En medio una nueva embestida de corrientes negacionistas, que pretenden justificar las atroces consecuencias del último genocidio en la Argentina, la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. La Corprodep exige reparar la ausencia física de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestra provincia.
Por Negro Nasif / Fotos: Coco Yañez
En abril de 2017, el entonces gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, realizó su primera y última visita al ex centro clandestino de detención D2 (hoy Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos). Su presencia allí -de solo 10 minutos- tuvo el claro propósito de marcarle la cancha de visitante a los históricos Organismos de Derechos Humanos provinciales, para disputar discursivamente la interpretación histórica del pasado reciente.
Rodeado por funcionarios militantes universitarios de Franja Morada, Cornejo conmemoró los 32 años del inicio de los Juicios a las Juntas Militares, ponderando al expresidente Raúl Alfonsín, aunque relativizando la imprescindible e inclaudicable lucha de las organizaciones de familiares de las víctimas del genocidio. “Nadie, nadie, nadie puede apropiarse absolutamente de la lucha de todos los derechos humanos, no solo de los Organismos, sino de personas que individualmente, aun con miedo, sostenían esas ideas y no están enroladas en ningún organismo, en ninguna institución”, sentenció Cornejo.
En aquel contexto, fue la única vez que EL OTRO pudo entrevistar al exgobernador o, al menos, hacerle una pregunta que saliera del repertorio de los medios pautados por su propia gestión. “Hay posturas negacionistas de funcionarios del gobierno nacional que afirman que los desaparecidos no fueron 30 mil, ¿cuál es su posición sobre eso?”, consultó este diario. Cornejo, luego de evasivas y descalificaciones hacia el cronista que osó preguntar, respondió: “En la Argentina hubo los desaparecidos que se registraron y otros que no están registrados, y el número está indeterminado, así que no me vas a sacar ‘no hubo 30 mil o hubo…’, si es lo que querés sacar, querés publicar…”.
A más de seis años de aquel intercambio periodístico, y sobre la base de las declaraciones públicas y sobre todo de sus silencios en momentos cruciales, la postura del dirigente radical no parece haber cambiado un ápice. Lo que sí se modificó fue la realidad del país, con una avanzada de corrientes negacionistas amplificadas en los discursos neofascistas impulsados por dirigentes de la Libertad Avanza y de sus nuevos aliados de Juntos por el Cambio. Todo esto ofrece un nuevo contexto para la vuelta de Cornejo a la Casa de Gobierno de Mendoza, acompañado esta vez por la militante del negacionismo Hebe Casado quien, en octubre de 2020 realizó una exhibición de profunda ignorancia, al tratar de negar los 30 mil comparando la cruel dimensión de los crímenes de lesa humanidad en Argentina con prescripciones médicas de jarabes.
En este marco actual que pone en riesgo la ejemplar continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas (Coprodep) se presentó el jueves pasado ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, para exigir reparaciones concretas sobre la ausencia física de las víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza.
“Lo que se pretende es que la comunidad mendocina nos brinde información para encontrar a nuestras personas desaparecidas, impulsar acciones efectivas de búsqueda que permitan encontrar archivos, datos, testimonios, que nos lleven a encontrar a los que no están pero que seguimos buscando”, señaló María Fernanda Beigel, abogada e integrante de la comisión provincial ad-honorem que se creó el pasado 30 de agosto, cuando se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“Hace 47 años que Madres, representantes de Derechos Humanos, e Hijos luego, vienen golpeando puertas en la policía, la iglesia, buscando y buscando a quienes habían desaparecido. La incertidumbre no cesa y se agiganta por el pacto de silencio inquebrantable”, precisó Beigel en la Legislatura y agregó: “Los juicios no nos han permitido obtener información, encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas. Nos hemos organizados para visibilizar esto, pedirle a todo aquel que haya visto, instituciones que tengan algún archivos o información colabore para que esta reparación sea posible“.
La constitución y puesta en marcha de la Coprodep es una respuesta institucional al Tribunal Oral Federal N° 1 que, en la sentencia del 9° Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad en Mendoza, ordenó la concreción de medidas reparatorias. En términos humanitarios esenciales, es el mismo objetivo que guía desde hace más de cuatro décadas a nuestras Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y Sobrevivientes: que el Estado diga dónde están las y los desaparecidos, dónde están los cuerpos que se siguen negando.
