A partir del mes próximo, 48 niñas y niños -de seis meses a tres años- no contarán con las salitas maternales de la Escuela Hogar Eva Perón. La Dirección General de Escuelas, que conduce José Thomas, resolvió cerrar este Servicio Educativo de Origen Social en el que trabajan nueve docentes. Mientras la comunidad denuncia un nuevo ajuste del Gobierno, la DGE justificó la clausura definitiva apelando a presuntas “irregularidades” administrativas, aunque no precisó cómo garantizará los derechos de niñas y niños vulnerados por esta decisión, ni cuál será el destino laboral de las trabajadoras desocupadas. Sin disimulo, la derecha mendocina no ahorra peso simbólico en sus gestos, y concreta un típico recorte neoliberal, en un jardín con el nombre de Evita.
Por Negro Nasif
Las madres y padres, de los casi 50 niños y niñas que asisten diariamente al Jardín Maternal Evita, se anoticiaron este lunes que sus hijes no contarán, desde el próximo 1 de abril, con el Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) que hasta ahora se brindaba en el edificio de la Escuela Hogar Eva Perón.
En una improvisada reunión de padres y personal, la Fundación Cachypum, encargada de la administración de este SEOS, comunicó que la Dirección General de Escuelas resolvió clausurar definitivamente el jardín que, desde hace más de una década, funciona en las instalaciones del Parque Gral. San Martín de Capital.
Según explicó a EL OTRO la directora María Belén Cabrera, la institución, que próximamente será desalojada, cumple la función social de contener y educar a hijes de mujeres que trabajan o estudian en algunos de los espacios de educación para adultos que funcionan en el mismo establecimiento, de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el núcleo educativo, y de familias de la comunidad. Bebés, pibes y pibas de los barrios La Favorita, Flores Sur, Olivares y San Martín, quienes iniciaron un complejo período de adaptación a mediados de febrero en un lugar que, bajo una cínica paradoja, cerrará el último día de marzo.
(Des)cuida bien al niño
¿Cuál será la suerte de estas niñas y niños de las salitas públicas y gratuitas que ordenaron cerrar los burócratas oficiales? ¿Cómo se garantizarán los derechos de las infancias vulneradas y de trabajadoras desocupadas a la fuerza? ¿Qué se piensa hacer con el histórico edificio de la Escuela Eva Perón?
Hasta ahora, no hay más respuesta que vagas e informales manifestaciones de funcionarios de la DGE y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, quienes prometen “reubicaciones” de personas, aunque sin precisiones de destinos. Como si se tratase de una incierta mudanza de mobiliario, de aquí para allá, de un día para el otro. Una dinámica no muy pedagógica que digamos, máxime si se busca estimular y fortalecer la primera infancia.
Desde la comunidad se denuncia la clausura como parte del ajuste educativo que viene desarrollando el Gobierno de Mendoza. Pero Beatriz Della Savia, directora de Gestión Social y Cooperativa de la DGE, lo niega rotundamente. La abogada, y exrepresentante legal del colegio privado Valentín Bonetti, comunicó a través del diario Los Andes que “el cierre del jardín Evita se debe a una larga lista de irregularidades” y acusó a la Fundación Cachypum de haber desviado fondos públicos.
Más allá de los señalamientos de Della Savia, los que obviamente deberán seguir el curso de las investigaciones administrativas y judiciales que correspondan, lo que no explicó la funcionaria es por qué, de un día para el otro y con total improvisación, casi 50 niñas y niños quedarán privados de derechos esenciales. Tampoco aclaró las razones por las que el Estado no se hace cargo inmediatamente de la administración del jardín, prestando en el mismo lugar los servicios educativos esenciales para proteger de esta manera el interés superior de las infancias. O sea, priorizar lo importante sobre su urgencia por cerrar las cuentas.
¿Muerto el perro se acabó la rabia?
Matar al perro para acabar con la rabia, parece ser el tratamiento indicado por la doctora Della Savia para archivar un expediente. No obstante, suena poco razonable que los servicios públicos deban clausurarse definitivamente en razón de encontrarse “irregularidades administrativas” de una organización civil.
Si se siguiera esta sinrazón, el Gobierno de Mendoza tendría que haber clausurado para siempre, por ejemplo, Vialidad Provincial en 2020, cuando El Tribunal de Cuentas comprobó que el administrador Oscar Sandes cometió gravísimas irregularidades por tres millones de pesos. Solo si recordamos uno de los tantos antecedentes de corrupción recientes.
Pero volvamos al Jardín Evita, sin perros ni rabias. ¿Qué culpa tienen las niñas y niños, trabajadoras, comunidades vulneradas? ¿Qué justificación válida puede esgrimir la DGE para hacer pagar a los más débiles las consecuencias de presuntas irregularidades de otros? La ley del pago de los justos por los pecadores es medieval, nunca será la estrategia republicana de un gobierno que se pretende moderno.
Causalidades
Quienes ya conocen de sobra el modus operandi que Cambia Mendoza aplicó para el desguace del Estado provincial -Casinos, Zoológico, Troles y una larga lista de etcéteras- tienen derecho a sospechar que una vez más el Gobierno utiliza una excusa, un chivo expiatorio, como anillo al dedo para continuar vaciando los servicios básicos, y así desmontar políticas de protección de los sectores sociales excluidos. Esa parte fina del hilo por donde más le gusta recortar al neoliberalismo, de puño de hierro con los débiles y pobres, y manos generosas con los fuertes y ricos.
Para quienes dejaron de masticar vidrio hace rato, esta medida de un gobierno de derechas, cayendo con todo su peso simbólico sobre un jardín maternal con el nombre de Evita, difícilmente pueda ser interpretada como el resultado de una suma de casualidades.
Sin límites, frenos, ni contrapesos políticos, la alianza UCR-Pro se supera a sí misma.
