Ante la embestida persecutoria del intendente Rodolfo Suárez, cuidacoches de la Ciudad de Mendoza acudieron a la Suprema Corte de Justicia para que el máximo tribunal les asegure el legítimo derecho al trabajo. Recusaron al juez cornejista Dalmiro Garay por no garantizar imparcialidad.
A casi un año de la aprobación de la ordenanza que votaron los ocho concejales radicales de la Ciudad, para expulsar a ciudadanos que se dedicaban a cuidar y lavar coches, la Justicia llamó a audiencia para que su máximo órgano tome, finalmente, cartas en el asunto.
En abril de 2018 el intendente Suárez -flamante precandidato a gobernador- festejó la aprobación de la ordenanza que su Concejo aprobó en modo escribanía. En aquel momento, entre las voces críticas, Laura Chazarreta, referenta de la organización política La Colectiva, impulsó junto a damnificados acciones legales en pos de garantizar el trabajo de cientos de familias que sobrevivían gracias a la posibilidad del cuidado y el lavado de vehículos.
La demanda de inconstitucional fue presentada por los abogados Alfredo Guevara y Guillermo Guzzo. El camino fue complejo ya que buscan que no se coarten derechos de personas en situación de supervivencia, que no cuentan con recursos básicos, como el crédito para moverse en colectivo o líneas telefónicas que les permitan coordinar reuniones para recuperar el trabajo, única fuente de ingresos en un contexto de profunda crisis social y económica.
Cumpliendo con la tradición de romper promesas
La agilidad de la Justicia de Mendoza sigue siendo una promesa para los más vulnerables. Diez meses después del inicio del expediente judicial, la Suprema Corte de Justicia de la provincia llamó a audiencia para informar, entre otras cosas, que el juez Dalmiro Garay, exministro de gobierno de Alfredo Cornejo y activo militante de Cambia Mendoza, sería parte del tándem, junto a los supremos Pedro Llorente y Julio Gómez, que juzgará sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza de su “ex” espacio político.
Ante esta arbitrariedad manifiesta, el abogado Alfredo Guevara pidió que se aparte al juez del gobernador Alfredo Cornejo para evitar así que el magistrado, una de las personas con más responsabilidades políticas de la provincia al momento de la sanción de la norma, tome parte en este proceso de administración de justicia.
Ante el pedido de recusación de Garay por parte del representante legal de los trabajadores informales, la audiencia concluyó a poco de comenzar y el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta que la Sala I de la Corte resuelva la continuidad en el proceso del juez cuestionado.
“En los temas en que participé como ministro me excusaré”, se comprometió Garay en junio del año pasado, en declaraciones a un diario colega. Ayer, adusto, se sentó en el estrado, sin ponerse colorado.
