El modelo mendocino de austeridad, orden fiscal y superávit a cualquier costo, no para de dar evidencias de su fracaso. La caída del empleo formal en el sector privado, otra pieza para armar el rompecabezas del estancamiento sistémico en el que se encuentra la provincia.
Por Juan Sajor
El Ministerio de Trabajo de la Nación informó que en marzo, en Mendoza, se perdieron 1.157 puestos registrados en el sector privado. El número representa una caída del 0,5% respecto al mes anterior y un freno al crecimiento que se venía sosteniendo en los últimos meses. Los expertos explican que este tipo de variaciones son normales y tienen múltiples causas, lo que sale de todos los cálculos es que la provincia aún no se recupere del impacto de la crisis de empleo generada por el gobierno de Mauricio Macri y profundizada por la pandemia.
De acuerdo a un análisis que publicó CEPA (Centro de Economía Política Argentina) sobre la situación del empleo registrado en Mendoza, en junio de 2022 se recuperaron la totalidad de puestos de trabajo perdidos en pandemia, pero “la provincia sigue mostrando guarismos por debajo de los niveles previos a la crisis del gobierno de Cambiemos registrados en abril de 2018”.
La retracción profunda del empleo que se produjo en los últimos 20 meses del gobierno de Macri, según precisa el mencionado estudio, representó en Mendoza una pérdida de 6.909 puestos. En diciembre de 2019 se habían computado 240.900 personas trabajando en empleos privados registrados, dos meses más tarde, al iniciarse la pandemia el número descendió a 240.200 y en agosto de ese mismo año cayó a 226.900 puestos.
La doble crisis de empleo fue superada, con distintos procesos, a lo largo de estos dos años por la gran mayoría de las provincias. Puntualmente, el estudio de CEPA expresa: “Los datos de febrero de 2023 muestran que 23 de las 24 jurisdicciones ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de 2020. En particular, Mendoza es la provincia cuya recuperación exhibió menor dinamismo (+1,4%), ubicándose sólo por encima de Tucumán (-3,7%).
El tímido ritmo de recuperación del trabajo registrado en Mendoza no se replicó en otros puntos del país ni tampoco es un fenómeno regional. El estudio citado refleja el comportamiento de la actividad privada en las provincias de Cuyo, exhibiendo claras diferencias. En San Juan los niveles de empleo pre pandemia se recuperaron en julio de 2021, y en enero de 2023 se igualó el número de trabajadores de abril de 2018. En tanto en San Luis, la recuperación del nivel de empleo pre pandemia se consiguió en setiembre de 2020, y en marzo de 2023 se logró el horizonte de empleo pre crisis del gobierno de Cambiemos. Para llegar a este nivel Mendoza necesita recuperar 4,3 mil puestos de trabajo.
El trabajo del CEPA también hace foco en el tema salarial, uno de los puntos más representativos de la crisis de Mendoza. Como se ha remarcado en diferentes ocasiones en piezas periodísticas de EL OTRO, la provincia viene liderando el ranking de los peores salarios públicos del país y en el ámbito privado esto no es muy distinto. Según las estadísticas publicadas, los sueldos que pagan las empresas en Mendoza se ubican entre los últimos seis a nivel nacional.
En la región los salarios privados de la provincia, según CEPA, están en el último puesto. “Se observa que la remuneración promedio de los trabajadores registrados en el sector privado de la provincia de Mendoza en diciembre de 2022 se encuentra entre 0,7 y 17,3 puntos por debajo de la remuneración promedio de provincias como: La Rioja (-0,7); San Juan (-8,5); San Luis (-17,3)”, expresa el cuadro comparativo.
Que un fenómeno sea multicausal no quiere decir que todas las causas tengan el mismo peso. La caída de la obra pública en Mendoza en los últimos ocho años es una de las principales razones de la retracción del empleo privado. La inversión en este sector tiene un efecto multiplicador de la actividad económica que los gobiernos de Cambia Mendoza no utilizaron. La urgencia de cubrir los pagos de la deuda en dólares, y la obstinación por alcanzar superávit, generaron que durante los tres primeros años del gobierno de Suarez hubiera subejecución del presupuesto de la obra pública. No se realizaron obras de infraestructura para uso común, no hubo plan de viviendas, y las políticas de incentivo para la obra privada fueron de corto alcance.
Para comprender la dimensión de este aplazamiento solo basta con revisar los números publicados por el IERIC (Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción). De acuerdo con el Informe de Coyuntura N° 211 de abril de 2023, Mendoza está entre las dos jurisdicciones con mayor caída de trabajadores formales de la construcción (-13,1), solo superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-13.4%).
“Tuvimos una caída muy grande durante la pandemia, y estamos en alrededor de 6.000 desocupados en el rubro. El año pasado recuperamos un poco con la obra privada, pero sigue habiendo mucha necesidad”, explicó Miguel Ponce, Secretario General de la Uocra Mendoza, hace algunas semanas en la prensa local. “Hay muchos obreros que buscan empleo y hasta que no inicien nuevas obras públicas, no se va a ver el movimiento que se necesita”, aseguró.
“En materia de empleo genuino, nos hemos propuesto crear una verdadera política de Estado capaz de brindar igualdad de oportunidades mediante la educación y el trabajo digno, estable y en blanco”, señalaba Suárez el pasado 1 de mayo, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa. Pero nada de eso ha ocurrido.
El economista mendocino Nicolás Aroma, idóneo en las variaciones de la pauta de gastos generales de la Provincia, remarcó un dato que sirve para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las parálisis de infraestructura y economía mendocinas. El presupuesto para inversión en obra pública en 2022 fue de 11 mil millones, en tanto los intereses de la deuda que se pagaron representaron -en ese mismo año- 18 mil millones. Pero como si eso fuera poco, en noviembre de 2022 el gobierno reveló que, de esos 11 mil millones, solo se había ejecutado el 60% de lo presupuestado.
