Desde hace unas semanas, EL OTRO viene difundiendo la ofensiva neoliberal del gobierno de Rodolfo Suarez contra salitas maternales de los Servicios Educativos de Origen Social (SEOS). Primero informamos sobre la gran incertidumbre que vive por estos días la comunidad educativa del Jardín Evita ante el cierre de ese establecimiento al que asisten 48 niños y niñas de seis meses a tres años. En la misma línea de violación de derechos garantizados por la Ley Nacional de Educación, el sindicato ATE comunicó este lunes que “desocupará” el edificio del Jardín Locos Bajitos, que pasaría a manos de la Municipalidad de Guaymallén. Desde el 2016, la gestión Cambia Mendoza cerró doce SEOS y obligó a las municipalidades a hacerse cargo de otros seis. Este diario entrevistó a integrantes de comunidades educativas y a una dirigenta sindical de SADOP, quienes resisten el ajuste en el sector. Más de 30 madres presentaron amparos judiciales para frenar la clausura del emblemático Evita.  

Por Milagritos Contreras y Negro Nasif | Fotos: Cristian Martínez

El 23 de marzo este medio daba a conocer que la Dirección General de Escuelas (DGE), conducida por José Thomas, decidió cerrar el Jardín Maternal Evita, que se encuentra ubicado en la histórica Escuela Hogar Eva Perón, bajo la excusa de presuntas “irregularidades” administrativas. La comunidad educativa fue notificada de la decisión de manera informal por medio de Marcelo Jury, presidente de la Fundación Cachypum, la cual estaba a cargo de la administración de ese SEOS. En este caso son casi 50 niños y niñas que se quedarían sin recibir la educación correspondiente de Nivel Inicial, tal y como lo establecen los artículos 20 y 21 de la Ley 26.206 de Educación Nacional.

No conformes con esta medida, el lunes pasado la comunidad educativa del Jardín Maternal Locos Bajitos de Dorrego se llevó la misma sorpresa, ya que fueron notificados por la institución intermediaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de que ese sindicato dejará de administrar dicho jardín para pasarlo a manos de la Municipalidad de Guaymallén.

Foto: Cristian Martínez

Muy livianamente, la organización conducida por el dirigente sindical oficialista Roberto Macho, dio a conocer la noticia 48 hs antes de la clausura del jardincito, ya que deben “desocupar” el 1 de mayo las instalaciones de este SEOS.

Ambas casos se suman a más de una decena de cierres que se han concretado en los últimos años bajo la gestión de la alianza UCR-Pro. Cercenamientos que no sólo dejan de lado la educación e inclusión social de niños y niñas que asisten a las salitas maternales, sino que también perjudica a docentes desempleadas por estas políticas de ajuste, implementadas sin pausa por un gobierno que se muestra implacable ante las infancias, las mujeres, las diversidades, las adultas y los adultos mayores, en contraste con el buen trato que reciben sectores económicos.

Ajuste y feminización de la pobreza van de la mano

Foto: Cristian Martínez

El viernes pasado, mamás que envían a sus niños y niñas al Jardín Evita, ubicado en instalaciones del Parque General San Martín, se manifestaron en contra de la medida tomada por parte de la DGE. Cerca del mediodía, se concentraron en el edificio de la Escuela Hogar Eva Perón para, posteriormente, marchar y cortar media calzada de la rotonda Monseñor Orzali, exigiendo que sean escuchadas por las autoridades tanto a nivel municipal como provincial. Al momento, ni siquiera Ulpiano Suárez, intendente de Capital, ha dado respuesta ante el pedido desesperado de la comunidad educativa.

Con total certeza, se trata de un recorte que acrecienta el promocionado superávit fiscal y transfiere riquezas a los bolsillos de los sectores privilegiados, a costa de la feminización de la pobreza y el hambre de las y los más débiles.

