EL OTRO corroboró, sobre la base de fuentes oficiales, que no existió orden judicial que autorizara el intento de desalojo de las familias de Villa El Mesón. La maniobra ilegal, resistida por la comunidad, fue protagonizada por la Policía de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo, sin que ningún funcionario público exhibiera identificación personal ni documentación que habilitara el ingreso a la propiedad, ni mucho menos la expulsión de los pobladores, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Denuncian que estas prácticas al margen del estado de derecho son frecuentes en zonas rurales.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
“Los vecinos organizados de El Mesón, la comunidad de Potrerillos y la sociedad mendocina seguimos sin saber quién autorizó la orden judicial de desalojo”, planteó en diálogo con EL OTRO Ludmila, una de las pobladoras de El Mesón que participó activamente en la resistencia contra la medida ilegal que se pretendió imponer el viernes pasado en este paraje cordillerano.
Tal como informó este medio, miembros de la Policía de Mendoza y un trabajador conduciendo una topadora de la Municipalidad de Luján de Cuyo, intentaron ingresar por la fuerza a los terrenos de un proyecto comunitario de vivienda, al norte de la Ruta Provincial N° 89, integrado por 200 familias desplazadas hace 25 años por las obras del Dique Potrerillos.
En las imágenes transmitidas en vivo por este diario se pudo observar y escuchar claramente cómo los uniformados, sin identificarse, ingresaron a las inmediaciones del El Mesón hasta encontrarse con un improvisado piquete de piedras y fuego que las y los pobladores atravesaron en la huella.
“El oficial del operativo no solo no llevaba el barbijo puesto, sino que también se negó a identificarse e insistió con llevar adelante el procedimiento. Los vecinos les pedimos que nos mostrara la orden judicial, el oficial nos dijo que no necesitaba la orden para llevar adelante el hecho y que el acta se encontraba en la Comisaría 53 de Potrerillos”, denunció Ludmila, quien además narró la inexplicable escena de la topadora del municipio, que conduce el intendente del Pro Sebastián Bragagnolo, abriendo paso a los oficiales que pretendían consumar un acto a todas luces inconstitucional.
Para la comunidad de El Mesón las irregularidades del procedimiento quedaron en evidencia desde el primer momento: “Sabemos -sigue Ludmila- que para llevar adelante un desalojo se necesita una orden judicial y personal de la Fiscalía, cosa que no existió. El oficial se retiró para atender un llamado y, luego de unos minutos, él y los uniformados que lo acompañaban se retiraron explicando que no realizarían el operativo para evitar consecuencias mayores”.
Mientras los hechos se sucedían en la senda de ingreso al lugar donde viven las familias desde hace seis años, uno de los vecinos de Potrerillos presentó un habeas corpus preventivo en la Justicia, con el fin de proteger la libertad, integridad y vida suya y del resto de esa población, ante el riesgo inminente de sufrir violaciones de derechos por el procedimiento ilegal.
Por otro lado, ante la trascendencia pública del conflicto, Martín Ahumada, responsable de Prensa del Ministerio Público Fiscal, se comunicó con EL OTRO para desmentir que la fiscal Gabriela García Cobos haya solicitado el desalojo.
La titular de la Fiscalía de Instrucción 33 viene impulsado el Expediente P-71.157/20/29, caratulado “Fc. p/Usurpación”, causa que también cuenta con el impulso del gobernador Rodolfo Suarez. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal aclaró que el procedimiento del viernes no estaba vinculado con ese proceso. “La fiscal no dispuso el desalojo ni lo va a solicitar”, sostuvo Ahumada, al tiempo que aseguró que, si el personal de policía y de la Municipalidad de Luján presente en el lugar avanzaba en una medida sin orden judicial, la propia fiscal actuaría de oficio para hacer cesar la comisión de posibles delitos.
En definitiva, si bien el desalojo quedó frustrado por la resistencia de la comunidad, el doctor Gabriel Bragagnolo, juez en turno que recibió el habeas corpus preventivo, determinó que no existió orden judicial alguna que habilitara el desalojo de El Mesón y, en caso de desobediencia de los habitantes, eventuales detenciones.
De acuerdo con documentación oficial a la que accedió EL OTRO, el magistrado del segundo Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial rechazó el habeas corpus, considerando que, pese a la inexistencia de orden judicial de desalojo, los agentes policiales cesaron en el operativo lo que, en su criterio, disipó cualquier tipo de riesgo sobre las libertades de las personas.
“Reclamamos la deuda histórica que tiene el Estado con los pobladores de Potrerillos. Primero, despojados de sus tierras e idiosincrasias, que piden justicias ahogadas bajo el Dique Potrerillos, y que hoy son acusados y violentados. Exigimos saber quién es el responsable de este atropello”, cerró Ludmila con un interrogante que ya está en evaluación de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza.
Cobertura en vivo | 19 de marzo de 2020
