La magistrada Beatriz Salvini, quien consagró judicialmente el cierre del Jardín Maternal de la Escuela Hogar Eva Perón, está decidida a ir por más. En una reciente denuncia presentada ante el Colegio de Abogados, exigió una sanción disciplinaria contra Marcelo Venier, el representante legal de las 33 madres de bebés, niñas y niños que asistían al Jardín Evita y que, finalmente, se quedaron sin sus salitas maternales. La jueza no sólo cuestionó que el abogado de las amparistas realizara declaraciones a la prensa, sino que además desacreditó sin prueba alguna a medios de comunicación, como EL OTRO, que difundieron su pésimo desempeño y su extraordinaria “voltereta” ante las presiones del Gobierno de Mendoza. Pese a que este diario le solicitó formalmente una entrevista, la célebre miembro de la familia judicial mendocina, quien cobra casi 1,5 millones de pesos mensuales, se negó a dar explicaciones y ni siquiera permitió que se fotografiara su desconocido rostro.
Por Negro Nasif
Al parecer, la jueza Beatriz Fernanda Salvini prefiere la oscuridad de los sótanos y el silencio de los sepulcros. O, mejor dicho, una República sin lo público, donde los ciudadanos no ejerzan ciudadanía, los medios de comunicación no comuniquen, y las y los funcionarios sean funcionales ignotos.
De hecho, no hay un solo registro público de la imagen de la magistrada. Basta con googlear su nombre para verificar su entero anonimato visual, aunque también para constatar que su señoría es hija de Herman Salvini, el juez supremo que ocupó durante 32 años –desde 1984- uno de los sillones de la Corte provincial. Casta, que le dicen.
Según el Poder Judicial de Mendoza y la Auditoría de Ética Pública de la Provincia, la jueza de Primera Instancia del Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, percibe actualmente una haber bruto de casi 1,5 millones de pesos mensuales, no tributa impuesto a las ganancias, y en su patrimonio declarado se registran dos casas (la más reciente de ellas construida en un terreno de 2147 metros cuadrados, que adquirió el año pasado) y un auto modelo 2013.
No mucho más se sabe de la jueza cuyos zigzagueantes fallos cobraron notoriedad pública, mal que le pesare, en mayo de este año, en la causa judicial donde dirimió drásticamente el futuro del Jardín Maternal que funcionaba en la histórica Escuela Hogar Eva Perón.
EL OTRO dio –y seguirá dando- especial cobertura, y memoria para los tiempos venideros, de uno de los ejemplos más descarnados de la injusticia social, en una emblemática institución mendocina abandonada por el Estado, a la que asistían 48 bebés, niñas y niños, de 45 días a 3 años de edad, de barriadas populares de la Ciudad de Mendoza.
Uno de los vergonzantes capítulos de esta historia lo protagonizó justamente la jueza Salvini quien, luego de pronunciarse en beneficio de la educación y protección de las criaturas, dio un veloz panquecazo en favor de los funcionarios del Gobierno de Mendoza que, en lugar de garantizar los derechos humanos de los más débiles, le asestó un tijeretazo más al paupérrimo presupuesto educativo.
El silencio no es salud
El 24 de mayo de 2022, bajo el título “Carpetazo: Salvini cambió su fallo sobre el Jardín Evita”, este medio informó que, apretada por el Gobierno de Mendoza, la jueza Beatriz Salvini rectificó su propia resolución judicial que obligaba a la Dirección General de Escuelas a reabrir el jardín maternal. La investigación periodística de EL OTRO fue respaldada por testimonios y expedientes judiciales “que explicarían el brusco cambio de opinión de una magistrada denunciada por ‘grave desconocimiento del Derecho’, y revictimización de un menor sobreviviente de abuso sexual eclesiástico”. (Leé la nota completa aquí)
En el marco de aquella investigación, tal como indican las prácticas profesionales elementales, periodistas del equipo de este diario concurrieron al Tercer Juzgado Civil de la Ciudad de Mendoza, para solicitar una entrevista personal con la jueza Salvini. No obstante, la magistrada, quien no accedió a ser fotografiada ni develar su imagen, respondió a través de un secretario que “no dará entrevistas y sólo hablará por sus sentencias”.
Seis meses después de esta publicación, y con el Jardín Evita definitivamente cerrado por los buenos oficios de Salvini en línea con los deseos ajustadores de la DGE, expedientes judiciales y documentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mendoza, a los que tuvo acceso EL OTRO, confirman que la cuestionada jueza presentó una denuncia contra el abogado Marcelo Venier, quien representa legalmente a las 33 madres que iniciaron ante la Justicia tres acciones de amparo para la restitución de los derechos humanos esenciales de sus hijos/as que, finalmente, fueron conculcados por el Estado con la vital colaboración de usía.
En síntesis, la funcionaria judicial exigió, mediante un escrito fechado el 29 de setiembre de 2022, que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados sancione al abogado por supuestos “juicios o expresiones ofensivas a la dignidad de un Magistrado” e “interponer ante los jueces, en provecho propio o de la causa en que tenga intervención o interés, su influencia personal o la de un tercero”, entre otros cargos. (Leé la denuncia completa aquí)
Las “pruebas” que ofrece Salvini son básicamente interpretaciones suyas sobre publicaciones de medios de comunicación mendocinos que considera calumniosas e injuriosas, entre las que se encuentran artículos periodísticos de EL OTRO, como el mencionado anteriormente. Entre sus mentiras y ataques antidemocráticos, la magistrada descalificó las fuentes de este diario, las que por supuesto aportaremos al Colegio de Abogados y a la Justicia para esclarecer la verdad real de los hechos, y defender los derechos a la comunicación y a la información, y el prestigio de nuestro medio cooperativo, frente a las gratuitas difamaciones de una funcionaria muy bien pagada que no parece tener más urgencias que intentar disciplinar a la prensa independiente y atacar a quienes defienden a las víctimas del Gobierno de Mendoza.
En clave de una nueva victimización, Salvini pretendió argumentar que nuestro medio junto a otros diarios y radios de Mendoza habrían integrado una suerte de conspiración comandada por el abogado Venier, con el objeto de desprestigiar a la jueza e incidir sobre sus decisiones.
Confirmando su inclinación cavernaria de silencio y oscuridad, la magistrada Salvini concluyó su denuncia ante el Colegio de Abogados con una cita extraída del libro español Ética de la Abogacía: “No es justificado ni razonable hablar ante los medios de comunicación de los casos más o menos resonantes que el abogado tiene en trámite. Es lógico que los profesionales de la información quieran obtenerla. También lo es que los profesionales de la justicia deban evitarla, para que los ambientes sociales en pro y en contra no puedan influir en sus resoluciones”.
Mucho se podría responder a la postura antirrepublicana de Salvini, aunque lo más pertinente y breve en estas circunstancias sería recordarle que, el pasado 17 de octubre, el Tercer Tribunal de Gestión Asociada, ya le recomendó a su señoría que esté a la altura del siglo XXI y de su holgada investidura, con las siguientes palabras: “No es ajeno a la realidad de quienes ejercemos la magistratura, que estemos expuestos a comentarios injuriantes, amenazas, o a que, en medios masivos de comunicación o redes sociales, puedan vertirse expresiones injuriantes contra nuestra persona, cuando se tramitan causas que puedan considerarse sensibles para las partes. Sin embargo, es mi convicción que soportar con firmeza de ánimo dichos embates es parte de lo que implica la noble tarea de impartir justicia y de resolver los conflictos que los usuarios del servicio de justicia solicitan del Poder Judicial”.
