El sistema sanitario cruje con el ajuste de Milei. En cada rincón del país se acumulan historias crueles que tienen como eje la pérdida del derecho al acceso a la salud. En Mendoza, las respuestas del sistema público son cada vez más débiles para los más vulnerables, los que cayeron mientras La Libertad Avanza.
Por Juan Rojas
El pasado 15 de enero el Centro de Salud Dr. Ortiz Guevara (N°353) de Las Heras dejó de prestar servicios causando un grave perjuicio en su comunidad. Los pacientes que tenían programados turnos se enteraron de la novedad en el mismo momento que el resto de los vecinos. El recorte de servicios que se inició después de la pandemia, el abandono progresivo del lugar por parte de la Comuna y los rumores que corrieron en los últimos meses, anunciaban lo que sucedió: un cierre definitivo, que al parecer responde a un plan de ajuste mayor.
Es difícil de calcular el número de pacientes que quedó sin atención, pero se sabe que en este sector de Las Heras viven unas 10 mil familias. El centro sanitario está ubicado en el distrito El Plumerillo, en Aguado y Chile del barrio Independencia, rodeado de barrios populosos en los que la mayoría de las casas está habitada por más de un hogar: Santa Teresita, San Lorenzo, Reconquista, Cruce de los Andes, Bolivia, Cordón del Plata. Solo en el barrio Santa Teresita hay 750 viviendas.
Las Heras es el segundo departamento más poblado de Mendoza. El censo 2022 registró que en él viven 203.666 habitantes, de los cuales el 47% no tiene ningún tipo de cobertura en salud, es decir, que depende exclusivamente del sistema público. En todo el territorio funcionan 23 centros de salud -un número exiguo si se lo compara con departamentos con menos habitantes como Maipú (40) y Lavalle (36)- y 3 hospitales públicos, uno en zona de precordillera y dos en el radio céntrico, que les hacen frente a las necesidades de la población que sobrepasan ampliamente la capacidad los sus recursos preventivos y asistenciales disponibles. Los tres efectores concentran el total de camas para internación que tiene el departamento: 172.
Los vecinos dicen que, desde 2022, al centro de salud se le fue quitando especialidades y cantidad de profesionales, pero que aun así hasta en los últimos tiempos la atención fue buena y les resolvía los problemas a muchas personas. También cuentan que en el último año el Municipio fue descuidando el lugar y que esto llevó a que los robos y daños se multiplicaran y agravarán. La inseguridad se supone que sería el motivo por el cual se decidió el cierre, pero lo cierto es que, como sabe cualquier hijo de vecino, la vulnerabilidad es una atracción para el delito.
Los reclamos y consultas al Municipio hasta el momento no han tenido respuestas. La nota que presentaron las familias del barrio Independencia, apenas se produjo el cierre y las que vinieron después -como se dice- duermen en algún cajón. Es por esto que el viernes 5 de abril un grupo de familias organizó una protesta para visibilizar el problema y exigir que el intendente Francisco Lo Presti dé explicaciones. Tampoco tuvieron respuestas.
“A dónde va a hacerse atender la gente que venía al centro de salud, es parte de la incógnita y de la dispersión”, explica Martín Rodríguez, un militante de la Red de Organizaciones Populares, espacio que acompaña la incipiente organización vecinal que convocó el reclamo. “El Centro de Salud N°18 queda a 15 cuadras, el Hospital Carrillo a 20 cuadras y sabemos que no se cubre la demanda, actualmente el hospital solo atiende con turnos diferidos”, agrega Martín, para dimensionar el problema.
“Mi hija tiene síndrome de Down y en el Centro de Salud me la atendían por su problema de celiaquía, también un traumatólogo porque tiene operaciones en las rodillas y además recibía remedios. Me quedé sin nada. Desde hace semanas que vengo insistiendo para que la atiendan un traumatólogo en el Carrillo, ando de acá para allá, de acá para allá, del Carrillo te mandan al Notti y del Notti te dicen que nos tienen que atender en el Carrillo… teniendo un centro de salud cerca. Necesitamos una respuesta rápida”, reclama Patricia.
Para Carina, el cierre del centro de salud significó que su hijo de 7 años perdiera el tratamiento fonoaudiológico que se le realizaba a raíz de una fisura en el paladar de la que fue operado. “Necesito que mi hijo retome el tratamiento, sin eso no puede avanzar en la escuela. No estamos pidiendo nada más que por la salud, para los niños, para las personas mayores y para todos los que viven acá”.
