El pago de $60 mil que la Provincia otorgó a los empleados públicos, por la devaluación pos PASO, excluyó a dos grupos: quienes perciben más de $400 mil y los precarizados en todas sus modalidades. Este último segmento, además de estar excluído de los derechos que establecen leyes y convenios laborales, fue marginado en los últimos años de los acuerdos salariales y, por consiguiente, sufre un profundo deterioro en sus ingresos.
Por Juan Sajor
El Gobierno de Mendoza emplea de manera informal, bajo distintos modos de contratación, a por lo menos 3.000 trabajadores dentro de la órbita estatal. Este sector, compuesto por agentes que brindan servicios en diversas áreas, subsiste al margen de la legislación laboral, los convenios homologados y los derechos acordados con los sindicatos.
La suma extraordinaria de $60 mil, que la Provincia transfirió recientemente a sus empleados con el objetivo de paliar el impacto que ocasionó la devaluación pos PASO, eludió a los contratados, consagrándose de este modo una injusta costumbre.
El decreto que habilita el pago de la suma no remunerativa precisó con claridad quienes serían los beneficiarios de este bono, en razón de un límite salarial: “Alcanzará a todos aquellos agentes que al 31 de agosto de 2023 hayan percibido un salario neto, menor o igual a $ 400.000”. Aunque no de manera explícita, la letra de la norma solo abarca a las y los estatales de planta permanente y, por tanto, excluye a las y los contratados que no recibieron nada el pasado 14 de septiembre.
El bono quedó entonces a expensas de la voluntad política, como viene sucediendo con la mayoría de los acuerdos paritarios que fijan salarios y condiciones de trabajo. Para las y los contratados los aumentos se establecen por decreto. Así, por ejemplo, en abril de este año, el gobernador Rodolfo Suarez fijó para este sector una suba del 60% para todo 2023. Lo que representa, por un lado, 30% menos que lo acordado con los agentes de planta que, con los últimos acuerdos, llegarán al 90%; y por el otro, 60 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para 2023.
Goleada histórica
En el 2022, el decreto del gobernador estableció para los contratados y prestadores de servicios un aumento en tres cuotas: 20% en abril, 8% en agosto y 10% en noviembre, calculados sobre los “honorarios” del mes anterior al de cada aumento. En tanto, se los marginó del pago del bono de $25 mil que se convino a fin de año, a pesar de que la inflación anual acumulada fue del 95%.
En el 21, a través del decreto 92/21, se estableció un aumento del 10% para todos. Sin embargo, a lo largo de los 12 meses la inflación significó 51% de aumento. Es decir: quintuplicó la suba salarial establecida.
Respecto a 2020, los precarizados, como el resto de los trabajadores de la Provincia, no recibieron un centavo en concepto de recomposición salarial.
Es así que, cuando finalice 2023, la inflación acumulada en los últimos cuatro años será del 300%, aproximadamente. Mientras que, en ese mismo período, las y los contratados por el Estado provincial habrán percibido incrementos salariales equivalentes a 110%.
Estado de informalidad
Es complejo llegar a la cifra exacta de trabajadores precarizados en relación de dependencia del Estado mendocino. Los organismos públicos esconden el número real y los sindicatos se manejan con cifras difusas. Según el CEM (Consejo Empresario Mendocino), la provincia en 2022 reportó 80.609 empleados de planta y 1.255 contratos directos. Por su parte, ATE Mendoza contabiliza entre sus afiliados alrededor de 1.600 trabajadores estatales en modalidades de contratación indirecta. Es decir, que en total se podrían computar unos 3.000 agentes en situación de informalidad laboral.
En este sector conviven, entre la informalidad y la tercerización, personas registradas en planta transitoria, prestadoras de servicios, contratadas bajo los sistemas de locación de servicios y de obras, contratos programas, becas pasantías, talleristas, trabajadores bajo la figura de convenio, etc. En muchos casos con más de 10 años de antigüedad.
Quienes están bajo esta figura popularmente conocida como contrato basura, que no son ni más ni menos que contrataciones en fraude sistemático a la legislación del trabajo, quedan marginados de los derechos laborales reconocidos por la Constitución Nacional, como seguridad en riesgos de trabajo, estabilidad, pago de vacaciones, aguinaldos, licencias por enfermedad, etc. Además, estos trabajadores y trabajadoras figuran ante los organismos fiscales y previsionales como autónomos, irregularidad que los obliga a facturar honorarios y a pagar su jubilación y obra social, e impuestos provinciales que se descuentan sobre sus magros ingresos brutos.
Sin representación sindical ni leyes que los defiendan, las y los estatales vulnerados transitan condiciones sumamente inestables y frágiles, bajo dependencia de un empleador resuelto a ser un actor más -dentro del universo de empleadores- que precariza una mano de obra tan esencial como barata.
