El coordinador de Juventud de Las Heras, Franco Cortez, fue imputado por la Justicia como sospechoso del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, contra una trabajadora municipal de ese mismo departamento. El secretario general de la Juventud de la UCR habría utilizado su poder político para ejecutar aberrantes conductas machistas y luego procurarse impunidad.
Por Negro Nasif
Este viernes, el fiscal Martín Lucero resolvió la imputación formal de Franco Ángel Cortez, por entender que existen elementos de prueba suficientes para avanzar en una investigación penal en su contra, al considerarlo como presunto autor responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.
El expediente de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual se inició en junio pasado cuando una mujer denunció, ante el Ministerio Público de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, haber sufrido vejaciones en julio de 2020, durante una actividad oficial de la Municipalidad de Las Heras.
De acuerdo con la víctima, aquel día Cortez la encerró en un baño de un Centro Integrador Comunitario y luego la sometió a una serie de abusos sexuales, entre ellos la penetración forzada.
Los aberrantes hechos denunciados guardan, al mismo tiempo, una particular gravedad debido a que el imputado habría aprovechado su poder jerárquico en el ámbito del trabajo, y la consecuente vulnerabilidad de la víctima bajo dependencia, para ejecutar los vejámenes y procurar luego su impunidad. En aquellos momentos, además de ser funcionario de la comuna, Franco Cortez estaba a cargo de la Secretaría General de la Juventud de la Unión Cívica Radical de Las Heras.
Lamentablemente, no es la primera vez que un funcionario y representante de la UCR es investigado por conductas machistas y vejatorias contra trabajadoras del Estado. Tal como informó EL OTRO en mayo de 2021, la Justicia dictaminó entonces que Ceferino Sánchez, encargado de compras y suministros del Instituto Universitario de Seguridad Pública, ejerció violencia misógina contra Linda Martínez, extrabajadora de esa institución. Tras la demanda por hostigamiento laboral, acoso sexual, amenazas y lesiones leves, el Poder Judicial condenó al expresidente de la UCR de Maipú a reparar económicamente a la mujer que sufrió daños y perjuicios.
Durante todo el proceso, Sánchez gozó de la protección política de Alfredo Cornejo y fue defendido en la causa judicial por la abogada “feminista” y funcionaria, Paula Vetrugno, quien se encuentra al frente de la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia.
