La reciente mutilación de fondos en organismos nacionales puso en alerta al colectivo de profesionales y prestadores que brindan cuidados a las personas con discapacidad, y a las familias que sufren los efectos del desmanejo institucional que rodea la atención y protección de sus derechos.
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Cristian Martínez
Castigados por la falta de pagos, la precariedad y la inestabilidad laboral, profesionales de la salud, docentes y prestadores de otros servicios se manifestaron en Casa de Gobierno de Mendoza. El foco del problema se ubica en las transferencias de fondos que debe hacer la Superintendencia de Salud a las obras sociales y los pagos que éstas hacen por prestaciones para personas con discapacidad.
Las familias perjudicadas por los déficits del sistema de salud, acompañaron el reclamo que tuvo como objetivo visibilizar la grave situación que data de hace meses, y también se enfocó en los recortes que se realizarían en la Agencia Nacional Discapacidad como parte del plan de ajuste que ya se aplicó en las carteras de Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat.
La manifestación reunió entre terapeutas, acompañantes, transportistas, madres y padres a cerca de 300 personas. Los prestadores expusieron estar aguardando pagos atrasados desde mayo y que en la mayoría de los casos las liquidaciones se demoran 90 días y no se ajustan a la realidad de la fecha de cobro.
El Observatorio de las personas con Discapacidad Mendoza acompañó la protesta realizada en la explanada de Casa de Gobierno. Su representante Mónica Bascuñán remarcó que las irregularidades afectan a la calidad de vida de las personas que reciben los servicios terapéuticos, y que muchos profesionales han dejado de atender por estos problemas. En este sentido, destacó que OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) no adhiere al nomenclador nacional y por eso los prestadores que trabajan para esta obra social cobran un 30% por servicio.
En relación con los fondos de la Superintendencia de Salud, desde el Observatorio informaron que los recortes no han cesado en los últimos años y detalló que para 2022 se dieron de baja cerca de 100.000 prestaciones de discapacidad. Concretamente en el presupuesto 2021 figuraban 150.000 prestaciones, en tanto que para este año sólo fueron reconocida 51.011. En ese marco, desde el organismo rechazaron categóricamente el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que afectaría al organismo que fomenta las políticas para personas con discapacidad.
La movilización que tuvo lugar en la capital mendocina, también se replicó en Córdoba, Salta y en Plaza de Mayo. Parte del reclamo, como se señaló, se movilizó tras un supuesto borrador de un DNU que refería a que las obras sociales y prepagas dejaban de tener la obligación de atender a personas con discapacidad.
A raíz de esto, en las últimas horas, el ministro de Economía Sergio Massa salió a dar su versión sobre el tema. A través de la cuenta de Twitter de ese ministerio nacional se informó: “Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”.
Y agregó “Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.
En tanto, la problemática se mantiene y no se ve divisan preocupación de los responsables institucionales ni gestiones para mejorar este andamiaje descompuesto y limitado, del que depende la calidad de vida de las personas con discapacidad y la protección de sus derechos y libertades.
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