EXCLUSIVO | El Gobierno de Mendoza gastó más de $6.800 millones de pesos en publicidad y propaganda durante el año electoral 2023. Solo los grupos Terranova, Alonso y Vila-Manzano facturaron más de $4,8 millones por día. Entre los principales hijos de pauta se encuentran dos empresas fantasmas.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
El último año de gobierno de Rodolfo Suarez cerró con una cifra récord de gasto público en concepto de pauta publicitaria provincial: $ 6.826.542.451. Es decir, un promedio de $18,7 millones por día calendario lo que, traducido a carga tributaria, representa un impuesto de $3.400 que pagó cada uno de los habitantes de Mendoza, sin discriminar su edad.
El obsceno monto destinado al blindaje mediático del oficialismo -durante un año electoral- registró un aumento de más de 275% respecto a 2022, cuando el Ejecutivo desembolsó $2.502.158.491 de las arcas públicas hacia los bolsillos de las empresas privadas de comunicación alineadas con Cambia Mendoza. Este porcentaje superlativo de incremento en pauta estuvo muy por encima, incluso, de la inflación de 2023 que, según el propio gobierno provincial, fue de 216,5%.
Estos datos de la pauta surgen del último informe cuatrimestral sobre “Publicidad y Propaganda”, remitido recientemente por la Contaduría General de la Provincia a la Cámara de Diputados, el cual incluye las erogaciones presupuestaria de la Administración Central y, por lo tanto, no contempla las cajas negras de organismos descentralizados (OSEP, ATM, Juegos y Casinos, IPV, Vialidad, Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, Fondo para la Transformación y Crecimiento); organismos autárquicos (Irrigación, Asesoría de Gobierno, Defensoría de las Personas con Discapacidad); entes reguladores (EPRE, EPAS); entre otras dependencias del Estado dominadas por el cornejismo.
La parte del león
Desde el momento mismo en que Alfredo Cornejo tomó la decisión de avanzar en su carrera hacia su primera gobernación de Mendoza, Pablo Sarale fue una pieza imprescindible de la aceitada estrategia comunicacional que hoy blinda al principal líder político de Mendoza bajo un eficiente y muy costoso relato solventado con fondos públicos.
La información oficial confirma al menos dos cosas: por un lado, que el gobierno provincial contó nuevamente con partidas multimillonarias de uso arbitrario y, por el otro, que la gestión Suarez decidió privilegiar la construcción de su discurso mediático, en alianza con empresarios privados, en lugar de dar prioridad a la educación, la salud, la seguridad y otros servicios imprescindibles que debe garantizar el Estado al conjunto de la sociedad.
A modo de ejemplo, puede señalarse que el mismo gobierno podría haber construido 12 escuelas con los $6.800 millones de los hijos de pauta, o bien cabe comparar que con esa fortuna se podrían pagar hoy 30 mil sueldos iniciales de maestras de grado.
Sin embargo, los datos duros demuestran que solo 10 empresas acapararon, sin licitación pública ni concurso de precios, más de la mitad de la torta de la pauta, y que apenas tres corporaciones (grupos Terranova, Alonso y Vila-Manzano) facturaron un promedio de $4,8 millones por día calendario.
Lo que aún no se puede demostrar con la información disponible es la razón social de dos empresas que durante el año pasado cobraron casi $600 millones. Se trata de firmas identificadas con los números de proveedores 232446 y 215083, que extrañamente no existen en el Registro Único de Proveedores del Estado de Mendoza, tal como se puede corroborar en la página web de ese organismo.
En los siguientes vínculos podés consultar los informes cuatrimestrales de la Contaduría General de la Provincia.
2020
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2021
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2022
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
2023
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
¿Qué es la censura indirecta?
El acceso a la información y la comunicación públicas son derechos humanos básicos, que pueden verse limitados o restringidos por la utilización arbitraria de la pauta estatal. Como ocurre en Mendoza desde diciembre de 2015, cuando el exgobernador -y actual mandatario electo- Alfredo Cornejo inició un marcado proceso de disciplinamiento económico de la prensa, al tiempo que construyó su hegemonía en los tres poderes del Estado y en los organismos de control.
En contraposición, cabe recordar que hace más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó principios específicos sobre la regulación de la publicidad oficial, donde se aborda la cuestión de la censura indirecta, manifestando que “existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa, hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados”.
El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere, específicamente a estas maniobras indirectas, que tienden a “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Los mecanismos indirectos de restricción se ocultan detrás de acciones aparentemente legítimas que, sin embargo, son adelantadas con el propósito de condicionar el ejercicio de la libertad de expresión de los individuos. Cuando eso sucede, se configura una violación de este artículo específico de la Convención que, al tener rango constitucional en nuestro país desde 1994, es de cumplimiento obligatorio para la República Argentina y, obviamente, para la Provincia de Mendoza.
La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano. En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno, y concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Según indicó en ese momento la Relatoría, “este tema merece especial atención en las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado, históricamente, el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad”.
