Con la escena electoral en ciernes, Rodolfo Suarez apostó a su lapicera roja para neutralizar el conflicto salarial con los y las trabajadoras públicas de la provincia. La arbitrariedad se tamizó en  vidriosos acuerdos con gremios débiles y condicionados, y fue desparramada a través de las repetidoras mediáticas pautadas, vociferando un engañoso 42% de incremento promedio para este año. Aunque omitiendo que la más reciente devaluación salarial del sector público se remite a un 2020 con 36% de inflación sin aumento alguno y, que en lo que va del 2021, el alza se restringe al 7% ejecutado en el mes de marzo y las 6 cuotas de 4 mil pesos del bono “en negro”, muy distantes del 26,2% acumulado hasta junio del índice de precios al consumidor. A pesar de un último lance por reconciliar al “esencial” sector de la salud con otra insuficiente bonificación en negro, la tensión recrudece y este miércoles sonó otro caravanazo estatal que desembocó en Casa de Gobierno.

Por Redacción EL OTRO

Foto de archivo: Seba Heras

Respetuoso de los métodos y lineamientos políticos del proyecto cambiemita que integra, el gobernador Rodolfo Suarez selló mediante un decreto otro ajuste sobre los salarios de las y los trabajadores estatales. Lo hace con cierto respaldo. No solo heredó una provincia endeudada y con índices socioeconómicos en debacle. Aprovecha también ciertas condiciones instauradas por su antecesor y jefe, que con la perorata de la “buena administración” y el “orden de las cuentas” demonizó al Estado, sus trabajadores y trabajadoras y a sus respectivas representaciones gremiales para justificar el plan de ajuste.

La estratagema pro-radical contaba con un desgaste preexistente que la elite local propaga sistemáticamente y engloba como “mendocinidad”. La degradación de las representaciones gremiales calzaron como yapa en ese proceso. Sea por impericia, simpatía ideológica y/o conveniencias particulares ante carpetas acuciantes, el exgobernador Cornejo logró postergar a las y los trabajadores estatales en su modelo distributivo. Embanderado con el ítem aula, habilitó institucionalmente la concepción panza arriba, holgazana e ineficiente tan promovida por sus dueños.

Foto de archivo: Seba Heras

Sobre esa base navega el actual gobernador, que repite método y criterio. Aunque en circunstancias inesperadas, al filo de la campaña electoral y la pesada herencia económico-financiera, Suarez apeló al decretazo para clausurar la creciente conflictividad con las y los trabajadores estatales, notoriamente relegados en su poder adquisitivo.

Con una inflación acumulada del 26,2% en lo que va del 2021, el 20% de aumento pactado a principios del año consistente en tres cuotas no acumulables a pagarse 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre, más un bono de 54 mil pesos en negro, distribuido mensualmente, devino en ineludible revisión.

Foto de archivo: Seba Heras

Corrección cosmética que el gobierno estipuló e impuso en un 9% adicional, agregando 5% en la cuota de julio y 4% en la de octubre. Es decir: recién en octubre de este año, las y los trabajadores estatales alcanzarán un 29% de aumento respecto al salario percibido en diciembre de 2019. Pues los aumentos cuotificados no son acumulables, sino referenciados sobre aquella base salarial.

Sin embargo y por milagro de las matemáticas, el oficialismo publicita su generosidad en torno al 42% promedio. El engaño se sustenta en un caprichoso y muy dispar cálculo del bono en negro que liquida mensualmente y al adicionar linealmente un porcentaje que se reparte en tres cuotas, la última a cobrar casi cuando esté culminado el año.

Foto de archivo: Cristian Martínez

La mala fe en la negociación demostrada por el Gobierno fue tan elocuente que suscitó la comunión y el intento de resurrección de la mayoría de los gremios estatales, que amenazan la siempre anhelada paz social de las postrimerías electorales. A excepción de la excombativa Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la siempre dispuesta Uniòn Personal Civil de la Nación (UPCN), que lubricados en las mieles del mecanismo de “solidaridad” hasta se prestaron como catalizadores en la redacción del decreto firmado por el gobernador. Lo que reportará el 1,8% de la masa salarial acordada en las cajas de las conducciones dialoguistas, a partir de descuentos legales que el Ejecutivo realizará en los recibos de sueldos de los estatales no sindicalizados.

 

“Por más que en este momento pongás el 100% en tu sueldo no te va a alcanzar, porque nosotros tenemos que arreglar nuestra situación y condición laboral, y eso se arregla en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo”, justificó el secretario general de ATE, Roberto Macho, en un audio de guasap que recibieron, entre otros, trabajadores y trabajadoras de la salud quienes soportan sobre sus espaldas la profunda crisis sanitaria, económica y social.

 


 

Intentando fragmentar este frente, que producto de la pandemia y consecuente estimación social protagonizan los y las trabajadoras de salud, el gobernador comunicó a través de su cuenta de tuiter el pago de un bono de 28 mil pesos en cuatro cuotas desde el mes de agosto, que inmediatamente fue rechazado por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS).

AMProS y SUTE en la movilización de ayer | Fotos: Gentileza

La limosna no logró impedir una nueva protesta intersindical estatal que, más allá de sus respectivos planes de lucha, confluyó ayer en un “caravanazo” en Casa de Gobierno. Sin embargo, las agachadas y debilidades de las conducciones gremiales para interpelar a sus bases y construir el proceso hacia un paro general, colocaron a la oficialista e incondicional AMProS como principal fuerza de la movilización de este miércoles, en contraste con la total ausencia y silencio de las centrales obreras y la  escasa convocatoria del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). El sindicato de trabajadores públicos más importante de Mendoza apenas fue representado por un puñado de miembros del Secretariado Ejecutivo y delegados que, al igual que los profesionales de la salud, recurrieron al apoyo y solidaridad del pueblo mendocino y al infalible “toque bocina”.

Sin despeinarse, Suarez decreta otro ajuste a lo Cornejo sobre los esenciales.

 

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