EXCLUSIVO | Mientras la recaudación de impuestos cae estrepitosamente, el Gobierno de Mendoza no emite las boletas de Inmobiliario de más de 25 mil parcelas, entre ellas propiedades de importantes empresas que todavía no fueron obligadas a tributar. En el otro extremo, alrededor de 50 mil propietarios de sectores populares recibieron el impuesto con aumentos de 800 a 1000% interanuales.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
Hace dos semanas el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, reconoció que la Provincia perdió 10% de recursos en enero y que la preocupación aumenta por la motosierra y la licuadora del gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con los datos proporcionados por Fayad a diario Los Andes, las arcas provinciales recibieron cerca de $19.000 millones menos durante el mes pasado, un monto equivalente “al pago de un tercio de una masa salarial a la Administración Pública de Mendoza, es decir, el pago de salarios de trabajadores públicos, docentes, médicos, policías y enfermeros, entre otros”.
La caída se explica, por un lado, por la baja de la coparticipación federal: $12.022 millones menos respecto al mes anterior. Y, por el otro, debido a la disminución de tributos provinciales: una merma de $6.969 millones.
Ingresos Brutos es el impuesto que más cayó en términos absolutos, seguido por Sellos. Sin embargo, respecto a los tributos patrimoniales aún no se tiene una evaluación completa, debido a que Automotor vence recién a fines de marzo e Inmobiliario en los próximos días.
Otro agujero negro
A esta altura de la estanflación que azota al país, está bastante claro que la retracción drástica de la recaudación va al compás de la poda fiscal y del derrumbe de la actividad económica y el consumo interno. Sin embargo, a este río revuelto se suman la ineficiencia y la negligencia de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), bajo el (des)control del ministro Fayad.
Una investigación de EL OTRO de noviembre de 2022 develó la existencia de un agujero negro de $25.000 millones en la ATM correspondientes a deficiencias de registración y control de cuentas por cobrar, acreditadas por el Tribunal de Cuentas.
En los últimos días, este diario accedió a información oficial que demuestra nuevamente la desaparición de más de 25 mil parcelas de los registros inmobiliarios vigentes, lo que provoca una incalculable mora y eventual pérdida de ingresos de las arcas públicas.
A la fecha, y con el inminente vencimiento del tributo, estos inmuebles carecen de la liquidación del impuesto correspondiente a 2024 y, en consecuencia, de la emisión de las boletas de pago, debido a un combo de fallas estructurales de los sistemas de información tributaria y el desorden operativo ocasionado por la impericia de las autoridades de ATM.
Luego de un extenso y minucioso análisis de las bases de datos del Ministerio de Hacienda, EL OTRO sistematizó distintas muestras que grafican las características del desastre tributario. Entre ellas, un grupo de diez grandes contribuyentes que representa más de $224 millones no facturados y, por lo tanto, no exigibles por la inexplicable omisión masiva de ATM (ver cuadro arriba).
La lista de esta suerte de eximición de hecho incluye miles de casos azarosos, si se confía en la dudosa buena fe del organismo recaudador, o tal vez intencionales, si válidamente se sospecha de una torpe mano invisible con probados antecedentes de distorsión de información catastral (leer aquí). En cualquiera de los supuestos, es el Estado el que debe explicar este nuevo agujero negro que ocasiona una pérdida sistemática de recursos para educación, salud, seguridad y demás servicios públicos esenciales.
Apretando al más débil
Las boletas perdidas en los misteriosos huecos tributarios contrastan drásticamente con las exigencias impositivas que recaen sobre los sectores populares que, a raíz de una reforma legislativa, fueron castigados sin más.
En 2023, alrededor de 50 mil lotes no pagaban el denominado “adicional al baldío”. Esta exención significaba un beneficio para familias de bajos recursos económicos de toda la provincia que, lejos de poseer propiedades no edificadas con intereses especulativos, vivían en condiciones precarias. La ley impositiva 9.432 establecía esta excepción sobre los terrenos cuyo valor unitario de la tierra, determinado en la Ley de Avalúo, fuera inferior a $412 el m2.
Pero la tortilla giró. Las nuevas leyes de avalúo e impositiva de 2024, aprobadas por el oficialismo y rechazadas en el Senado por La Unión Mendocina y el Partido Justicialista, eliminaron este beneficio. Lo que, en definitiva, ocasionó un dramático aumento del impuesto inmobiliario sobre los lotes de los más pobres.
A modo de ejemplo, el titular del inmueble bajo la nomenclatura catastral N° 030402000100000500003 que pagaba $1.589 en 2023 (sin el adicional al baldío), ahora deberá cancelar $13.559. Otras situaciones son incluso más graves, como es el caso de la parcela N° 050506004700001400009, que ascendió en su impuesto inmobiliario desde $1.488 a $15.720. O sea, más de 1000% de aumento de un año para el otro.
