Finalmente, la jueza Beatriz Salvini hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por 33 madres de niñas y niños de la institución ubicada en la histórica Escuela Hogar Eva Perón. El fallo judicial obliga a la Dirección General de Escuelas a que, en el término de 20 días, proceda “a la reapertura del Jardín Maternal Evita, con los mismos servicios que brindaba”. Para la Justicia, la clausura arbitraria ordenada por el titular de la DGE, José Thomas, y la directora de Gestión Social y Cooperativa, Beatriz Della Savia, afectó derechos humanos esenciales que debe garantizar el Estado. Un freno de verdad y lucha contra el vaciamiento sistemático de la Educación Inicial.

Por Negro Nasif

Marcelo Venier, abogado de las amparistas. Foto: Coco Yañez

Pasadas las 14 horas de este lunes, el Tercer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, notificó a Marcelo Venier, abogado de 33 mujeres de la comunidad educativa del Jardín Evita, que la jueza Beatriz Salvini resolvió “hacer lugar parciamente” a las medidas cautelares solicitadas por las madres de las niñas y niños que fueran desalojados, durante los primeros días de abril pasado, del edificio de la Escuela Hogar Eva Perón de Capital. (Leé la resolución judicial completa aquí)

En consecuencia, la magistrada ordenó la suspensión de la Resolución 08-2022 dictada por la Dirección General de Escuelas, que dispuso el cierre del jardín maternal; y obligó al Gobierno Escolar a que, “en el término de veinte días, proceda a arbitrar todos los medios necesarios, por intermedio del organismo que estime corresponder, para proceder a la reapertura del Jardín Maternal Evita, con los mismos servicios que brindaba”.

Los únicos privilegiados

Foto: Coco Yañez

En los fundamentos de su resolución judicial, la jueza Salvini consideró que las y los niños del Evita se encuentran amparados por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

“Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia”, sostuvo la magistrada, quien además destacó: “Como vemos, un jardín maternal es una institución educativa que se encarga de atender las necesidades integrales de los niños desde los 45 días de vida y hasta los 3 años de edad. Además del cuidado de los niños, en dicho jardín se lleva adelante una importante función social de contención y de desarrollo de las infancias. Es que el mismo atiende al desarrollo integral de la personalidad de los niños; favorece el proceso de socialización de los más pequeños y el de adquisición de diversos hábitos y actitudes”.

Foto: Coco Yañez

Salvini entendió “que existen razones de urgencia que justifican la procedencia de la medida cautelar incoada. En efecto, en las presentes actuaciones se encuentra comprometido el derecho a la educación de los menores, al tiempo que también se vislumbra un posible perjuicio a las madres de los mismos en cuanto a la organización personal de sus respectivos trabajos”.

“Ante tal delicada situación y de no acogerse en forma inmediata la medida impetrada, podría producirse un agravio irreparable en el caso de que, hipotéticamente, en la sentencia a dictarse, fuera reconocido el derecho de los amparistas”, sostuvo la magistrada.

Vuelve el Jardín

Foto: Cristian Martínez

A partir de recibir la notificación de esta resolución, la DGE contará con poco menos de tres semanas para reconstruir las salitas que irracionalmente ya fueron desmanteladas, y “arbitrar todos los medios necesarios” para la reapertura del jardín maternal “que deberá volver a prestar sus servicios”.

Si bien el Juzgado habilitó la posibilidad de reubicación de las y los niños en otros jardines, aclaró que “esta atribución no podrá ser ejercida de manera inconsulta y discrecional, sino que deberá contar con la conformidad expresa de los progenitores”.

 

Responsables del intento de cierre del Jardín Evita. Arriba: Beatriz Della Savia (Foto DGE). Abajo: José Thomas (Foto: Coco Yañez)

 

Por fin, la Justicia puso las cosas en su lugar y cerca de 50 criaturas, de 45 días a 3 años, la mayoría de ellas residentes en barrios vulnerados de la Ciudad de Mendoza, podrán volver a las salitas donde vivieron el proceso de adaptación educativa y sufrieron una expulsión sorpresiva, decidida por funcionarios tan insensibles como incapaces.

Ojalá que la lección sirva para que el Gobierno de Mendoza abandone su maldita costumbre de cerrar jardines maternales, y abra las puertas de par en par del sistema educativo para que nadie quede afuera.

 

 

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