Ricardo Nasif |

Romina Moyano, es una de las mamás que lleva diariamente a sus niñes al Jardín Maternal Evita, en diálogo con EL OTRO relata lo caótico que sería para su familia si estas salitas cerraran definitivamente sus puertas: “En mi caso tengo tres hijos, pero asisten al jardincito dos niños; uno de ellos es especial, es hiperquinético, tiene problemas de déficit de atención. Para mí el jardincito es de gran ayuda porque realmente cuesta mucho tener a los tres en casa, es un gran beneficio sobre todo para él que es especial, ya que lo aleja bastante de la problemática de la casa, lo distrae muchísimo”.

Según sostiene Romina, desde la Fundación Cachypum, a cargo de ese SEOS, les notificaron que debían “reubicar” a las niñas y niños, pero hasta ahora ni la DGE ni la Municipalidad de la Capital toman cartas en el asunto para garantizar la continuidad del proceso educativo de sus hijas e hijos: “Nos avisaron sobre la hora, no hay tiempo de inscribirlos en ningún otro jardincito. Además las personas que traemos a nuestros hijos provenimos de barrios populares; como el barrio San Martín, el Olivares, La Favorita. La verdad es que los chicos ya están adaptados, hay madres que además trabajan fuera de sus casas, que no tienen donde reubicar a sus hijos”.

Ulpiano Suarez, intendente de Capital. Foto: Coco Yañez

Por su parte, la integrante de Periodistas de Argentina en Red (Red PAR) Eva Lorena Pierro, quien, a su vez, es mamá de la comunidad educativa de este jardincito, advierte sobre los costos que implicaría enviar a un niño o niña a un establecimiento privado en la actualidad, a raíz de este inminente cierre: “Si hay que pensar en pagar una guardería, estamos hablando de mínimamente 8 mil pesos mensuales. Obviamente que con las condiciones económicas y laborales que estamos teniendo los ciudadanos en general, eso ha quedado reducido a muy poca gente. De hecho cerraron muchísimas guarderías en la pandemia, justamente porque son inaccesibles. El Gobierno tiene un deber indelegable que es garantizar la educación, y eso se está violando con esta medida”.

“Quienes maternamos sabemos lo complejo que es cumplir con las múltiples tareas de cuidado, además de trabajar fuera de casa, y tener un espacio al margen de estas numerosas responsabilidades”. Así lo explica Eva, quien hace años decidió conformar una familia monoparental, y agrega: “A mí me pasa que al ser docente de Nivel Medio no doy clases todos los días exactamente en el horario en que mi hijo asiste al jardincito, pero ese es el momento en que hago trámites, en que resuelvo cosas pendientes de la casa. A las familias monoparentales la sociedad las tiene que contemplar. Me pasó de escuchar a una persona que dijo que ‘acá venían familias disfuncionales, porque son madres jefas de hogar y madres solteras’. No es disfuncional, estas son las nuevas maternidades y las nuevas familias. Entonces el Estado no solo no contempla esto sino que, además, no tiene en cuenta lo básico, que son los derechos de los niños, que están avalados por normas internacionales”.

“Tenemos el problema, pero también está la solución”

Foto: Cristian Martínez

Hace aproximadamente doce años que funciona el Jardín Maternal Evita, con un horario extendido de 7 a 14 hs, para que muchas madres puedan trabajar, estudiar, realizar distintas actividades y, fundamentalmente, iniciar a las niñas y niños en su educación.

En diálogo con EL OTRO, Nancy Avaroa, docente fundadora de esta institución que educa infancias, recordó lo indispensable que es para muchas familias seguir contando con este derecho: “Hay un núcleo educativo importante en este lugar. Acá hay un CENS, un CCT, un aula de CEBJA para jóvenes y adultos, además de la secundaria y la escuela primaria. Entonces, todo se crea con el fin de contener a las familias del oeste mendocino para que funcione como una escuela hogar”.

Foto: Cristian Martínez

“El 1 de marzo -narra Nancy- le notifican, pero ni siquiera por escrito, a la directora que el jardincito está dado de baja. Lo que dice la resolución es que se cierra porque se venció el comodato y, en segundo lugar, porque la entidad intermedia Fundación Cachypum no cumplió con los requisitos que la DGE pedía. Por último, ahora dicen, y es lo que más nos preocupa a nosotros, que el jardín maternal no puede estar dentro de una escuela primaria. De esto último no tenemos resolución, no tenemos nada escrito, simplemente es una “notificación” informal.

