En medio del debate sobre la reforma de la Suprema Corte de Justicia, el radicalismo se quedó con otro organismo de control y desbordó todos los cálculos que se hacían sobre sus aspiraciones de poder. El oficialismo maneja seis de los siete entes que ejercen vigilancia sobre asuntos fiscales, fuerzas de seguridad, empresas de servicios públicos y desempeños de los funcionarios, entre otros aspectos.
Por Redacción EL OTRO
La designación de Lucas Quesada, como nuevo director del EMOP (Ente de Movilidad Provincial) suscitó fuertes críticas de la oposición hacia el oficialismo, no sólo por la falta de experiencia en la materia de exlegislador radical, promovido por Alfredo Cornejo y ungido por el gobernador Rodolfo Suarez, sino porque la obsesión de acumular poder por parte del radicalismo parece no tener límites.
Quesada estará al frente del ente que controla el transporte junto a Agustina Llaver, una abogada militante del radicalismo cercana a Natalio Mema, postulada por Suarez con la venia de Cornejo, quien obtuvo sin problemas la aprobación del Senado donde el partido gobernante cuenta con la mayoría de los votos.
Con estas designaciones, seis de los siete organismos de control de la Provincia están en manos de Cambia Mendoza, alianza partidaria que pasó a ostentar 11 de los 18 cargos que deberían dividirse entre los partidos que tienen representación parlamentaria.
Los siete organismos de control a los que se hace referencia son: Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) EPRE (Ente Provincial de Regulación Eléctrica), Oficina de Ética Pública, IGS (Inspección General de Seguridad) y EMOP (Ente de Movilidad Provincial).
En este avance voraz, que no se reduce a una cosecha de cargos ni a militantes rentados con ingresos altos, lo que inquieta es la ruptura del equilibrio entre los poderes del Estado. Con mayoría en ambas cámaras legislativas, el máximo Tribunal de la Provincia cooptado con el nombramiento de jueces funcionales y la embestida sobre los entes de control, la Unión Cívica Radical ha transformado la fisonomía del Estado mendocino, que solía caracterizarse por el diálogo de los partidos mayoritarios, en una suerte de unicato.
En 1999 Arturo Lafalla, cercado por una rebelión policial, convocó a los principales referentes de las fuerzas políticas para buscar consensos en materia de seguridad y generar el acuerdo que serviría para aplacar el inédito conflicto. Desde la restitución de la democracia, justicialistas, demócratas y radicales mantenían un diálogo respetable, lo que derivó en futuros consensos que mejoraron el equilibrio entre oposición y oficialismo. Desde entonces los cargos de los organismos de control pasaron a estar ocupados por miembros de los partidos opositores.
Para dar un ejemplo, en 2014, mientras gobernaba Paco Pérez, el último peronista que se sentó en el Sillón de San Martín, de los cinco entes reguladores que estaban en vigencia, tres eran presididos por oficialismo y dos a cargo de figuras de otros partidos. Y de los 15 cargos que se dividían dentro de estos organismos, ocho ocupaba el peronismo y siete el radicalismo.
En aquel 2014 Joaquín de Rosas era el titular de la Fiscalía de Estado, un histórico del organismo postulado en su momento por el radical Roberto Iglesias, y designado finalmente en 2010 por Celso Jaque. La máxima autoridad del Tribunal de Cuentas era Salvador Carlos Farruggia, un radical que llegó al cargo en 1987 elegido por Felipe Llaver. En tanto que la IGS estaba encabezado por Mariana Herrero, designada por Pérez, en el EPAS Javier Montoro, y en el EPRE Elián Japaz, ambos justicialistas.
El devenir de ciertos procesos jurídicos, el triunfo de Cambia Mendoza en 2015 y el alejamiento de figuras histórica dentro de los organismos, jugaron a favor del cornejismo que en pocos años cooptó los cargos más relevantes en los entes de control.
En la actualidad, las instituciones de contralor democrático están repartidos de la siguiente manera: al Tribunal de Cuentas lo preside Néstor Parés (UCR) y sus vocales son Liliana Muñoz de Lázaro (UCR), Mario Angelini (PJ), Héctor Caputto (PJ) y Ricardo Pettignano (PJ). La IGS está en manos del radical Marcelo Puertas y lo acompañan Gustavo Sarli (PJ) y Ricardo Batiz (UCR). En el EPAS, la máxima autoridad, Mario Draque, y los dos vocales que le secundan, Orlando Lucentini y Carlos Alberto Morán Crowley, también responden al radicalismo. En el EPRE la presidencia está a cargo de Andrea Molina (UCR) y los directores que la acompañan son Andrea Salinas (UCR) y Hugo Reos (PJ). En tanto que Fernando Simón es responsable de la Fiscalía de Estado, el único espacio de control que está en manos de un funcionario propuesto por el justicialismo.
Además, el radicalismo ejerce control sobre los entes que se crearon durante la administración de Cornejo. En 2017 se instituyó la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que recortó algunas funciones que realizaba la Fiscalía de Estado, como el control de los patrimonios de las y los funcionarios. Gabriel Balsells Miró quedó a cargo de esa promocionada oficina anticorrupción mendocina. Por otro lado, en 2018 se creó el EMOP (Ente de Movilidad Provincial) que como se señaló, recientemente le fue asignado a los radicales Lucas Quesada y Agustina Llaver.
Mientras el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia sigue en marcha, a pesar de ser señalado por propios y extraños como un claro avance sobre el Poder Judicial, el radicalismo ya tiene bajo la suela importantes resortes en los tres poderes del Estado.
Lejos del relato del “resguardo de las instituciones”, el cornejismo se obsesiona con la suma del poder público y su cristalización, a la luz de los hechos, sólo será cuestión de tiempo.
