Familiares, amigos y vecinos de Carla Agostina Trigo, organizaciones feministas y centenares de personas autoconvocadas se manifestaron ayer en el departamento de San Martín, para exigir justicia por la joven de 22 años encontrada sin vida en el distrito de Buen Orden. Agostina fue vista por última vez por sus familiares el domingo pasado cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. No regresó a su casa, su familia denunció la desaparición ante el Ministerio Público Fiscal, el Estado la encontró muerta este miércoles. Hoy el crimen es investigado como femicidio, el cuarto en Mendoza en solo tres meses. En medio del dolor, la angustia insoportable y el desamparo expresado en las calles, la Policía de Mendoza demostró su celeridad para reprimir al hartazgo con gases y detenciones al voleo de una docena mujeres, entre ellas dos adolescentes de 14 y 15 años.     

Por Milagritos Contreras y Negro Nasif

Por estas horas la Justicia provincial investiga como femicidio la muerte violenta de Carla Agostina Trigo, la joven estudiante y madre que el domingo había salido, luego de festejar el cumpleaños de su hijo de 4 años, a una entrevista laboral en el distrito de Buen Orden, de San Martín.

Según lo relatado por familiares, Agostina se contactó con un camionero para trabajar como niñera. Éste último le habría propuesto encontrarse ese día, ya que entre semana no podía. El último contacto que tuvo con su abuela fue al llegar a la parada de colectivo, donde la esperaría esta persona. Las horas pasaron y nunca retornó a su hogar. Denunciaron su desaparición pero, lamentablemente, fue hallada muerta este miércoles, en un galpón abandonado ubicado en las calles Robert y Carril Norte del distrito Buen Orden.

Ayer se realizó una marcha para pedir Justicia por la joven de apenas 22 años. El dolor, la indignación, la angustia y la profunda tristeza se hizo sentir en nuestra provincia, y particularmente en San Martín, luego de que se conociera un nuevo caso –otro más, el cuarto en tres meses- de femicidio.

Ágiles para reprimir

Raúl Levrino, ministro de Seguridad Foto: Coco Yañez

Sobre el final de las protestas en la ciudad de San Martín, manifestantes destrozaron vidrios de la fachada de las oficinas del Ministerio Público Fiscal, donde la familia de Agostina había denunciado su desaparición. En las calles se realizaron fogatas y, luego, agentes de Infantería de la Policía de Mendoza recibieron piedras y escombros de quienes cantaban “Se sabía, se sabía, que a los violadores los cuida la policía”.

Las fuerzas de seguridad, a cargo del ministro Raúl Levrino, que tardaron días para dar con el cuerpo sin vida de Agostina, en minutos comenzaron a reprimir, disparando gases y desplegando una razia que, bajo el pretexto de individualizar a quienes provocaron daños a inmuebles públicos, incluyó detenciones al voleo de mujeres, adolescentes entre ellas.

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María Emilia Alín, integrante de Ni Una Menos Mendoza, y de Vasalisa – Red de Acompañamiento Feminista Zona Este, dialogó con EL OTRO. Acusó al Estado provincial por la represión durante el reclamo, además de señalar el nulo compromiso con las mujeres y diversidades: “Había mucho hartazgo y tristeza y eso se manifestó también en la marcha. Cuando llegamos cerca de la Plaza San Martín, la policía empezó a reprimir, nos comenzaron a cazar. Había personas que no hacían nada e igual se las llevaban. Al momento tenemos compañeras detenidas, entre ellas menores de edad, a quienes han repartido en distintas fiscalías de la zona Este. Algunas están heridas. Hay compañeras abogadas que están exigiendo su liberación”.

“Hubo chicas a las que fueron a buscar sus madres y las liberaron, pero hay otras a las que les dijeron que serán imputadas. Es realmente terrible todo esto. Para eso sí son ágiles, para eso sí tienen celeridad”, manifestó Alín.

Gullé hace silencio, la prensa miente

Alejandro Gullé, procurador. Foto: Coco Yañez

El Ministerio Público Fiscal, que conduce Alejandro Gullé, no ofreció un sólo parte oficial sobre las personas detenidas en San Martín, ni las razones de las aprehensiones. Ante la negación del derecho a la información debido al vacío de datos oficial, durante la tarde y la noche del miércoles circularon versiones por las redes sociales que hacían mención a “varias personas detenidas”, e incluso se difundieron videos con escenas callejeras de los procedimientos de la policía, con evidente falta de profesionalismo.

En paralelo al silencio del Poder Judicial, desde medios oficialistas se incrementó la desinformación, haciendo circular datos falsos, poniendo el eje no en los derechos de las personas sino en los daños en el espacio público. Mendoza Post, por ejemplo, señaló irresponsablemente: “Se conoció que hay una veintena de aprehendidos y detenidos entre hombres, mujeres y algún menor por los destrozos a la fiscalía. ‘Muchos no son de la zona. Fueron del Gran Mendoza, precisaron fuentes extraoficiales”.

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A las 20 hs de ayer, la delegación Mendoza de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó un listado de personas –entre ellas dos menores de edad- detenidas “en distintas comisarías de Junín y San Martín”:

Sol (14 años)
Amparo (15 años)
Anahí Vilches
Florencia Sanita
Esperanza Wouters
Nadya Sarmiento
Julieta Ana

Subcomisaría La Colonia:

Yamila Jenifer Ortiz
Dana Giuliana Ortiz
Diana Moreno Ortiz
Agustina Muñoz
Rodrigo Gómez

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A las detenciones informadas por la Correpi se sumaría un número aún determinado de personas, que habrían sido alojadas en dependencias policiales de la ciudad de San Martín y el distrito rural de Montecaseros.

