La CGT puso en juego una vez más la fuerza colectiva de sus gremios para presionar al Gobierno Nacional, con el objetivo de que el presidente Javier Milei detenga su “plan de licuadora y motosierra”, que en tan solo cinco meses profundizó una dramática pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Por Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
La huelga, como toda expresión comunitaria, puede ser analizada desde distintas dimensiones. Sin embargo, cuando se trata de una huelga general lo que sobresale, sobre su carácter social, económico o cultural, es su eminente naturaleza política.
“La huelga general puede ser definida como aquella que tiene por objeto ejercer presión sobre los patronos y el Estado, con carácter de acción política de los trabajadores”, señalaba hace más de 40 años Guillermo Cabanellas, uno de los más prestigiosos juristas del Derecho Laboral en la historia de nuestro país. Esta cita bibliográfica, aunque pueda resultar densa en la inmediatez digital, resulta sumamente lúcida para poner en cuestión la ignorancia que identifica a la adjetivación “política” con un señalamiento degradante.
Es obvio que este jueves la Confederación General del Trabajo desarrolló una acción política, con un impacto contundente en las grandes ciudades de las provincias argentinas y, sobre todo, en la capital del país.
En el Gran Mendoza, EL OTRO pudo constatar de primera mano una adhesión total en la actividad aeroportuaria, que contempló una manifestación de trabajadores aeronáuticos en la Peatonal Sarmiento de la Capital; casi nula actividad de transporte de colectivos de larga distancia y una significativa reducción del servicio de ómnibus urbano y de media distancia.
El paro de camioneros fue casi absoluto, y la banca estatal y privada prestó servicios mínimos, entre ellos el pago de jubilaciones y pensiones; en tanto que las estaciones de servicios tuvieron su actividad habitual.
En cuanto a los servicios brindados por el Estado provincial, según los datos oficiales, primó la “normalidad”. “El presentismo docente durante la jornada registra 98,6% y en el sistema de Salud la asistencia es superior a 98%”, informó el Gobierno de Mendoza, aunque reconoció un alto ausentismo de estudiantes, lo que fue interpretado por la CGT local como “un apoyo de las familias al paro nacional”.
La mayoría de las reparticiones nacionales, como ANSES, AFIP y PAMI, tuvieron poca actividad, por la conjugación del acatamiento al paro y la escasa concurrencia de público. Mientras en las oficinas municipales la medida no tuvo adhesiones concretas, excepto en Guaymallén, donde trabajadoras y trabajadores de esa comuna realizaron una olla popular como medida de protesta.
Respecto a las actividades industriales y agropecuarias, tanto los sindicatos sectoriales como cámaras de empresas no brindaron datos precisos de ausentismo.
“Hemos tenido un alto acatamiento de todos los sectores. La gente decidió no salir a la calle a laburar”, sintetizó el secretario general de la CGT Mendoza, Ricardo Letard, en una conferencia de prensa que brindó la central obrera frente al edificio de diario Los Andes, donde el Grupo Clarín -propietario de ese medio- despidió sin causa a 50 trabajadores.
En las crónicas de los medios de comunicación oficialistas se subrayó la aparente “normalidad” en el comercio de la Ciudad de Mendoza. EL OTRO constató, en un recorrido por las calles de Godoy Cruz, Guaymallén y Capital, que, si bien los negocios abrieron sus puertas, la gran mayoría, excepto shoppings y supermercados, se encontraban vacíos. En términos de mercado, podría decirse entonces que, mientras la oferta comercial se mantuvo, la demanda de clientes fue entre mínima e insuficiente para, al menos, reponer los gastos fijos del día.
Es lógico concluir que esa caída de consumo durante la jornada del jueves estuvo predeterminada por el anuncio del paro. Aunque, los propios comerciantes consultados por este diario coincidieron en reconocer que, independientemente de la huelga, las ventas vienen registrando un progresivo descenso y que, lamentablemente, “nosotros y los clientes nos estamos acostumbrando a que todas las semanas haya que aumentar los precios”.
Las estadísticas macroeconómicas coinciden con la percepción de los protagonistas de la economía real o, peor aún, con la naturalización de un proceso de estancamiento que, de no mediar un cambio de rumbo, continuará descendiendo por el círculo vicioso de la depresión: sin plata en los bolsillos de los trabajadores y jubilados caen lógicamente las compras y la recaudación impositiva, sin ventas declinan las pequeñas y medianas empresas, sin industria nacional la producción primaria es inviable, con importaciones se destruye el mercado interno, sin tributos la educación y la salud pública se desfinancian… y, sin todo esto, el empleo se hunde dejando una superficie de mano de obra barata, flexible y precaria.
La vean o no, esta radiografía se superpone con las principales razones que empujaron a los sindicatos a dar un paso más en un plan de lucha que, evidentemente, encuentra base social.
La reforma constitucional de 1957, que sumó el artículo 14 bis a la Carta Magna de Alberdi, garantizó la huelga, no como libertad individual de las y los trabajadores, sino como derecho colectivo de los gremios que los representan. Es justamente esta facultad la que, en forma de huelga general, se manifestó este jueves. Una clara acción política contra la “nueva normalidad” económica que buscan imponer Milei y sus socios.
