El Ministerio Público Fiscal ya recibió dos presentaciones penales, para que se investigue si el gobernador de Mendoza y ministros de su gabinete cometieron los delitos de abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En las denuncias se señala que, con la vuelta a la presencialidad sin condiciones sanitarias, se está poniendo en peligro la vida o la salud de estudiantes y trabajadores de la educación. Además, ante el cierre parcial de la Escuela Hogar Eva Perón, se señala que tanto Rodolfo Suarez como el director general de Escuelas, José Thomas, están vulnerando derechos esenciales protegidos por la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por Negro Nasif
Video: SUTE
El abogado mendocino Marcelo Venier presentó ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia penal (D-14754/21) contra el Gobierno de Mendoza por presunto incumplimiento del “deber constitucional de proteger la salud (art. 42 C.N.) de todos los ciudadanos argentinos”, en el contexto de la pandemia de coronavirus.
En los fundamentos de su presentación como particular, el letrado entiende que el gobierno provincial se ha resistido a “adoptar políticas que aseguren escuelas donde haya agua, buena ventilación, espacios propicios para el distanciamiento, baños en condiciones, insumos sanitarios y de higiene, conectividad, protocolos y policía sanitaria”, pese a los constantes reclamos de organizaciones sindicales como el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) y entidades no gubernamentales como el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
La desidia de los representantes Estado, de acuerdo a la denuncia que está en análisis de los fiscales que conduce el procurador Alejandro Gullé, encuadraría en lo previsto en artículo 106 del Código Penal que establece: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres años”. Pena que podría agravarse, con reclusión o prisión de tres a seis años, “si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión”.
En diálogo con EL OTRO, el doctor Marcelo Venier ratificó los términos de su denuncia y subrayó que los propios funcionarios del Gobierno de Mendoza reconocieron con total impunidad las posibles consecuencias de sus conductas que configurarían delitos.
Entre los sincericidios oficiales, Venier citó el caso de la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien confesó públicamente que “Como todos los años, los chicos se van a enfermar de coronavirus como de otras enfermedades respiratorias. Ahí estamos pensando cómo el sistema de salud añade este desafío adicional que es los chicos con movilidad para atenderlos en el Notti. Trabajaremos Carrillo-Notti, pero los chicos tienen que volver a la escuela”.
Las declaraciones de la funcionaria que, contrariamente, debe proteger la salud de niños, niñas y adolescentes y no asumir “desafíos” de riesgo con ellos, fueron expresadas en Radio Nihuil el 5 de febrero pasado como una forma de respuesta a los cuestionamientos del SUTE puntualizados en un Informe epidemiológico elaborado por un conjunto de expertos. “El riesgo epidemiológico para la zona metropolitana es ALTO y las clases presenciales no deberían comenzar; para el resto de la provincia es MEDIANO”, señaló el estudio.
Desde entonces a la fecha, las curvas de contagios se han mantenido estables pero no se observaron cambios significativos en la infraestructura escolar, y los riesgos de transmisión de covid-19 entre trabajadores de la educación y estudiantes persisten como un peligro evitable, sobre todo si se tomase la decisión de postergar el inicio de la presencialidad y, en paralelo, se avanzara con mayor celeridad en el plan de vacunación de docentes con las dosis disponibles en la provincia, 43.082, según datos oficiales actualizados del Ministerio de Salud de la Nación.
El abogado Venier también anticipó a este diario que el viernes pasado realizó otra denuncia penal (D-18280/21) contra el gobernador Rodolfo Suarez y el director general de Escuelas José Thomas, por abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, “en atención a los hechos de público y notorio conocimiento referidos a la Escuela Hogar Eva Perón”.
“Conforme se ha podido saber, la inminente apertura no contemplará la función de albergue y contención de niños y niñas de sectores vulnerables, principalmente residentes del Gran Mendoza, que perciben lógicamente a la institución como su segundo hogar”, manifestó el letrado y argumentó la necesidad de especial protección de las y los estudiantes en razón de la vigencia de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, incorporada a la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 22.
Venier resaltó que la Convención es de “aplicación obligatoria en todo el territorio de la Nación” y, por los tanto, “los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen. Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes”.
“Indudablemente la norma se encuentra violentada y por tanto, los funcionarios intervinientes están incursos en los delitos señalados; toda vez que, la decisión adoptada (cierre del albergue y contención de les niñes) violenta el derecho a gozar de una vida digna, tanto en lo referido a la salud, como a la educación y la alimentación”, cerró el abogado denunciante.