“Se complica ir a sacar turnos a los centros de salud y a los hospitales de acá porque todos están saturados por el dengue y por las enfermedades respiratorias, hay que salir a las 4 o 5 de la mañana para llegar a tiempo y dan solo 3 o 4 turnos. Además hay que sumarle el tema de la inseguridad, salir a esa hora a tomar un colectivo es muy peligroso, vivimos en una zona muy conflictiva”, agrega Gabriela, que destacó que en el centro de salud la atendieron durante sus embarazos y en el crecimiento de sus hijos.
Además de suspender la atención de los profesionales de la salud, el cierre implicó que se dejara de entregar mensual y gratuitamente un bolsón de alimentos para personas celíacas, lo que le significa un problema económico para muchas personas, pero además los pacientes se quedaron sin sus historias clínicas, ya que no fueron digitalizadas y se supone que están archivadas en el lugar. Esto suma un inconveniente más cuando van a buscar atención médica: “Sin la historia clínica no te quieren dar turno y si te atienden te piden que hagas de nuevo los estudios. El problema es que no sabemos dónde reclamar las historias clínicas”, se lamenta Gabriela.
El cierre del Centro de Salud Dr. Ortiz Guevara no se puede tomar como una acción aislada, desde que comenzó el año dos efectores municipales más transitan el mismo proceso: el CIC (Centro de Integración Comunitaria) de El Algarrobal y el Centro de Salud 355 La Riojita, de El Resguardo. “Desde hace meses tienen una atención mínima y se puede ver que están por cerrarlo, me parece que viene de una política de Estado”, precisa Martín Rodríguez que hace años viene escuchando los problemas de los vecinos y caminando los distritos del noreste del departamento. Hasta el 2023 la comuna contaba con ocho salas en funcionamiento.
Sobre llovido mojado
El brutal ajuste aplicado al presupuesto nacional para alcanzar la meta del superávit fiscal ha llevado al colapso a estructuras que atienden áreas sensibles y estratégicas. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en los primeros dos meses del año la motosierra acabó con el 29% de las erogaciones incluyendo la suspensión de pagos a proveedores de energía, inversiones en organismos vinculados a la educación, cultura y producción y profundos ajustes en las áreas sanitarias y seguridad social.
Se estima que la quita de fondos en el presupuesto de salud ronda el 40%, con recortes de políticas y programas que atendían situaciones de necesidad extrema. Hablamos, por ejemplo, de la eliminación de la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) que entregaba medicamentos y servicios sanitarios para adultos, embarazadas, adolescentes, niños y niñas con cáncer, y pacientes con enfermedades crónicas, discapacitantes y patologías agudas. Quienes sufren las peores consecuencias son aquellos que debe proteger el Sistema Solidario de Salud, personas que no pueden ingresar a una obra social, desempleados o quienes no cuentan con trabajo formal, los “caídos”, los únicos para los, según el presidente Javier Milei, estaría abierta la billetera del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
En el mapa argentino el desconcierto generado por el ajuste se muestra con diferentes matices. El desfinanciamiento del área de salud del municipio de Las Heras, el desamparo de los pacientes del Centro de Salud Dr. Ortiz Guevara, y el desborde de los efectores cercanos por falta de recursos, son la representación a escala de un desmoronamiento general del sistema local que el ajuste de Milei solo agrava. El debilitamiento del esquema público de Mendoza ha provocado situaciones extremas, como la falta de pediatras en el hospital infantil cabecera a raíz de las malas condiciones laborales y los bajos sueldos.
Un estudio publicado recientemente por el CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica) revela que la inversión en salud en Mendoza, en los últimos 9 años, no tuvo variaciones. La participación del Ministerio de Salud en el presupuesto ha representado en promedio un 17,7%, con fluctuaciones negativas no muy relevantes, y variaciones positivas durante la pandemia. En 2024 representará el 17,1%, un punto porcentual menos que en 2015. Teniendo en cuenta el crecimiento de la pobreza y de la precariedad laboral, más que estancamiento se puede hablar de aplazamiento: el censo 2022 expresa que en Mendoza el 38% de la población depende exclusivamente del sistema público, en tanto que a nivel nacional la media es de 35,8%.
Para entender mejor el presupuesto provincial en Salud, los investigadores del CIEC proponen analizarlo desde diferentes aspectos. Por ejemplo, la ponderación de las partidas del Ministerio de Salud de Mendoza revelan que la suma utilizada para el personal ha tenido una caída constante en los últimos 8 años. “Los sueldos pasaron de representar el 70% de los fondos del Ministerio (en 2015) a un 57% el año pasado, y se proyecta un 63% para este año”.
El análisis también pone acento en la diferencia negativa entre lo que proyectó el Gobierno de Mendoza y la inflación calculada para el año en curso. En el presupuesto se observa que los incrementos estimados para 2024 son del 62% para las Áreas Ministeriales y Hospitales, y del 74% para Áreas Departamentales de Salud, mientras que la inflación esperada, según el Relevamiento de las Expectativas de Mercado del (BCRA) publicado 3 de enero, es del 227%.
