En plena convocatoria al aislamiento por el colapso sanitario, el gobierno provincial lanzó un simulacro de debate por una nueva Ley de Educación. “¿Si no es ahora, cuándo?”, parafraseó el director general de Escuelas para presentar el marco legal de un proyecto educativo, que en definitiva gerencia Alfredo Cornejo. La opción por los buenos modales, el montaje sobre la necesaria actualización y los anzuelos dispuestos a la tacha, disimulan las verdaderas intenciones de ajuste contra otro bien común: la Educación Pública. “La estabilidad laboral queda supeditada a los resultados de cada docente”, ya anticipó José Thomas, como si el aviso bastara para traicionar el artículo 14 bis de la Constitucional Nacional.
Por Redacción EL OTRO
El mismo ajuste, el mismo espanto
Posted by El Otro Diario on Thursday, September 24, 2020
“Necesitamos el mejor marco normativo para todas las leyes que vengan de la mano”, expresó el lunes pasado José Thomas, director general de Escuelas a una platea de jóvenes de la Unión Cívica Radical, en una jornada de formación, para militar el nuevo proyecto de Ley Provincial de Educación.
No es para nada original. La aseveración es la clave de una propuesta que no es de su autoría, sino fruto de la planificación del proyecto político liderado por el actual diputado nacional Alfredo Cornejo que, hay que reconocerlo, se transformó en el mejor, más confiable y eficaz gerente para aplicar las recetas de los sectores de poder económico locales, nacionales e internacionales. El lanzamiento de la iniciativa, por lo tanto, es inescindible de ese marco y de las aspiraciones presidenciales -por derecha- del presidente de la UCR.
Es cierto que el proyecto, anteproyecto o borrador, como sostienen reiteradamente desde el oficialismo, fue anunciado por el actual gobernador Rodolfo Suarez en su campaña electoral y luego ratificado en su mensaje de apertura del año legislativo del pasado primero de mayo. Aunque no es menos cierto que en las campañas no suele decirse todo, más bien se publicita un compendio de eufemismos. ¿O acaso en el anhelo por modificar la matriz productiva de Mendoza y abrirle paso a la minería se dijo que sería mediante el uso del cianuro?
Cursito del buen neoliberal
Volviendo a la afirmación de Thomas que abre esta nota, es bueno vincularla con algunos de sus conceptos de reforma educativa cuando sustentaba la postulación al cargo que ejerce en la actualidad: “Chile, Perú, Ecuador la están haciendo. ¿Cómo hicieron el cambio? Ascensos según el nivel de desempeño, básico, y nivel de formación del docente; no cursito, sino se tiene un título de grado, un posgrado, un doctorado; promoción horizontal, o sea, vos en la misma carrera siendo docente podés ganar más plata si sos mejor, si tenés mejores resultados; carrera directiva en paralelo a la carrera docente; y sobre todo, que la estabilidad laboral queda supeditada a los resultados de cada docente”. (ver video arriba)
Para esta empresa se necesita, claro está, una ley marco. Lo suficientemente abierta a normas complementarias, atomizando conflictos e incluyendo el dominio sobre el Estatuto del Docente, que moldeen el verdadero paradigma educativo aspirado por la aislada dirigencia cambiemita local, en la búsqueda de su consolidación y proyección nacional de cara al 2023.
Por ello, desde diversos sectores de trabajadoras y trabajadores de la educación advierten que es necesario correr el foco sobre si este es el momento para discutir un proyecto educativo, o si hay que adecuar la ley a las problemáticas actuales, e incluso sugieren no caer en la trampa de la reacción ante el articulado propiamente dicho, como la reciente indignación viralizada en Facebook, Twitter e Instagram acerca de las futuras prohibiciones sobre el uso de las redes sociales por parte de docentes y estudiantes. El problema fundamental no está allí, sino que radica en qué tipo de ley busca el oficialismo y cómo intenta su materialización con los resortes institucionales que ya tiene. Porque su avanzada es de ajuste estructural y no sobre un problema sectorial, es sobre un bien común: la Educación Pública.
El acting de Zoom de Thomas de este martes y la presentación virtual de Suarez de ayer, clausurada a comentarios, desnudan la falacia del diálogo y el consenso, en el deseo de “construir entre todos la mejor ley” y los presuntos buenos modales del actual mandatario. Más bien hay que hurgar en los antecedentes de este proyecto que, como mencionamos, se viene planificando y ejecutando sin pausa en los últimos años. Los ataques a la Educación Pública por parte del oficialismo han sido sistemáticos y numerosos: ítem aula y ajuste salarial, cierre de aulas y carreras, promoción de la modalidad Varkey, falta de infraestructura, reducción del presupuesto educativo y una lista de etcéteras.
Simulacro de tensión
El modus operandi del ajuste en Mendoza es sobradamente conocido -y sufrido- por las trabajadoras y trabajadores de la educación. A través de los medios de comunicación pautados por el gobierno, ya se comenzaron a deslizar la estigmatización, el ñoquismo, la productividad y coso, para agitar prejuicios y odio, ese verdadero consenso que el Ejecutivo busca en su base social para la avanzada.
Los obstáculos para el oficialismo provienen justamente de cuál será la dimensión en la defensa o negociación de este bien común. Ya que la mayoría legislativa y la suma del poder público perfectamente le alcanzarían para aprobar la ley y eventualmente atajar reclamos ante un Poder Judicial diseñado por Cornejo.
Pero el antecedente de la pueblada contra la ley cianuro está muy fresco, y aún resuena en los principales despachos de la dirigencia política y empresarial mendocina. Por eso quizá esta estrategia dialoguista, constructiva y plural que promociona el gobierno, montada en polémicos artículos prestos a ser moneda de cambio. Por eso también el instantáneo despegue del Frente de Todos que todavía no cicatriza las quemaduras con leche.
Las primeras reacciones a esta nueva intentona parecen germinar en una ascendente y compactada resistencia social, que excede a los y las trabajadoras de la educación. Resta comprobar si el oficialismo aprieta el acelerador y se arriesga con la fuerza de su mayoría, o vislumbra otra derrota política en las calles de Mendoza y baja la marcha para no comerse de nuevo la curva.
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