EXCLUSIVO | Si tal como delira el presidente Javier Milei, “el Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos”, el crimen organizado local se parecería bastante a una asociación ilícita de funcionarios que incumplen sus obligaciones en perjuicio de las y los mendocinos. EL OTRO accedió a nuevas bases de datos oficiales en las que constan más de 40 mil irregularidades en la emisión de boletas de impuesto inmobiliario.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
En los últimos años EL OTRO ha indagado sobre diversos niveles de falta de transparencia, inoperancia, desidia y corrupción en la Administración Tributaria Mendoza (ATM), lo que daña severamente la recaudación impositiva y, en consecuencia, los servicios públicos que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos.
En setiembre de 2022 este diario demostró cómo el pésimo desarrollo de un software, durante la anterior gestión de Alfredo Cornejo, provocó pérdidas millonarias para el fisco. Gracias a “errores de sistema”, por ejemplo, más de cien propietarios del barrio privado Dalvian no fueron obligados a pagar impuesto inmobiliario en 2020 y 2021. Una omisión de boletas que entonces representó más de 11 millones de pesos.
En noviembre de aquel año una nueva investigación de EL OTRO comprobó, con documentación oficial del Tribunal de Cuentas, un agujero negro tributario de más de 25 mil millones de pesos, correspondientes a deficiencias de registración y control de cuentas por cobrar. A lo que se sumó más de $190 millones de deudas por regalías. Todo ello debido a inacciones, demoras y falta de control en millonarios procesos judiciales de cobranzas.
En julio del año pasado, este medio develó cómo la directora de Catastro de Mendoza, Laura Jimena Luzuriaga, recibió un escandaloso beneficio tributario, gracias a una inexplicable subvaloración catastral, que redujo 17 veces la carga impositiva en su propiedad de un barrio privado. Y un mes más tarde EL OTRO exhibió las pruebas del pago de 34 millones de pesos en publicidad, de manos del responsable de la ATM, Alejandro Donati, a las cuentas bancarias de medios hegemónicos de comunicación que blindan mediáticamente al gobierno provincial.
Recientemente este medio develó que, mientras la recaudación de impuestos cae estrepitosamente, el Gobierno de Mendoza no emitió las boletas de Inmobiliario de más de 25 mil parcelas, entre ellas propiedades de importantes empresas que todavía no fueron obligadas a tributar y, en el otro extremo, alrededor de 50 mil contribuyentes de sectores populares recibieron el impuesto con aumentos de 800 a 1.000% interanuales.
La enumeración de estos graves casos, como muestras ejemplificadoras, no hace más que evidenciar sistematicidad en las prácticas turbias en el organismo recaudador mendocino, que tienen claros responsables que han dejado sus dedos marcados en los procesos administrativos: el administrador general de ATM Alejandro Donati, la directora de Catastro, Laura Jimena Luzuriaga; el director general de Rentas, Nicolás Martín Chaves; la subdirectora de Gestión Interna, Gladys Pérez Rey; y la responsable del área de Tecnologías de la Información, Graciela Lastra.
En las últimas semanas EL OTRO accedió a nuevas bases de datos oficiales, proporcionadas por fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza, en las que constan más de 40 mil irregularidades en la emisión de las boletas del impuesto inmobiliario.
Para entender la magnitud del daño es necesaria una breve explicación sobre aspectos esenciales de la liquidación de impuestos. En este sentido, resulta fundamental considerar el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación como bases de legitimidad y equidad en la asignación de tributos.
Es así que las leyes impositivas sancionadas año tras año en Mendoza deben garantizar, para el caso del Inmobiliario, que dos propietarios con inmuebles de iguales o similares características paguen igual o similar monto. Para asegurar este criterio es imprescindible un riguroso cálculo del avalúo fiscal que, según la definición legal, “es la resultante del valor del terreno y de las mejoras”.
La ATM es la encargada de determinar los avalúos fiscales de las parcelas, de acuerdo a la operatoria establecida por actual Ley Impositiva 9.496. Sin embargo, de las bases de datos del organismo recaudador surge con absoluta claridad que la violación del derecho de igualdad ante la ley es como una especie de virus que infecta, a través de su deficiente software, todo el sistema tributario local.
Si se toman un par de ejemplos representativos, de los miles existentes, se comprenderá mejor la completa inseguridad jurídica. La primera boleta (ver arriba) corresponde a una propiedad de San Rafael con avalúo fiscal de $14.991.129 y un cálculo de impuesto inmobiliario anual de $87.269. La segunda (ver abajo) es una parcela de Luján de Cuyo, con un avalúo casi idéntico al anterior, $14.899.049, pero con una notable e inexplicable diferencia en el inmobiliario anual: $226.565. Monto que incluye un estrafalario ajuste según S.M.V.M (Salario Mínimo Vital y Móvil). Zafarrancho de tal dimensión que no resistiría el análisis de un estudiante básico de Derecho Tributario.
A esta flagrante desigualdad se suman cuantiosos casos de liquidaciones incorrectas que afectan dramáticamente las arcas públicas, en una envergadura que, aunque resulta difícil de precisar a primera vista, debe ser explicada por los funcionarios responsables.
EL OTRO analizó una amplia muestra de malas liquidaciones. La siguiente tabla demuestra, como en solo seis casos se registra una pérdida para el erario público de más de 1,7 millones, que faltan en escuelas, en hospitales, en hogares de ancianos, en comedores de barrios vulnerados.
Más allá de los delirios libertarios tan en boga, fijar y cobrar impuestos en condiciones de equidad no es un crimen. Incumplir deberes de funcionario público en perjuicio del Estado, obviamente sí.