Otro punto relevante es la comparación del presupuesto de salud local con las partidas que destinaron las demás provincias. “Si vemos los datos publicados para el primer semestre del 2023 (últimos disponibles) los gobiernos subnacionales invirtieron en promedio $26.862 por habitante, durante los primeros 6 meses del año pasado. Replicando la misma cuenta para Mendoza encontramos que la inversión desciende a $17.401 por habitante (35% menos), siendo la segunda provincia que menos invirtió en salud después de Buenos Aires”, detalla el informe.
En el deteriorado sistema local el ajuste se traduce en realidades muy duras. Desde el servicio social del Hospital Luis Lagomaggiore, uno de los más grandes del área metropolitana de Mendoza, observan que la medida del gobierno provincial de suspender la atención y los medicamentos para personas con obra social perjudicó principalmente a los inscriptos como monotributistas, monotributistas sociales y una parte de los empleados estatales. “Si bien los monotributistas en el sistema figuran con obra social, éstas no tienen buenas prestaciones, ni cobertura medicamentosa, ni cobertura de estudios. El Hospital tiene un protocolo para estos casos, se les entrega medicación por única vez y por 15 días, justificando con un informe social, diciendo que la persona no tiene ingresos. En este grupo entran también empleados del Estado con ingresos mínimos como celadores, docentes, municipales que no pueden pagar un medicamento por el alto costo que tiene hoy.
Como en todos los hospitales públicos de la provincia, al Lagomaggiore llegan cada vez más personas que no tuvieron respuestas en los centros de atención primaria. “El recorte en prestaciones de Ginecología, Obstetricia, Salud Mental hace que crezca la demanda. De todas maneras, el hospital atiende únicamente embarazos de alto riesgo y casos de alta complejidad, al igual que en el servicio de Psiquiatría y Neurología el cual hace meses que no da nuevos turnos. Queda en evidencia la falta de especialistas”.
“En toda esta realidad es importante resaltar la vulneración de derechos a la cual están sometidas hoy aquellas personas que sufren alguna enfermedad cuya medicación tiene alto costo: fibroquísticos, enfermos gastrointestinales graves, personas con problemáticas oncológicas que dependían de la DADSE y que desde el 11 de diciembre del 2023 se quedaron sin medicamentos. Esas decisiones hacen que las y los mendocinos tengan que debatirse entre la vida y la muerte. La Provincia no garantiza este tipo de medicación y por ahora no ha presentado ningún tipo de planificación sobre cómo se va a dar cobertura, en las áreas ejecutivas hay un silencio enorme en relación a este tema”, señalan.
“Lo que está sucediendo en este momento es lo que suponíamos que iba a pasar dentro de 6 meses, se han suspendido varios programas vinculados a salud reproductiva, a las adolescencias y juventudes. En el centro de salud se recibe cada vez más pacientes que llegan con las consecuencias de haber suspendido el tratamiento, la gente entre comer y comprar un medicamento obviamente que elige comer”, sintetiza una trabajadora que se desempeña en un centro de salud del oeste de Godoy Cruz.
Esta profesional agregó que los cambios en el Plan Materno Infantil restringen la atención sanitaria y 2 kg de leche por mes a niñas y niños de 0 a 5 años, niños con desnutrición, embarazadas, madres en periodo de lactancia y pacientes con patologías especiales (VIH, tuberculosis, cáncer, anemias, osteoporosis, insuficiencia renal crónica, bajo peso, celíacos, diabéticos). “Hoy se ha aumentado la cantidad de requisitos que debe cumplir el paciente y se quedan sin la atención ni la leche muchos niños, se les está negando la posibilidad de un buen crecimiento”.
Este es el contexto en que el gobernador Alfredo Cornejo pretende establecer un nuevo régimen provincial. En febrero el Ejecutivo presentó el Plan Provincial de Salud 2024 -2030 que tiene como objetivo principal “cumplir con el compromiso que tiene la provincia de proteger la dignidad de las personas, garantizar el derecho a la salud, el acceso a los servicios y asegurar que se brinde una atención integral, oportuna y de calidad a todas las personas”.
La iniciativa contiene 26 proyectos en los que se establece, entre otros puntos, la declaración de la salud como política de Estado, un nuevo régimen salarial, nueva ley de residencias, nueva forma de administrar el programa oncológico, instrumentos de recaudación y la declaración de emergencia sanitaria. Por el momento, sobre el megaproyecto sobrevuelan las críticas del sindicato de profesionales y de SiTEA que anuncian incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, la promesa de que en la Legislatura tendría el camino allanado, y un gran interrogante: ¿podrá el proyecto político desandar el camino que ha transitado en los últimos 9 años?
