Potrerillos, un violento desalojo en la vera del Río Blanco dejó en evidencia que el ordenamiento territorial será a gusto y parecer de los empresarios inmobiliarios que dominan la zona. Lauro Monticone, el fiscal que promovió la medida, posee antecedentes de agresiones a la prensa, violencia de género y criminalización de la protesta sindical.
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Cristian Martínez
El pasado 10 de febrero el administrador de un emprendimiento inmobiliario de Potrerillos avanzó sobre un conjunto de casas que se ubicaba al costado de la ruta 89, pegadas al Río Blanco, a 8 kilómetros del perilago. El particular dirigió el desalojo con una orden de allanamiento de la Fiscalía 11 de Luján de Cuyo, con una topadora y la ayuda de personal e Infantería de la Policía de Mendoza. El megaoperativo, ejecutado en plena feria judicial, se llevó a cabo con numerosas irregularidades y dejó en la calle a personas que habitaban en lugar desde mediados de 2018.
Los abogados de las mujeres y los hombres desalojados sostienen que el procedimiento fue ilegal desde todo punto vista. La primera falta es que el denunciante no es propietario ni tiene posesión del terreno, por lo cual carece de facultad para hacer ese tipo de denuncia. Por otro lado, el fiscal a cargo de la investigación dio la orden de desalojo sin notificar a los representantes legales, ni a las personas, ni al municipio. Y como si fuera poco, el avance sobre las viviendas se realizó desconociendo el decreto 66/2021, de Emergencia Pública, firmado por el Ejecutivo Nacional, que establece la suspensión de desalojos hasta el 31 de marzo de 2021.
La justicia del más fuerte
“Hay que aclarar que no existió usurpación y que la persona que radicó la denuncia no tiene derecho a denunciar. Carlos Vázquez no es el titular del terreno, es el administrador de un fideicomiso. El fiscal Monticone ordenó el desalojo con la autorización de una jueza, la doctora Cabeza, pero no nos notificaron, ni siquiera intimaron al desalojo voluntario. El desalojo se produjo de forma violenta, porque si bien los dueños de las viviendas llegaron a un acuerdo para que se hiciera con el menor daño posible, apenas se retiró la ayudante del fiscal, el denunciante entró con la topadora, destruyo una de las viviendas y arrasó flora autóctona, todo con la colaboración del personal de policía”, remarcó Julieta Lavarello, abogada de cuatro personas que fueron desalojadas, en diálogo con EL OTRO.
A lo largo del procedimiento judicial resaltan las fallas de Lauro Monticone, titular de la Fiscalía N° 11. En septiembre de 2020 el letrado, a raíz de una denuncia hecha por Vázquez por el delito de usurpación, detuvo con la fuerza pública a los propietarios de las casas del Río Blanco, los imputó y los retuvo por más de 12 horas en un calabozo. En los meses siguientes, la Fiscalía no realizó la investigación que correspondía sobre el caso y luego, sin sumar pruebas ni mediar, dio lugar al desalojo.
Carlos Vázquez administra el emprendimiento inmobiliario Pircas del Mirador, un proyecto para ocupar los cerros con residencias particulares, que a través de su cuenta en Facebook, ofrece lotes de 500, 1000 y 2000 m2. En 2018 los lotes de 500 m2 eran ofrecidos a $224.000. Sobre Vázquez pesan denuncias por atentar contra la flora del lugar y es conocido en la zona por su peso en la Justicia. En los días posteriores al desalojo, el administrador pagó una nota en el diario mendocino del Grupo América, en la que se difundió una versión adulterada de los hechos, dijo que se había desalojado a usurpadores que pretendían levantar un emprendimiento turístico y que detrás había una organización dirigida por antiguos habitantes de la zona.
Villa Infinita
Leonardo, uno de los vecinos de la Villa Infinita, nombre que los pobladores le dieron al conjunto de casas del costado del Río Blanco, contó a EL OTRO la compleja situación en la que se encuentra luego del desalojo. “No nos avisaron que nos iban a desalojar, actuaron con mucha violencia, la ayudante de fiscal nos dio unas horas para desarmar las casas, ya que no habíamos sido notificados y algunos pudimos sacar las cosas con la ayuda de los vecinos. Fue terrible, porque apenas se fue la ayudante, la topadora avanzó, destruyó una de las casas, hicieron pozos para que no pasáramos y tiraban la tierra sobre nuestros materiales, nuestras cosas, lo poco que teníamos. En un momento uno de los policías se puso a manejar la topadora, nos trataron muy mal. Por suerte la comunidad nos ayudó, pero el municipio jamás se acercó a darnos una mano, a mediar para esto no ocurriera”.
