Sin los resultados esperados en los expedientes judiciales, el oficialismo mendocino y su coro de prensa insisten con forzar la realidad mediática para criminalizar a la organización barrial Túpac Amaru. El significado de la sentencia de culminación de un juicio abreviado contra una delegada expulsada por sus propios compañeros, fue manipulado para presentarlo como “la primera condena contra la Túpac Amaru”.
Exclusivo de EL OTRO | Por Negro Nasif
De acuerdo con el expediente judicial N° P-33811/17 al que accedió EL OTRO en exclusiva, Fanny María Banco denunció el 10 de abril de 2017, ante la Justicia provincial, que la delegada de la Túpac Amaru, Lourdes Oviedo, le exigió $120 mil en efectivo para acelerar la entrega de tres casas en un barrio de la organización en el departamento de Lavalle.
Tiempo más tarde, al percatarse que habría sido estafada, Banco junto a familiares visitó en su casa a la referenta de la Túpac mendocina, Nélida Rojas, para ponerla al tanto de los hechos. Rojas, lejos de encubrir a la presunta estafadora, le aconsejó a Banco que la denunciara ante la Justicia, lo que finalmente hizo dos años más tarde.
“Ella (por Banco) fue a mi casa acompañada por sus dos hijas y su esposo en el año 2015, y estaba muy angustiada, donde me cuenta que Lourdes Oviedo le había cobrado a ella y a sus hijas cuarenta mil pesos por una de las viviendas (…) Ellos decían que Lourdes los había estafado, y yo les aconsejé que fueran a hacer la denuncia”, reconoció Nélida Rojas, en coincidencia con la denunciante, en la declaración indagatoria que obra en el expediente judicial.
Inmediatamente después de conocerse esta grave situación la Túpac Amaru echó a Oviedo de la organización quien, sin plantear ninguna defensa, tomó rápidamente otro rumbo. “De ahí en más no la volvimos a ver, nos enteramos que estaba trabajando en Casa de Gobierno”, declaró Rojas.
En el mismo sentido se manifestó Leonela Martínez, hija de Rojas y reemplazante de la delegada expulsada. “Mensualmente se hacía una reunión con todos los delegados de la provincia, en esa reunión se trató el tema de Lourdes y el Cuerpo de Delegadas decidió desvincularla de la organización”, señaló en su declaración indagatoria.
La causa judicial contra la exdelegada de la Túpac, Lourdes Oviedo, siguió su curso hasta que la imputada, asesorada por su defensora oficial Graciela Cola, optó por un juicio abreviado en el que aceptó los hechos por los que se le acusaba y acordó con el fiscal Flavio D’Amore una condena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento condicional. Pena que fue confirmada por la jueza Natacha Cabeza, mediante una sentencia que se circunscribe a la situación procesal de Oviedo y que, en consecuencia, no tiene efectos legales sobre Nélida Rojas ni, mucho menos, recae contra la organización barrial que conduce.
Se nota mucho
Hasta aquí una síntesis de la información judicial verificable. Sin embargo, los medios pautados difundieron un relato ficcional a la medida de un discurso fallido del oficialismo que viene sufriendo revés tras revés en los tribunales.
Utilizando frecuentes estigmatizaciones, los medios controlados por el gobierno provincial desinformaron con latiguillos sin firma y tan parecidos como falsos. “Salió la primera condena a la Tupac Amaru por las estafas en Lavalle”, tituló El Sol este viernes por la tarde. Luego siguió Mendoza Post con el similar: “Salió la primera condena en la causa contra la Tupac Amaru”. Después replicó MDZ con “Condenaron a la ‘mano derecha’ de la líder de la Tupac Amaru” y, finalmente, diario UNO casi en espejo: “Tupac Amaru: condenaron a la mano derecha de Nélida Rojas”.
La armónica construcción de sentido, reforzada con imágenes de barrios construidos por la Túpac, martilló sobre las ideas de una condena contra la organización y la responsabilidad penal de una persona del círculo íntimo de la líder. Nada más alejado de las constancias y pruebas concretas de un expediente judicial que se inició con las acusaciones grandilocuentes de la fiscal Gabriela Chaves, que costaron privaciones inconstitucionales de la libertad, y que hoy languidece en manos de su sucesor Flavio D’Amore.
Basta con un simple contraste entre la ficción mediática y la realidad del expediente, que sin dudas no consultaron las repetidoras gubernamentales, para refutar cada uno de los títulos y develar las verdades intenciones del discurso oficialista, que se acercan más a una proyección de deseos que a una esperanza judicial realista.
Efectivamente, no se trata de la primera condena contra la Túpac, porque el cuerpo de delegados expulsó a Lourdes Oviedo en 2015, ni bien tomó conocimiento de la estafa denunciada por Banco en 2017, y que finalmente reconoció la imputada ante el fiscal de la causa. Lejos de acreditarse una práctica sistemática, que pudiese implicar a la organización en su conjunto o a sus principales dirigentes, el trámite del juicio abreviado confirmó la responsabilidad penal de solo una delegada en un hecho puntual y determinado.
No hay pruebas judiciales que demuestren que Oviedo fuese “mano derecha” de Nélida Rojas, como pretende el relato de los diarios hegemónicos. La mujer fue delegada, presidenta de una de las cooperativas y realizó trabajos domésticos en la vivienda de la líder de la Túpac quien, en lugar de protegerla, propuso que fuese denunciada penalmente y apoyó su expulsión, lo que terminó concretándose con celeridad.
La fake news en coro contradice la confesión de Oviedo en el juicio abreviado. Ya que la exdelegada no implicó a Rojas en la estafa, el acuerdo entre la defensora oficial y el fiscal no tiene ningún efecto sobre la dirigenta social, y el Ministerio Público no parece reunir elementos suficientes para sostener una calificación penal que morigeró recientemente.
Antes de analizar la eventual elevación de la causa a juicio, deberán evacuarse las citas de los imputados y el descargo efectuado. Aunque las fuentes judiciales consultadas por este diario coinciden en señalar que no se prevén condenas posteriores ni las noticias halagüenas simuladas por los medios.
En el horizonte cercano y fácil de predecir está, por un lado, la confirmación de los sobreseimientos de los funcionarios públicos de la oposición imputados durante la veda electoral de 2019, que sellará la caída del lawfare mendocino y, por el otro, el intento de la Fiscalía por sacar la Operación Túpac de una larga paralización, tras desechar las imputaciones por extorsiones y coacciones agravadas que utilizó la exfiscal Chaves como punta de lanza de la evidente persecución política del tridente gobierno-medios-justicia.