“Fue un castigo por manifestar el enojo”

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La Mendoza conservadora nos retrotrae constantemente a épocas donde la cacería de brujas era moneda corriente. No muy diferente fue este miércoles cuando pibas quedaron detenidas en distintas comisarías de la Zona Este; imponiéndoles un mismo castigo por manifestarse y exigir que paren los femicidios impunes.

“Detuvieron a mis dos hijas durante la marcha, pero han liberado a la más chica, que tiene una discapacidad, y a la otra, que es Fernanda, se la trajeron a la Comisaría 55 de Montecaseros, en el departamento de San Martín. Según me dijeron desde la Fiscalía, la van a tener detenida hasta mañana (por hoy). Realmente han actuado arbitrariamente porque, por ejemplo, mis hijas no hicieron más que participar pacíficamente. Ellas estaban filmando lo que sucedía en ese momento, las llevaron en móviles distintos cuando las detuvieron”, denunció angustiada, Nancy Vargas, madre de dos pibas detenidas durante la protesta.

 

Captura de pantalla

“Esto es muy doloroso, porque tenemos una chica que apareció sin vida, de lo cual entiendo que hubo inacción del Estado cuando los familiares alertaron de su desaparición. Estamos hablando de una situación terrible de lo que fue una protesta como hoy, y un castigo para las mujeres que manifestaban su enojo, dolor, angustia, esto de saber que somos mujeres y que en cualquier momento nos hacen algo y no tenemos protección, no nos cuidan. La policía que debiera cuidarte realmente, te lleva y te detiene durante varias horas por haber estado manifestándote. Entonces sentís que tenés que callarte, agachar la cabeza, hacer silencio, ver cómo pasan al lado tuyo las cosas, y rogar que no te suceda nada, ni le suceda a tu familia, a tus hijas, porque nadie va hacer nada. Cuando nosotras nos juntamos parece que representa una amenaza para ellos”, aseguró Nancy luego de la represión.

“Basta de Justicia Patriarcal”

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“No es un caso aislado, es el patriarcado”, denunciaba una joven ayer a través de su pancarta durante las manifestaciones de hartazgo en San Martín. En línea con esta consigna, desde Ni Una Menos Mendoza señalaron a los organismos del Estado como principales responsables de la situación de desprotección extrema en la que se encuentran las mujeres.

Mediante un comunicado, titulado “Basta de Justicia Patriarcal”, la organización feminista señaló este miércoles: “En la Zona Este de Mendoza se han cometido dos femicidios en menos de un mes, y dos posibles femicidios que se están investigando en menos de tres meses. Exigimos al Estado que aplique las leyes en materia de género, para que no tengamos que llorar a ninguna más, para prevenir muertes que pueden ser evitables. ¿Qué pasa en las fiscalías y oficinas de género?, ¿qué pasa en las áreas municipales?, ¿cuánto valemos las mujeres y diversidades para el Gobierno provincial siendo que contamos con un presupuesto miserable?”.

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Para María Emilia Alín, de NUM Mendoza y Vasalisa, “es el Estado quien tiene que garantizar que se cumplan las leyes en materia de género. Acá las direcciones no están respondiendo a las demandas y a las necesidades de las mujeres en situación de violencia, realmente. Todo esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo. También ocurre que hay mujeres que van a realizar una denuncia y no hay quién se las tome, o no se las quieren tomar. Y a nivel provincial el presupuesto escasísimo que tenemos las mujeres y disidencias también nos perjudica. Tenemos muy pocos fiscales, muy pocos rondines, y todo esto contribuye para que sucedan estas situaciones. Entonces quienes militamos en los territorios terminamos haciendo el trabajo que le corresponde al Estado”, sostuvo Emilia al referirse a la falta de políticas públicas y campañas de sensibilización en nuestra provincia para garantizar el cumplimiento efectivo de leyes en materia de género y diversidad.

La vida no vale nada

Foto: Gentileza

No es extraño que en una provincia como Mendoza, donde el Estado hace oídos sordos a las legítimas y repetidas demandas de las mujeres y disidencias, a los pedidos de justicia, al grito desgarrador por garantías mínimas para el ejercicio de derechos de las mujeres, sea más fácil para los femicidas, las redes de trata, abusadores, hacer caer en sus engaños a mujeres atravesadas por la vulnerabilidad social reinante.

Porque mientras exista un gobierno que responda efectivamente a sectores privilegiados y frívolamente a los sectores populares, y al que le da igual que se profundice la feminización de la pobreza; las mujeres y disidencias estarán cada día más expuestas, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Carla Agostina Trigo, desesperada por encontrar trabajo para poder llevar el pan a su casa y así también alimentar a su niño, recurrió a una entrevista laboral. Hoy falta en su casa, falta en la mesa de su hogar, le falta a su hijo en el abrazo y en el beso de buenas noches, le falta a su madre, a su abuela, no irá más a la escuela, no tendrá más proyectos de vida, porque la inoperancia de este gobierno patriarcal y la (in)Justicia mendocina le truncaron los sueños.

¡El Estado es responsable!

 

“Creer que la Justicia tiene que ser justa es demasiado pretencioso”

Mendoza, típica de machirulos impunes