Queda menos de dos meses para que el Estado Nacional resuelva la ocupación de más 12 mil hectáreas que el exgobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, cedió de forma ilegal y gratuita a la sociedad anónima El Azufre. El presidente Javier Milei podrá transferir glaciares malargüinos a manos de los ocupas vip. De la ilusoria propuesta de la privatización del mar a la cruda realidad de la venta de nuestras montañas.
Por Negro Nasif
En una entrevista periodística de octubre del año pasado, el entonces candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, propuso la lectura de estudios académicos sobre la privatización del mar, aunque reconoció que “estamos a años luz de eso”. En cambio todo parece indicar que, al calor de las ideas del liberalismo, nos encontramos muy cerca de la privatización de glaciares y humedales de nuestra cordillera mendocina.
Mediante un acuerdo extrajudicial celebrado en agosto del año pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la sociedad anónima El Azufre establecieron las condiciones de la ocupación que la empresa sostiene en más de 12 mil hectáreas de Malargüe, que le fueran cedidas en forma ilegal y gratuita por el Gobierno de Mendoza.
En principio, aquel convenio (ver arriba) estableció que en marzo de 2024 El Azufre debía desalojar el inmueble propiedad del Estado Nacional, aunque se dejó la puerta abierta para la compraventa de esta valiosa extensión altoandina.
“La AABE reconoce la ocupación del inmueble por parte de la empresa, y permite y autoriza a continuar con el uso, goce, ocupación y explotación del inmueble hasta el día 31 de marzo de 2024, fecha en la cual la empresa se obliga a su desocupación y entrega formal, en los términos aquí pactados”, reza el acuerdo que puso en suspenso el juicio de desalojo que la misma ABBE inició en 2022 ante la Justicia Federal.
Si embargo, el mismo convenio estableció que, en el supuesto de que no se ejecute la desocupación, el plazo del 31 de marzo podría ser prorrogado “para el caso de que continúe en trámite la solicitud de compra del inmueble efectuada por la empresa”.
En consecuencia, lo que representaba un riesgo de venta de glaciares cordilleranos hoy, en el contexto de un nuevo Gobierno Nacional que enérgicamente promueve la enajenación del patrimonio estatal, significa la posibilidad cierta y concreta de la transferencia de este territorio a manos de quienes se instalaron allí, violando la legislación nacional, bajo el amparo del exgobernador Rodolfo Suarez, quien irresponsablemente entregó esa fracción de la cordillera malargüina sin que la Provincia de Mendoza recibiera un solo peso como contraprestación.
De remate
De acuerdo con el expediente 245144072/2022, se encuentra en trámite una solicitud de compra de inmueble, promovida por El Azufre S.A. ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Si bien la pieza administrativa fue iniciada el 6 de mayo de 2022, el curso del expediente se detuvo el 23 de noviembre de 2023, sin más novedades desde entonces.
Al mes siguiente, con el cambio de gobierno, el presidente Javier Milei designó como titular de la AABE al militante del Pro Nicolás Pakgojz, exfuncionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, según distintas fuentes periodísticas, hombre de estrecha confianza de Eduardo Elsztain, poderoso empresario inmobiliario, uno de los principales aportantes de la Libertad Avanza y dueño del Hotel Libertador, donde Milei vivió durante casi tres meses.
Un informe de la periodista Camila Dolabjian, publicado en el diario La Nación el pasado 22 de enero, advirtió: “El equipo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo recientemente de Nicolás Pakgojz, dependiente directamente de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, realiza actualmente una evaluación de todos los bienes inmuebles y muebles en manos del Estado para detectar oportunidades de venta, concesión a privados y puesta en valor. La idea inicial es detectar edificios y terrenos prescindibles para subastarlos”.
Entre las “oportunidades de venta” se encuentran las 12 mil hectáreas públicas ocupadas por El Azufre que, de no mediar oposiciones sociales, políticas o judiciales, quedarán a merced del avance privatizador.
