OPINIÓN | Por Benche Galdame | Autoconvocada de Tunuyán
La Reserva Manzano Histórico-Portillo Piuquenes está ubicada en la Cordillera de los Andes, en la región del Valle de Uco, Provincia de Mendoza. Fue ampliada el 15 de febrero de 2012, pasando de 1000 a 314.600 hectáreas preservadas, las que abarcan territorios de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
La ampliación fue gracias a la exigencia incansable del pueblo del Valle de Uco, luego de varios años de lucha, alertados por el avance de proyectos megamineros y otros emprendimientos empresariales sin licencia social. Esta Reserva resguarda glaciares, cascadas, ríos, valles y vegas, además de la típica fauna andina y flora autóctona. Protege más de 8000 años de historia, y un patrimonio cultural invaluable.
En abril, el Gobierno de Mendoza llamó a Audiencia Pública para el Proyecto Punta Negra dentro de la Reserva, para el viernes el 14 de mayo de 2021 a las 10 hs, con formato virtual. La iniciativa comprende “todo” el megaproyecto que pretende desarrollar la empresa en las más de 4000 ha:
Manantiales. Hotel de 2150 m2 a 4000 m de altura, 40 km de pistas de esquí, “posibilidad” de 4 restaurantes y estacionamiento cubierto. Nieve artificial.
Guanaquitas. Desarrollo de montaña con 10 medios de elevación y pistas con 8 km continuos de descenso, resort in-out con 700 camas, funicular al glaciar, power plant y nieve artificial.
Portillo. Desarrollo urbanístico La Aldea, con un lago de 6 ha que se congela y será pista de patinaje en invierno, estación de esquí sin medios de elevación –se esquía con piel de foca-, traslados en snow track, raquetas y motos de nieve.
Punta Negra. Incluye parcelas destinadas a vivienda y uso turístico, parque de nieve, hostería, club house y una usina hidroeléctrica.
Esta etapa, que se tratará en la audiencia pública de mañana, cuenta con dos expedientes: Nº 294-D-2016-18007 “Cerro Punta Negra (club house)” y N° 51-D-2014-18007 “Aprovechamiento hidroeléctrico Punta Negra”.
El proyecto presentado como “turístico” incluye, además de la central hidroeléctrica, una planta de tratamiento de agua potable y el fraccionamiento y venta de 20 parcelas a propietarios privados para uso habitacional/turístico. O sea que se trata, también, de un desarrollo inmobiliario, lo cual es incompatible con el objetivo de un área protegida. De hecho, la empresa Uco Los Tres Valles SRL podría dejar de lado el proyecto turístico y solo hacer el negocio inmobiliario, porque nada le impediría desarrollar únicamente ese barrio privado. En el caso de que se apruebe, por supuesto.
Tampoco definen el verdadero uso y/o destino de las parcelas, ya que hay muchísima diferencia entre una de uso habitacional y una destinada, por ejemplo, a un complejo hotelero. El impacto aún sería muchísimo más grave, con consecuencias catastróficas para la Reserva, las que ni siquiera se pueden dimensionar dada la falta de precisión por parte de la empresa.
Este proyecto también es promocionado como “generador de empleo y desarrollo para la zona”. Sin embargo, en el estudio que la misma empresa presenta, si bien dicen que en la zona se va a generar empleo directo y aumentarán las actividades económicas inducidas, recalcan que se trata de impactos a sociales “temporales y de importancia medianamente positivo”.
Lo que sí es muy alarmante es que la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) admite que en la zona, solo en la etapa de la “construcción” y en la “etapa de operación y mantenimiento”, se esperan que se manifiesten “críticos y altos” impactos ambientales, como por ejemplo:
- Degradación de las propiedades físicas del suelo.
- Cambios en los patrones de escurrimiento superficial
- Contaminación del agua superficial.
- Eliminación de flora.
- Afectación de la fauna.
- Degradación de infraestructura vial (Ruta Provincial Nº 94)
- Consumo de recursos.
- Afectación del paisaje.
- Afectación de patrimonio arqueológico.
- Afectación de la calidad del sitio turístico.
- Impacto en glaciares cercanos.
Es decir, la generación de empleo será de medio impacto y tampoco está asegurada, pero los impactos ambientales son severos y críticos, algo que la empresa Uco Los Tres Valles no menciona en toda su campaña publicitaria que realiza para confundir a la comunidad.
Este proyecto, además, ha recibido diversos dictámenes negativos que recomiendan que “no se autorice la MGIA”. Tal es caso del informe negativo del IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas) que por Ley 6045 debe aprobar o rechazar mediante dictamen técnico; y la Dirección de Recursos Naturales que también manifestó su oposición.
Las leyes vigentes y el Plan de Gestión de la Reserva tampoco permiten este tipo de megaproyectos, pero la Secretaría de Ambiente de la Provincia aprobó la audiencia pública sin importar los dictámenes negativos.
Otro punto a destacar es que el proyecto no respeta las leyes vigentes que protegen la Reserva ni tampoco el Plan de Gestión y Zonificación vigentes.
De hecho, la ley 8400, la que dio origen a la ampliación de esta Reserva en el año 2012, es muy clara en su Artículo 5°: “serán objetivos de la Reserva Manzano-Portillo Piuquenes conservar los recursos hídricos, flora, fauna, gea, paisaje y material arqueológico existentes dentro de la misma, preservar las fuentes de agua que irrigan el oasis productivo del Valle de Uco, potenciar los atractivos turísticos y preservar todo lo referente al patrimonio cultural existente en la zona”. Nada de esto se respeta con el proyecto ya que los impactos sobre estos son críticos y negativos.
Tampoco mencionan lo que sucederá con el agua en el caso de la construcción de la central hidroeléctrica y la planta de tratamiento de agua potable. La autoridad de aplicación en el área protegida es la Dirección de Recursos Naturales Renovables y en su evaluación indica que la generación de electricidad y la planta de efluentes propuestas no se ajustan a los objetivos del área, por lo que considera no aprobar su construcción. El agua que pretenden utilizar es del cauce de los arroyos, provocando terribles daños aguas abajo y a todo el entorno de la zona, sumado a que puede agravar la crisis hídrica, afectando otras actividades económicas del Valle de Uco.
No olvidemos que esta misma empresa ya fue multada en 2016, por iniciar obras en el sitio sin permiso alguno, y el pasivo ambiental jamás fue remediado, ya que esa construcción sigue en el lugar. La autoridad de aplicación debió hacer cumplir el artículo 38 de la ley 5961, y “disponer la demolición de las obras realizadas en infracción, siendo los costos y gastos a cargo del transgresor”, dada la gravedad del asunto, porque había presunción del daño ambiental dentro de un Área Natural Protegida.
Este tipo de megaproyectos es tan extractivo, contaminante y saqueante, como lo es la megaminería, el fracking y demás actividades extractivas desarrolladas a gran escala. No hace falta ir muy lejos para ver casos similares, y verificar lo que sucedió con ellos: el Hotel Plaza de Mulas, Penitentes, Hotel Termas del Sosneado, Vallecitos, Villavicencio, Samay Huasi, Manantiales, que hoy son enormes monumentos de pasivos ambientales.
Es importante contarle toda la verdad a la gente, no solo mostrarle un poquito. La gente necesita conocer todo. Están encubriendo el proyecto para vender espejitos de colores. Este proyecto viola todas las leyes que protegen la Reserva y la Zonificación vigente. Sabemos que otro tipo de desarrollo turístico es posible. Turismo sustentable y amigable para el ambiente.
