EXCLUSIVO | Las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos están a punto de convalidar la renovación directa de un contrato multimillonario a favor de Sielcon SRL, la empresa que desde 2014 controla la recaudación de los tragamonedas en Mendoza. “Estaríamos pagando un total de 552 millones de pesos por 10 años de servicio”, señala una denuncia que presentó Sitea en la Fiscalía de Estado. Fuentes periodísticas y testimonios coinciden en señalar que la firma beneficiada estaría vinculada al empresario mendocino Alfredo Vila, uno de los principales accionistas de la sociedad anónima que posee la concesión de las máquinas de timba de la principal sala del casino estatal.
Investigación especial de EL OTRO Diario
Foto de portada: Germán Bassani y Diego Corvalán | IPJyC
Durante casi 16 años Diego Corvalán trabajó para el grupo Vila-Manzano. Hoy es gerente operativo de Sielcon en Cuyo, Neuquén, Chile y el Caribe.
El año pasado, Germán Bassani, gerente de Fiscalización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, inició junto a Diego Corvalán el proceso de renovación del Sistema Único de Control Online (SUMO); un servicio privatizado de soporte y mesa de ayuda perteneciente a Sielcon SRL, firma que, de acuerdo con información periodística y testimonios recabados por este diario, estaría vinculada al empresario mendocino Alfredo Vila, uno de los principales accionistas de Mendoza Central Entretenimiento, la sociedad anónima concesionaria de las máquinas de la sala de apuestas ubicada en San Martín y Brasil de Capital.
EL OTRO tuvo acceso en exclusiva a un expediente de la Fiscalía de Estado, iniciado el 21 de mayo de este año. En esa pieza administrativa del organismo de contralor, el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), denuncia que la “maniobra” impulsada por el Instituto a favor de Silecon resultaría, además de “innecesaria”, “lesiva y dañina para Mendoza”. Esta grave conclusión a la que arriba el sindicato se encuentra fundada en un pormenorizado informe que acompaña la presentación que ya está en manos del fiscal de Estado, Fernando Simón.
¿Por qué es innecesaria la extensión de este contrato?
Para Sitea el vínculo económico entre el Instituto y Sielcon para el control online de la recaudación de los tragamonedas estuvo viciado desde 2014, año en que se dio comienzo a la privatización del software SUMO. “El llamado a licitación inicial fue absolutamente innecesario debido a que dicha tarea ya era ejercida por personal de fiscalización del IPJyC”, plantea la organización sindical, y agrega entre otros antecedentes irregulares: “luego, y como consecuencia además de la mediatización del intento de llevarse a cabo semejante acto de corrupción, como también la violación de las condiciones particulares del pliego licitatorio, al ceder Sielcon los derechos del contrato a otro grupo empresario, provocaron la rescisión del contrato por parte del IPJyC y la baja de la licitación”.
La caída del negocio de Sielcon fue decidida en 2016, durante el gobierno de Alfredo Cornejo, mediante la resolución 375/16 del Instituto. De acuerdo con estimaciones realizadas por entonces, la empresa tenía pautado recaudar más de un millón de dólares anuales, a partir del contrato firmado dos años antes con el expresidente del organismo, el justicialista Carlos Bianchinelli. La gruesa tajada habría sido, según publicaciones especializadas en el rubro, tres veces superior a lo que pagaban los casinos privados por el mismo servicio de control informático.
Canal 9 | 14/04/2016
La publicitada lucha de la gestión radical en los medios pautados, contra aquel “acto de corrupción” del gobierno de Francisco Perez, lejos de sacar de juego a Sielcon, terminó en un nuevo y jugoso acuerdo promovido políticamente por Andrés Lombardi, exgerente del Instituto y actual presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza. El Peti, alfil del círculo íntimo de Cornejo, diseñó un convenio (¿más transparente?) a la medida de los intereses de la empresa. El mismo funcionario que había señalado en abril de 2016 que el contrato con Sielcon era innecesario cambió de opinión un año después hasta convertirse en 2019 en un ferviente defensor de SUMO.
“Ambas partes de común acuerdo dejan sin efecto el contrato objeto de la licitación, en el cual acuerdan, en este caso, en lugar de penas por incumplimientos a afrontar por la empresa, nuevas obligaciones a cumplir por el IPJyC”, denuncia el informe de Sitea y pone números al negocio. Según el sindicato, el Instituto pagó más de un millón y medio de dólares a un valor oficial de $15,50 al momento de la firma de ese convenio de 2017 que debía prolongarse hasta diciembre de 2020. Lo que, a las claras, tampoco se cumplió.
