO, el Gobierno de Mendoza gastó, durante 2023, más de 6.800 millones de pesos en empresas privadas, mientras que, en el mismo período, invirtió solo 151 millones de pesos en el canal público. (ver presupuesto aquí)
“No hace falta gastar impuestos para tener un canal, no tiene sentido”, afirmó la semana pasada el ministro Fayad, refiriéndose a los $338 millones que este año invertirá en Acequia. Lo que no explicó el funcionario es cuánto ya gastó -y gastará- para el sostenimiento del blindaje mediático vía hijos de pauta.
Desde su primer año de gobierno, Alfredo Cornejo no solo benefició obscenamente a empresas amigas con cuantiosos y turbios fondos estatales, en detrimento de Acequia, sino que además implementó un progresivo vaciamiento del canal, reduciendo drásticamente su planta de trabajadores de alta calificación profesional, y ahorcando financieramente al organismo que paulatinamente vio dificultada, cuando no imposibilitada, su capacidad de producción audiovisual.