Avaroa resaltó que, además de las familias, serán afectadas las maestras que son quienes desarrollan las tareas de educar y acompañar a les niñes durante las horas de escolaridad: “Las docentes son excelentes, hace 11 años que están trabajando y han sabido mantener el jardín. Tenemos el problema, pero también está la solución: hay una organización social del barrio Flores que sí quiere tomar el jardincito. Entonces, no habría problema en ese sentido si sólo hubiera cambio de la entidad barrial intermedia. Así las maestras y las niñas y niños quedarían en el mismo lugar. Me parece que falta un poco de diálogo, hay otros intereses que exceden realmente a nuestra tarea”.

Amparos judiciales

Captura de pantalla

Frente a este dramático escenario, el abogado Marcelo Venier, en representación de 33 madres de niñes del Jardín Evita, radicó este miércoles tres amparos en el Tercer Juzgado Civil y en el Segundo y Tercer Juzgado de Gestión Asociada Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. (leer aquí, aquí y aquí)

La acción legal contra la Dirección General de Escuelas tiene por objetivo que la Justicia “reconozca derechos de rango constitucional, como son el derecho a la salud, a la nutrición y al desarrollo infantil integral temprano, como así también a la educación y a la protección especial del Niño”.

José Thomas, director general de Escuelas Foto: Cristian Martínez

El abogado de las amparistas solicitó que la Justicia obligue a la DGE a dejar sin efecto la resolución 8/2022, y que se implementen las medidas necesarias para el debido funcionamiento del Jardín en la misma Escuela Hogar Eva Perón.

Los escritos de Venier sostienen que la decisión de la cartera a cargo de José Thomas causan “daños graves e irreparables” a las madres trabajadoras, a las que “no sólo se les priva arbitraria e intempestivamente de la oferta educativa efectuada y concretada”, sino que además el agravio daña a quienes ya “han diagramado sus actividades laborales en base al servicio ofertado y al lugar propuesto”. Razón por la cual el cierre del SEOS pone en peligro los trabajos y, por ende, los ingresos de mujeres que sostienen a sus familias.

Foto de archivo: Cristian Martínez

Frente a la “flagrante violación de los Derechos y Garantías Constitucionales”, el letrado solicitó una “medida cautelar urgente” para que la DGE reasigne los recursos del Jardín a fin de asegurar su continuidad bajo las mismas condiciones, al tiempo que pidió la prohibición de reubicación de les niñes hasta tanto se resuelvan definitivamente estas acciones de amparo.

Locos Bajitos: “Nos avisaron 48 hs antes del cierre del jardín”

Foto: Cristian Martínez

“Sr. Intendente: En el día de ayer, la comunidad educativa del Jardín Maternal SEOS JP 005 Locos Bajitos, ubicado en la calle Eusebio Blanco 1027 del distrito de Dorrego, fuimos notificados informalmente sobre el cierre del jardín donde asisten nuestros hijos. Dicha situación se dio a partir de que la institución intermedia, sindicato ATE, comunicó que dejará de regularizar dicho jardín y pasará a ser un SEOS municipal. El planteo que nos dan es que deben desalojar la vivienda el 1 de mayo del corriente año”, reza parte del mensaje enviado al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, desde la comunidad educativa. “Exigimos –sigue- a las autoridades y representantes del pueblo que tomen cartas en el asunto, que nos permitan continuar en la comunidad educativa del Jardín Locos Bajitos, ya que nuestros niños han pasado el proceso de adaptación, conocen a las docentes, y los padres tenemos una organización familiar”.

Alejandra Piazzeta, mamá del jardincito maternal, dialogó con este diario y se manifestó rotundamente contra el cierre: “Desde la comunidad educativa pedimos una respuesta, que el municipio ponga voluntad política real; que el jardín continúe funcionando íntegramente, con docentes, el cuerpo directivo y con los alumnos, alumnas y los padres. Somos más de 50 familias las afectadas. Esperamos que los medios de comunicación nos escuchen, que alcen nuestras voces, porque lo que no sale en los medios los políticos no lo toman en serio. Hay mucho presupuesto para obra pública, para plazas, cordones, cunetas, pero para educación nada”.