Lejos de la versión de la organización que Vázquez contó en la prensa, luego del desalojo cada una de las personas buscó un lugar donde refugiarse. “En mi caso he instalado una carpa y ahí estoy con mi hijo, es muy incómodo, cuando se puede bajamos a casas de familiares para darnos un baño, lavar ropa. Las demás familias se han ubicado donde han podido, les he enviado mensajes para saber cómo están pero no me han respondido, seguro que no tienen señal. No estamos organizados como dicen, no tenemos líderes, eso es falso”, aclara el joven que llegó a la zona por trabajo, es chef y está empleado en empresas turísticas del lugar. Leonardo, al igual que los demás integrantes de la Villa Infinita, comparte la necesidad de un techo cerca de sus lugares del trabajo. Todes trabajan en servicios vinculados al turismo.
La falta de intervención del gobierno de Luján de Cuyo en el caso es flagrante. El levantamiento de las viviendas era conocido por el municipio desde el primer momento, ya que cuando se comenzaron a levantar sus casas, los vecinos de Villa Infinita, buscaron, sin resultado, ayuda y asesoramiento en la comuna. A Leonardo, por ejemplo, le ofrecieron trasladarlo con su hijo a un refugio en la Capital de Mendoza, sin tener en cuenta que el menor asiste a una escuela de la zona y que su padre, iba a tener que viajar 70 km por día para no perder el trabajo.
El municipio estuvo ausente en la constitución de la villa, cuando las personas fueron imputadas, en el desalojo y cuando los desalojados debieron buscar refugio. Pruebas de que el intendente Sebastián Bragagnolo mira a Potrerillos desde la óptica de los grandes empresarios del turismo. Por su parte, el sistema judicial, como en otras ocasiones, demostró celeridad para proteger los derechos de los supuestos propietarios, y desinterés frente a las demandas de los que no pueden acceder a una vivienda. La desidia brilla frente a la falta de controles.
El avance de los emprendimientos inmobiliarios en Potrerillos entraña problemas de variables combinadas. Las preocupaciones de los habitantes son múltiples y conviven con su tiempo. En cada conversación se combinan las urgencias habitacionales con una preocupación profunda por el desmonte y la usurpación de los cauces de agua. Y en el medio la insoportable complicidad del Estado.
Historial de violencia
La apelación a fuerza como principal herramienta para la resolución de los conflictos parece ser una constante en el desempeño del fiscal Lauro Monticone en los últimos años.
Entre los antecedentes del representante del Ministerio Público, hay registros de agresiones a la prensa. De acuerdo con diario Uno, en setiembre de 2010 “el fiscal Monticone arremetió con toda su humanidad contra la periodista Catherina Gibilaro, a quien tomó violentamente del brazo y apretó fuerte reiteradas veces para empujarla hacia el segundo hall”. El inexplicable acto violento por parte de un funcionario contra una trabajadora de la comunicación se dio en el marco de una causa judicial en la que se encontraba imputado un sacerdote sospechado del delito de pedofilia.
El fiscal también fue sancionado en noviembre de 2016 en una causa por violencia de género. El castigo lo recibió de parte la Procuración de la Corte, que entendió que Monticone transgredió la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al revictimizar a quien efectuó reiteradas denuncias por violencia machista. Entre otras violaciones de la norma, Monticone había citado a la víctima a una audiencia en la que estaría presente su agresor, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Por último, el historial del fiscal abarca también responsabilidades en violencia institucional contra trabajadores en protesta por sus salarios y condiciones dignas de trabajo. En julio de 2020 Monticone detuvo a 46 personas y 36 de ellas fueron imputadas por participar de una medida sindical de trabajadores de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en la Peatonal Sarmiento de Capital. Entre los detenidos estuvo el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, el secretario general de SUTE, Sebastián Henríquez, y el periodista de radio La Mosquitera, Ángel Basile.
