EXCLUSIVO | Una investigación de EL OTRO demostró cómo el gobernador Alfredo Cornejo gastó millones de pesos de un préstamo del BID para implementar un fallido sistema de información impositiva, que benefició a contratistas de licitaciones públicas y a grandes contribuyentes. Nueva información da cuenta del rol clave de Graciela Lastra, la funcionaria de ATM que, pese a ser responsable de este desastre tributario, fue premiada con un importante aumento salarial.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
A fines de siglo pasado, la entonces Dirección General de Rentas de Mendoza comenzó una de las transformaciones más importantes de su historia, para modernizar el sistema de recaudación del Estado provincial. Mediante una licitación pública, una empresa privada desarrolló el sistema informático Tax que, tras más de dos décadas, sigue vigente con notables deficiencias que generan dificultades cotidianas en la liquidación de impuestos y, en consecuencia, constantes reclamos de los contribuyentes y agentes que trabajan en la actual Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Fuentes de este organismo confirmaron a EL OTRO el rol clave que cumplió Graciela Lastra en la implementación del deficiente sistema, quien saltó -sin escalas- de una contratista privada a la planta del Estado: “En un principio Lastra formó parte de la empresa, haciendo las correcciones y el mantenimiento del Sistema Tax, que nunca funcionó correctamente. En el año 2007, durante el gobierno de Celso Jaque, se le rescindió el contrato de mantenimiento a la empresa Suris. Pero, para que el sistema siguiera funcionando, se incorporó a Lastra a la Dirección General de Rentas, donde desarrolló la misma tarea, ahora dentro del organismo, de corregir y mantener el mismo sistema que ya funcionaba mal”.
Con el gobierno de Francisco Pérez (2011-2015), habiéndose constituido la actual ATM, Graciela Lastra fue designada directora del área de Tecnologías de la Información de la dependencia. En este período ATM accedió a una línea de crédito de la Unidad de Financiamiento Internacional. El préstamo 1855/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo permitió el llamado a una licitación pública para elaborar tres componentes del sistema de información: Canal Integrador con los municipios, Tablero de Control de ATM y Nuevo Sistema de Información Territorial (NSIT) en reemplazo del antiguo sistema de la Dirección Provincial de Catastro.
Al momento de adjudicar esta opaca licitación (leer investigación de EL OTRO aquí), Lastra, quien desde entonces se desempeña como docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se inclinó en su dictamen técnico a favor de esa empleadora y en detrimento de “una universidad pública de Buenos Aires que presentó la propuesta más conveniente, con amplios conocimientos y experiencias en el tema”, según manifestó en off a este diario un funcionario que tuvo participación en aquel proceso de contratación.
La obra licitada fue pagada en su totalidad. En cambio, los software comprometidos para la UTN, en asociación con la Universidad Nacional de Cuyo, estuvieron muy lejos de la oferta adjudicada: el Canal Integrador nunca existió, al Tablero de Control todavía lo está desarrollando el personal de ATM y el Sistema NSIT quedó inconcluso.
Subibaja
“A fines del gobierno de Paco Pérez, Graciela Lastra se nombra a sí misma, con la anuencia del administrador general de ese momento, Claudio Gil, como subdirectora en ATM con clase 13”, narró a EL OTRO una de las fuentes del Ejecutivo provincial. “Cuando asumen en 2015 las nuevas autoridades de la primera gestión de Alfredo Cornejo, el nuevo administrador de ATM, Alejandro Donati, resolvió rectificar la decisión de su antecesor, degradando a Lastra a su anterior clase 9 de revista”, precisó en su testimonio el funcionario que respaldó sus dichos con copias del registro de resoluciones que compartió con este diario.
No obstante este cambio formal, Lastra continuó como la principal responsable de que el Sistema NSIT fuera concluido, auditando por las mañanas las labores en la contratante ATM, que por las tardes compartía con sus compañeras de la contratista UTN. Una misma persona en ambas caras del mostrador.
En el año 2022, la Dirección General de Catastro –dependiente de ATM- convocó a licitación para realizar una actualización catastral a través de vuelo fotogramétrico. Nuevamente Graciela Lastra surgió como la “persona idónea” para adecuar los datos del malogrado Sistema NSIT. Otra vez falló: las liquidaciones de impuesto inmobiliario arrastraron numerosos errores, convertidos en cientos de reclamos de contribuyentes, que incluso hoy deben ser solucionados, “uno por uno y a mano”, para reimprimir las boletas de manera correcta.
Sin embargo, la suerte viró a favor de una de las principales artífices de este desastre tributario. Recientemente, el administrador de ATM cambió su parecer sobre el escalafón de Lastra, volviendo sobre sus pasos hasta la época del último gobierno peronista. Al filo del 2023, cuando el horizonte político recuperó la calma, el radical Donati decidió beneficiar a su nueva protegida con un (re)ascenso, de la clase 9 a la 13, lo que representa un significativo incremento salarial, sin que medie concurso de antecedentes y oposición, ni justificación razonable que avale tan importante como inmerecido premio.
