El equipo de Cornejo en el área seguridad no logra revertir la sensación de vulnerabilidad ante el delito que expresa una buena parte de la sociedad mendocina. La encerrona del discurso punitivista conduce a confundir que mayor cantidad de presos devendrá en menos crímenes. Errores de diagnóstico y justicia para ricos.
Fotos y video: Prensa Gobierno de Mendoza
Las/os más memoriosas/os recordarán las andanzas de Jonathan “Jon” Baker y Francis “Ponch” Poncharello en “Chips, patrulla motorizada”, aquella serie en la que los protagonistas llevaban cierta tranquilidad a la población californiana gracias a sus persecuciones y rescates. Los últimos envíos audiovisuales del Ministerio de Seguridad de Mendoza, parecen tomar aquel modelo de espectacularidad, en el marco de la #RevolucionDeLoSencillo.
El mismo gobernador se encarga de promocionar las piezas propagandísticas desde sus cuentas en redes sociales. La última saga consta de 3 videos de 27 segundos cada uno y alardea en torno al equipamiento policial de última generación incorporado recientemente: identificador de huellas digitales, rostros y patentes de vehículos de manera respectiva. La tecnología, explican, “es para brindar mayor precisión en la prevención y el control del delito”, para una policía acostumbrada a métodos poco científicos, como la detención por simple “portación de rostro”.
Prácticamente nadie podría criticar que se equipe más y mejor a las fuerzas de seguridad, pero sí es posible cuestionar su criterio de utilización o exigir una dosis de coherencia: tanta vanguardia no se corresponde con otras condiciones de la infraestructura de la seguridad, llámese condiciones de trabajo del personal del sistema, hacinamiento en las cárceles o que en una fiscalía tomen una denuncia con una PC que enciende a partir de la tracción a sangre de un hámster.
Todo este equipamiento llega en el marco de la llamada legislación de “Emergencia en seguridad”, producto de una entente formal que utilizan los gobiernos para el manejo discrecional del presupuesto y la agilización de las compras, ambas acciones garantes de muchos y rentables negociados. El gobernador Cornejo conoce bien esta figura a partir de su experiencia como ministro de Seguridad bajo la gestión provincial de Julio Cobos. De hecho, siempre se comparó su metodología implantada en aquel fugaz e ineficiente paso por la cartera con la posterior administración del peronista Carlos Ciurca. Sobre todo en eso de manejar presupuesto en emergencia sin control y “regular” políticamente la narcocriminalidad.
Cuántos pares son tres botas
Quizá tanta publicidad oficial se deba a que cíclicamente la seguridad está al tope de las demandas sociales en Mendoza y la demagogia no tarda en caer. Pero lo cierto es que llegando al año y medio de gestión y confiando la seguridad de todas/os las/os mendocinas/os al Instituto de Altos Estudios en Derecho Penal, aún no hay resultados oficiales publicados formalmente. Ni buenos ni malos. La página de la Procuración continúa registrando como último dato lo sucedido en el año 2015, mientras que la DEIE estira su promesa de sistematizar la estadística del último tiempo.
Para acallar este vacío, pauta publicitaria pactada mediante, el procurador Alejandro Gullé anticipó cuando cerraba abril un contundente éxito de su gestión. Por la pantalla de Canal 7 de Mendoza, en horario central y durante media hora, el jefe de los fiscales comparó cifras de un período de su gestión con el pasado reciente.
Según los números del amigo y correligionario de Cornejo, existe una significativa disminución del delito a partir de su gestión, animándose a asegurar, por ejemplo, una reducción de 40% en robos simples (sin armas), un descenso del 44% en hurtos simples, o un retroceso del 32% en homicidios, todos resultados registrados en la primera circunscripción judicial, que abarca los departamentos del Gran Mendoza y Lavalle.
En el debe de Gullé se encuentran la portación de armas de fuego y el abuso sexual, ilícitos que se incrementaron en un 20% y 14% respectivamente.
La clave del éxito, según el funcionario, radica en que desde que está en funciones, Mendoza cuenta precisamente con “1150 detenidos que fueron trasladados al penal”. Estas cifras difundidas por el procurador se acercarían a la derrota definitiva del hampa, ya que se estaría superando el 50% de aquella meta propuesta por el gobernador Cornejo de “ir a buscar a los 2.000 delincuentes que hay en Mendoza a sus guaridas”, sino fuera porque ese cálculo se dio en tiempos de campaña electoral.
Cambiar, lo que se dice cambiar…
Cabe preguntarse, si damos crédito a las estadísticas de Gullé, ¿por qué persiste la sensación de que nada cambia en términos de seguridad a pesar de contar con tanto equipamiento tecnológico, prisiones preventivas y delincuentes privados de la libertad?
Con 38 años de desempeño en el derecho penal, Gullé sin querer contradice sus logros y admite que vincular cantidad de presos con disminución del delito es un argumento débil: “Para que el fiscal detenga a una persona acusada de un delito y le pida la prisión preventiva y lo deje detenido, basta con que logre un nivel de convicción de sospecha, es una probabilidad de que la persona es culpable, pero luego un tribunal tiene que tener la certeza absoluta”. El caso de Nélida Rojas, la referente de la organización Tupac Amaru ejemplifica este accionar descripto por el fiscal de fiscales.
También lo explica claramente Ileana Arduino, abogada integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, quien asegura que “el nivel de eficacia de la detención policial por averiguación de antecedentes para la detección de delitos es del 0,3%”, por lo que “esa política no tiene nada que ver con la seguridad, es una política de control de población, de criminalización constante de excedente, hasta con una estética cada vez más militarizada”.
Además lo demuestra el accionar de una justicia clasista e hipócrita: la prisión preventiva y sanción recaen en definitiva sobre algunos sectores sociales. Ex ministros y periodistas militantes golpeadores, funcionarios y rugbiers abusadores, empresarios y dirigentes corruptos se pasean exentos de castigo y en libertad, a pesar de abultar cada vez con mayor frecuencia y brutalidad el nuevo “mapa del delito” en Mendoza.
