Entre 2016 y 2022 las y los trabajadores mendocinos perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo, y se prevé que al finalizar este año sus ingresos caigan a la mitad del poder de compra que tenían en el año 2015. Estas conclusiones forman parte de un informe del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA) en el que, además, se dimensiona el impacto del modelo de ajuste del Gobierno sobre el bienestar de la clase obrera: en solo 6 años Mendoza se convirtió en una de las cuatro provincias que peor les paga a sus trabajadores.
Por Negro Nasif
“Faltan docentes y las escuelas no consiguen reemplazos para cubrir suplencias”, informó el portal MDZ el pasado 11 de mayo, mediante un artículo de la periodista Laura Fiochetta que describió las graves dificultades del Estado para incorporar profesionales de la educación en diferentes niveles del sistema público.
Entre 100 llamados para cubrir puestos de trabajo calificados, el caso más sorprendente fue el de la escuela Nuestra Señora de las Nieves donde, tras 25 convocatorias, no se consiguió maestros o maestras que estuviesen dispuestos a trabajar en ese establecimiento. La razón fundamental: las bajas remuneraciones ofrecidas por el Estado.
El fenómeno no es nuevo, aunque sí invisibilizado por el cerco mediático que protege al oficialismo. Basta recordar el dramatismo sufrido por cientos de pacientes, durante varios meses del año pasado, cuando los servicios de Anestesiología de los hospitales públicos mendocinos estuvieron paralizados, a causa de una renuncia masiva de médicos especialistas que dejaron sus cargos debido a “la falta de actualización de honorarios acorde a la situación inflacionaria actual”. El gravísimo conflicto generó, primero, un intento de “ley de trabajo forzado” bajo la amenaza estatal de quita de matrículas y, luego, un significativo incremento salarial para los 50 profesionales que habían dado el portazo y que, finalmente, retornaron a los quirófanos.
La torpe instalación mediática de “panza arribas” para descalificar a las trabajadoras y trabajadores de la educación y la ridícula denuncia de “extorsionadores” destinada a estigmatizar a las y los médicos, resultaron diagnósticos nefastos para explicar las razones profundas del deterioro de los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Frente a estas simplificaciones, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA) dio a conocer recientemente el informe “Los Salarios y las Finanzas Públicas Provinciales. 2016 -2023”, el cual aporta un análisis de datos oficiales como marco de comprensión de una verdadera debacle del poder adquisitivo del salario, en los sectores público y privado, durante los años de gestión de la alianza Pro-UCR en Mendoza.
En el apartado “Evolución del Salario Real Público Provincial”, el estudio de SiTEA demuestra, comparando el crecimiento salarial con la evolución de los precios de la economía, cómo cayó el poder de compra de los estatales desde 2016 a la actualidad. Los índices de precios y los resultados de las paritarias evidencian que los salarios perdieron poder adquisitivo en 6 de los 8 años analizados.
Señala el informe de manera gráfica y lapidaria: “El análisis acumulado nos muestra que entre 2016 y 2022 les trabajadores perdieron un poco más de un tercio de su poder adquisitivo. De cada 100 cosas que podían comprar a fines del año 2015, a fines del año 2022 podían comprar solamente 65. A su vez, durante el 2023 las proyecciones indican que, lejos de revertirse la situación, la caída del poder adquisitivo va a profundizarse. Si se cumple la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Gobierno no mejora la oferta del 71% realizada hasta la fecha, al finalizar el 2023 los ingresos de les trabajadores van a tener la mitad del poder de compra que tuvieron en el año 2015. Es decir que, si tienen el mismo trabajo que hace 8 años, con las mismas responsabilidades y cumpliendo la misma cantidad de horas, con sus salarios van a poder comprar solamente la mitad del pan, la mitad de la leche, la mitad de ropa que a fines del 2015”.
Respecto a la “Evolución del salario real promedio nacional” y el “Nivel salarial mendocino en relación al de otras provincias”, las conclusiones de SiTEA contradicen el discurso dominante sobre la presunta singularidad del modo Mendoza.
Los datos oficiales reflejan una importante caída del salario en términos reales en todo el país, desde 2015 hasta la fecha. Los sueldos del sector privado registrado en Argentina, en promedio, han disminuido un 20% de su poder adquisitivo entre 2016 y 2022, en tanto que en el sector público el descenso fue de 24%. Ahora, si se desagregan los salarios públicos provinciales se observa una caída promedio de 35% que, para el caso específico de Mendoza, representa un derrumbe aún más significativo.
“En el 2015, Mendoza era la octava jurisdicción en pagar los mejores sueldos, mientras que en el 2021 bajó al puesto número 21. Es decir que en solo 6 años se convirtió en una de las 4 provincias que peor les paga a sus trabajadores, junto con Jujuy (22), Santiago del Estero (23) y la Rioja (24)”, puntualiza el informe económico del sindicato estatal, en el que se agrega: “Mientras que en el año 2015 nuestra provincia pagaba sueldos 9% más altos que la media nacional, en el año 2021 pagó salarios un 14% más bajos que el promedio de las 24 jurisdicciones subnacionales. Si observamos solamente lo ocurrido entre 2016 y 2021 nos encontramos con que Mendoza es la segunda provincia que más ajustó el poder adquisitivo de sus trabajadores, siendo solamente superada por Tierra del Fuego; con la salvedad que la provincia austral era la que mejores sueldos pagaba a nivel nacional en el año 2015 y pasó a ser la tercera en el año 2021, mientras que Mendoza pasó de ser la octava a ser la vigésimo segunda. A su vez, si analizamos la evolución de la masa salarial total (donde influye no solamente el nivel salarial sino también la cantidad de trabajadores) nos encontramos que Mendoza es la provincia que más recortó su inversión en personal durante el período 2016-2021”.
En su último discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Rodolfo Suarez sostuvo que “en materia de empleo genuino, nos hemos propuesto crear una verdadera política de Estado capaz de brindar igualdad de oportunidades mediante la educación y el trabajo digno, estable y en blanco”. Más allá del relato de lo “genuino” para establecer una supuesta superioridad cualitativa del sector privado sobre el público, los datos contradicen las palabras del mandatario: desde 2015 a 2022, el salario privado registrado promedio de Mendoza pasó de ocupar el lugar número 14 del ranking nacional, al lugar número 18.
En contraste con el descarrilamiento de las condiciones laborales y salariales, los registros contables de las arcas públicas arrojaron saldos positivos. Sin embargo, este presunto superávit “no se logró mejorando los ingresos del Estado (que de hecho disminuyeron frente a la inflación), ni haciendo una utilización más eficiente de los recursos -plantea SiTEA-. Este ‘ordenamiento’ se consiguió aplicando un ajuste permanente a les trabajadores del Estado, lo que nos ha generado un costo cuya dimensión aún no hemos alcanzado a percibir del todo. Bajo el lema de ‘tengamos superávit, que lo demás no importa nada’ se ha puesto en riesgo derechos sociales de lo más esenciales, tales como la salud y la educación”.
“Si bien la lógica de que los ingresos del Estado deben ser siempre mayores que los egresos puede sonar muy armónica al oído del sentido común, se contradice con una de las más elementales normas económicas y políticas: nunca una estrategia es válida en todo lugar y en todo contexto. Nunca, por lo menos, si el objetivo es mejorar el bienestar de nuestro pueblo”, concluye el informe.