“Van en contra de la Ley de Educación Nacional”

Foto de archivo: Seba Heras

Según informaron desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), hasta el año 2016 nuestra provincia contaba con 381 SEOS, pero en el último tiempo han cerrado 12 y municipalizaron 6. Es decir que, al día de la fecha, 293 dependen de los municipios y 76 están a cargo de fundaciones u organizaciones civiles.

Claramente la Ley de Educación Nacional 26.206, en su artículo 18, establece que “la Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año”.

Foto: Cristian Martínez

Pareciera que hay que refrescarle la memoria a la gestión actual y recordarle que, con el sistemático cierre de SEOS que están llevando a cabo, no está cumpliendo tampoco con el artículo 21 de la ley que establece obligaciones explícitas: “El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de expandir los servicios de Educación Inicial, promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos e hijas, asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población; y regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los niñas y las niñas”.

En diálogo con EL OTRO, María Eugenia Álvarez, secretaria de Educación de Gestión Social y Cooperativas de SADOP, criticó duramente las políticas neoliberales que viene promoviendo la administración de Suarez en perjuicio de la educación del Nivel Inicial: “A partir del 2016, con la política de ajuste del gobierno de Cornejo, se comienza a exigir a los SEOS habilitación municipal, título, examen psicofísico y otras cuestiones relacionas con el legajo de los docentes, que complica o hace imposible el funcionamiento de los jardines”.

Foto de archivo: Cristian Martínez

“A diferencia del resto del sistema educativo donde, por ejemplo, uno puede dar clases sin título, como se da en el caso de docentes con carpeta de antecedentes o postulantes del cuarto llamado de concursos, el Gobierno fijó como requisito obligatorio para docentes de SEOS el título definitivo. Medida que obviamente fue cuestionada por nuestro sindicato”, explicó Álvarez y describió los condicionamientos estrictos que afectaron de manera discriminatoria a las organizaciones de origen social: “Cada asociación tenía que encuadrarse para cumplir ciertos requisitos como, por ejemplo, el de la habilitación municipal, donde se establecían ciertas condiciones que deben tener los edificios y que muy difícilmente un SEOS ubicado en un barrio vulnerado las pudiese reunir, porque precisamente se suelen abrir en viviendas que tienen que ver con el contexto. Entonces, si no te podías adecuar a esas disposiciones te cerraban el SEOS, a diferencia de cientos de escuelas que, si les pidieran la misma certificación, serían también clausuradas”.

Según menciona Álvarez, las políticas de ajuste y persecución van en contra del principio de universalidad que está en la Ley de Educación Nacional: “Este principio dice que, donde haya una necesidad de algún progenitor, progenitora, cuidador o cuidadora, el Estado tiene que garantizar el lugar para poder llevar a los niños y a las niñas. Sin ser obligatorio, tiene que estar el lugar si vos lo llegaras a necesitar. El ajuste va totalmente en contra de lo que establece la ley, porque en cada uno de los espacios del territorio de la provincia, donde se ofrecía este acceso a la educación, se han cerrado jardines y las comunidades se han visto privadas de garantizar este derecho”.

Foto de archivo: Cristian Martínez

“Luego de más de tres décadas de la existencia de los SEOS –prosigue María Eugenia- ya hablamos de un derecho a la educación de los niños y niñas desde los 45 días de vida. Entonces lo que vemos tristemente con este Gobierno provincial es que, por cualquier mínima irregularidad de las asociaciones o las fundaciones, deciden cerrarlos sin respetar, por ejemplo, los convenios que establecen que esa medida drástica se debe comunicar con tres meses de antelación”.

“El Gobierno no reconoce al niño y a la niña como sujetos de derecho, ni sabe lo que necesitan ellos y los adultos que los acompañan. Con estas medidas de cierres sólo están estrangulando a las organizaciones y a las asociaciones para que terminen de colapsar”, cerró la sindicalista.

 

Neoliberalismo al palo: cierran el Jardín Evita

Ajuste en Mendoza: bebés sin cirugías, gobierno con superávit