¿Por qué es lesiva y daniña la extensión de este contrato?
2019: Andrés Peti Lombardi en el relanzamiento de SUMO, junto a Mercedes Rus y Florencia Canale. Actualmente, los tres exfuncionarias del Instituto son legisladores de Cambia Mendoza.
En primer lugar, argumenta Sitea en su denuncia, los trabajadores de Fiscalización del Instituto ya están capacitados y con suficiente experiencia en la utilización del sistema SUMO, tras operarlo durante 6 años. Juegos y Casinos del Estado ya no requiere “de una mesa de ayuda externa de un sistema propio, y en todo caso el soporte técnico de Sielcon era para la puesta en funcionamiento del mismo, lo cual se hace solo una vez y, si se necesitara soporte adicional, se podrían licitar las horas de desarrollo”.
En segundo lugar, hay millonarias razones para desistir de la continuidad de la privatización del control de los tragamonedas, si es que la actual presidenta del Instituto, Ida López, busca priorizar el bien común de los mendocinos en lugar de los intereses de una empresa domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Andrés Lombardi fue el brazo político de Cornejo en el Casino para asegurar despidos masivos desde el primer día de gestión. Cuando el Instituto anunció la continuidad de Sielcon, 110 trabajadores/as ya habían sido echados y se llevaban adelante 65 despidos más. El acampe de resistencia duró 86 días.
En el texto de denuncia presentado en la Fiscalía de Estado hay valores que estremecen, en medio de la pobreza y la grave crisis económica y financiera que hoy sufre Mendoza. Si bien el gerente Germán Bassani afirma, sin fundamentos técnicos de peso, que “no puede dar un estimado exacto” respecto a los costos del servicio, el funcionario asegura que la facturación de Sielcon oscilará entre 3 y 4,6 millones de pesos por mes.
En contraposición a la calculadora de Bassani, si se toma la planilla de presupuesto incluida en el expediente de la tramitación de la contratación directa se llega a sumas increíbles. Siguiendo el razonamiento sugerido en ese modelo de cotización, el Instituto pagaría aproximadamente $1000 por cada uno de los 3000 tragamonedas, es decir, 3 millones de pesos por mes, lo que significaría 24 millones por ocho meses de contratación del servicio. Aunque a esa cifra se prevé adicionar 1,6 millones de pesos mensuales, debido a la paulatina incorporación al control de 1600 máquinas más, lo que comprende las disponibles en salas públicas y privadas fiscalizadas por el Estado.
Además, es una sinrazón absoluta que el cálculo del servicio se haga por cada uno de los tragamonedas, porque el SOMU no está atado a la individualidad de las máquinas sino que, en tanto sistema, el software comprende la globalidad del control. Asimismo, con este convenio Sielcon se coloca en una posición dominante, ya que monopoliza toda la información del conjunto de las terminales electrónicas de los operadores públicos y privados, lo que supondría una situación de privilegio y competencia desleal, de constatarse que esta empresa se encuentre ligada a Alfredo Vila, accionista de la concesionaria del casino central.
“Sin ninguna consulta que respalde los montos expresados, y con la proyección de dependencia eterna e innecesaria con el proveedor, estaríamos pagando un total de 552 millones de pesos por 10 años de servicio (para hacer comparativo con el plazo original rescindido) sin que Sielcon tenga ningún gasto en servidores, activos de comunicación, enlaces de internet, personal de operación y control, ya que el trabajo lo hacen nuestros fiscalizadores y, comparativamente con la licitación que se rescindió (proyectado a 10 años) sería 250 millones de pesos más caro y esto representa desde todo punto de vista un daño inconmensurable para el Estado de Mendoza”, denuncia el escrito firmado por Víctor Hugo Dagfal, secretario general de Sitea, previo a recordar que, entre los pésimos antecedentes de la relación promiscua entre el Instituto y Sielcon, se encuentra el fallo 17.350/20 del Tribunal de Cuentas, en el que se dieron por probadas gravísimas irregularidades en la facturación de esta empresa, por más de 10 millones de pesos.
Con el peso de las evidencias en su escritorio, el fiscal de Estado tendrá mucho para decir, ¿no?
Más de un tercio de los despidos en los casinos del país son de Mendoza
