El gravísimo caso de violencia institucional contra un ciudadano en situación de calle y un pasajero de un colectivo que exigió que dejaran de golpearlo, se esclareció rápidamente. EL OTRO tuvo acceso a información judicial y pudo constatar que el mismo sábado en que se produjeron los hechos, difundidos a través de un video que se hizo viral, el fiscal Tomás Guevara, en oposición a la versión de la Policía de Mendoza y los medios oficialistas, dispuso la inmediata liberación de los dos aprehendidos, sin imputarles el delito de “desobediencia” que fue la excusa que esgrimieron los uniformados para justificar el evidente abuso de poder.
Por Redacción EL OTRO
Un video difundido en las redes sociales el sábado pasado mostró descarnadamente la naturalización de la violencia institucional en la capital mendocina. Las imágenes documentaron la repetida escena en la que la Policía de Mendoza ejerce una desproporcionada e innecesaria agresión contra ciudadanos que no han cometido delito alguno.
En el audiovisual, capturado por un pasajero de un colectivo, se puede ver con claridad cómo cinco uniformados subieron a ese transporte, estacionado en la calle Chile de la Ciudad de Mendoza, para detener al documentalista Diego Valente, quien les exigía a los funcionarios públicos que dejaran de golpear en el piso a un aprehendido que ya se encontraba completamente reducido.
Valente y la otra persona, quien se encontraba en situación de calle, fueron llevados a la Comisaría 4ª de Capital, en medio de una notoria inacción de casi todos los pasajeros y pasajeras del colectivo de la línea 331, excepto el hombre que con mucha entereza y responsabilidad filmó el video que permitió que la situación de abuso de poder trascendiera, a diferencia de los numerosos casos de apremios ilegales y torturas que suelen quedar en la impunidad de la indiferencia ciudadana o en la oscuridad de los calabozos.
El cuento azul
Como se estila, los agentes que intervinieron elaboraron un informe calificando a los hechos como “Averiguación de artículo 239 del Código Penal – Desobediencia”. En esa minuta del Expediente 93496/20 se consignó que en Chile y Godoy Cruz de Capital fueron aprehendidos los “imputados” GNRM (preservaremos su identidad) y Diego Valente.
“Somos desplazados por el Ceo a verificar que en el sector de los cajeros automáticos del Banco Superville se encontraba un sujeto durmiendo. Al arribar el personal se constata la veracidad de la situación, por lo que se procede a realizarle un palpado por si posee algún elemento utilizado con fin delictivo. El sujeto al extender sus brazos exhibe una prestobarba hacia el personal y sale corriendo por calle Chile hacia el norte, sube a un colectivo y en el interior del mismo se procede a la aprehensión del mismo”, reseñaron los funcionarios de la fuerza de seguridad mendocina.
“Cuando el personal policial se encontraba realizando la aprehensión del masculino –sigue el informe-, un sujeto comienza a gritar agrediendo verbalmente desde el interior del colectivo 300 al personal policial manifestando ‘SON UNOS DELINCUENTES CORRUPTOS’, por lo que se le solicita que descienda de la movilidad, negándose en todo momento, por ende personal policial procede a la aprehensión del mismo.”
Botones de muestra
La versión policial, como ya es costumbre, fue reproducida casi literalmente por varios medios pautados que no se interesaron en lo más mínimo en contrastar la verdad de los violentos con el testimonio de los aprehendidos, quienes fueron maltratados como si representaran a peligrosos delincuentes y no peces en la pecera que el Ministerio de Seguridad captura en el microcentro en un permanente acto propagandístico y de ajuste de estadística, sin sustento penal, pero coherente con el discurso de la mano dura con los débiles.
A ninguno de los medios oficialistas le resultó indignante que una persona que estaba atravesando la tragedia de quedarse literalmente en la calle fuese abordado por la policía, bajo la sospecha de la comisión del delito de dormir en el piso de una multimillonaria entidad financiera. A tal punto se encuentra asumida la criminalización de la pobreza en Mendoza que no se objetó que, en lugar de un abordaje social del acuciante problema, se procediera directamente a un tratamiento represivo de alguien que, como está durmiendo en el interior de un cajero automático, inmediatamente se convierte en un sujeto peligroso a quien hay que requisar para finalmente encontrarle una “prestobarba” que luego, gracias a la magia de la construcción del relato mediático, se convirtió misteriosamente en “gillette”.
Bastó con que el hombre aterrorizado intentara correr para terminar de configurar el estereotipo del enemigo que escapa porque algo habrá hecho, lo que inmediatamente habilitó la violencia policial a destajo. No solo contra el perseguido, sino también sobre un pasajero de un colectivo que, con una cuota de humanismo tan escaso en la ciudad de las veredas limpias, reclamó que le dejaran de pegar al indigente.
Ambos, en la ficción mediático-policial, terminaron siendo considerados presuntos autores del delito de “desobediencia”, más otras varias faltas del siempre práctico Código Contravencional para disciplinar perejiles y protestas sociales, en lugar de combatir a los peces gordos del crimen organizado.
El delito que no existió
EL OTRO accedió a información del expediente judicial de la Oficina Fiscal Nº 13 a cargo del doctor Tomás Guevara y constatar que, sintéticamente, el representante del Ministerio Público en turno no estuvo de acuerdo con la “tipificación” policial y resolvió liberar de inmediato a los aprehendidos sin cargo alguno. O sea, ni Valente, ni el humilde señor sin techo pero con la peligrosísima afeitadora, cometieron los delitos que según las fuerzas de seguridad ameritaron semejante inversión económica en despliegue táctico, desequilibrio emocional de oficiales que deberían ocuparse de cosas más serias y violencia estatal sin ley.
La abogada Julieta Lavarello concurrió el sábado a la dependencia judicial que se encuentra en la Comisaría 4º de Capital para ejercer la defensa legal de uno de los arrestados. Sin embargo, ni siquiera hizo falta que se constituyera en el expediente, porque el fiscal Guevara tomó una decisión expedita. “No se les imputó ningún delito a los dos, solamente se hizo una constatación de domicilio y fueron liberados al poco tiempo de haber ingresado a la Oficina Fiscal. Se les tomaron los datos personales, se los identificó, se realizaron las demás actuaciones de rutina, y se decidió no imputarles ningún delito porque obviamente no correspondía”, señaló la letrada en diálogo con este diario.
¡Qué coincidencia!
Las casualidades, como las brujas, no existen. Pero las hay.
Al trascender el video de la represión en el colectivo, el abogado Fernando Peñaloza advirtió en la red social Twitter acerca de un detalle para nada menor. Diego Valente es un testigo clave en una causa judicial por apremios ilegales por parte de la misma Policía de Mendoza, iniciada en setiembre pasado.
Por entonces, EL OTRO entrevistó a Cristian Rodríguez, quien denunció que él y su familia fueron víctimas de “brutalidad ilimitada” de numerosos uniformados que pretendieron ingresar a su propiedad privada sin orden judicial, con la excusa de la pandemia, mientras celebraban un cumpleaños sin invitados.
Valente estuvo allí, documentó los hechos, y el jueves de la semana pasada declaró contra los policías que golpearon a la familia Rodríguez.
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