En el marco de un acalorado debate televisivo por “la vacunación de los presos” y luego a través de la red social Twitter, la abogada Claudia Cesaroni refutó minuciosa y sistemáticamente las falacias discursivas del diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, promotor de leyes vigentes que restringen la ejecución de la pena privativa de la libertad en los ámbitos provincial y nacional.
Por Redacción EL OTRO
Video: Edición propia sobre la base del programa Fuego Amigo | 1/06/2021
Aficionado a desparramar su demagogia punitivista en los sets televisivos sin mayores disonancias ni repreguntas, el diputado nacional Luis Petri quedó en ridículo ante la abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni. El derrape del sanmartiniano se cristalizó durante el programa Fuego Amigo que conducen Cata de Elía y Diego Schurman, por Canal 9 de Buenos Aires, que propuso un debate por la vacunación de las personas privadas de la libertad. Discusión que Cesaroni trasladó a la red social Twitter –esquivando la tiranía de los tiempos televisivos- para refutar y documentar detalladamente cada una de las mentiras propagadas por el diputado, otrora integrante de los denominados Ángeles de Macri, un grupo de legisladores habilitados para defender la gestión del expresidente en las pantallas de TV.
Más allá de la tentativa inicial de utilizar la vacunación como disparador del debate, las posiciones se desviaron previsiblemente hacia otras problemáticas del sistema penitenciario. Y en eso, livianamente, el diputado mendocino afirmó que “el gobierno nacional liberó más de 4500 presos” y que “la población carcelaria durante el 2020 disminuyó un 25%”. Cuestión que Cesaroni se encargó de calificar lisa y llanamente como “mentira” y luego confrontar con datos oficiales: “estuve en esa discusión, la lista de quienes podían salir era de unos 1300”. Sobre ese universo, los tribunales resolvieron unas 500 prisiones domiciliarias “que no es lo mismo que la libertad condicional. Implica que seguís preso, pero en tu casa. Y no en lujosas propiedades con jardines y canchas de paddle como los condenados por delitos de lesa humanidad”.
Otro contrapunto se produjo alrededor de la idea de la construcción de más cárceles como solución mágica y el consecuente aumento en la tasa de prisionización. Cesaroni graficó que esa tasa en nuestro país en 2009 era de 143 cada 100 mil habitantes y en la actualidad asciende a 224, por lo que “la solución de Petri, y lamentablemente de muchos legisladores y legisladoras que no son Petri pero votan lo que propone, por temor a discutirle o por temor a los cacerolazos, terminan votando leyes que transforman a la cárcel en una tumba. Hoy por hoy, la prisión perpetua que no le quisieron aplicar a una persona que mató por la espalda como Chocobar, implica en la Argentina 50 años de cárcel. Eso es una tumba”.
Las muletillas del diputado no tardaron en reiterarse en esta aparición por TV: “que las personas que mataron, violaron, robaron no salgan anticipadamente para cometer nuevos delitos”, vociferó. Sin la premura televisiva y en función docente, Cesaroni aclaró en su extenso hilo twittero que “el sistema de ejecución penal vigente en nuestro país se basa en la legislación de Europa continental, y rige en la mayoría de los países del mundo y justamente dice lo contrario a lo que de modo ignorante plantea Petri: las penas no deberían cumplirse de punta a punta. Porque las personas tienen derecho a cambiar, y tienen derecho a salir de la cárcel y a tener una vida en sociedad después de pasado cierto tiempo y si hacen ciertas cosas que la ley exige. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho a la reinserción, no a encerrar de por vida. Una persona puede cometer un delito, aún grave, a los 18 o 20 años, y ser otra persona completamente distinta a los 30. Reformas como la de Petri lo encierran hasta los 70”.
Ante la aseveración de Petri de que los presos cumplan la totalidad de la condena en la cárcel por la magnitud del delito que cometieron, la autora de Masacre en el Pabellón Séptimo dilucidó que “la magnitud del delito se evalúa, justamente, al momento de la condena, para eso está el juicio, y la decisión judicial de imponer 2 años, como al amigo de Petri Chocobar, o prisión perpetua, como a alguien que no sea policía y cometa un delito grave. Ese es otro tema. La ejecución de esa pena, implica que, durante el tiempo en que la persona está presa hay algo que se llama régimen de la progresividad y que, mientras la pena transcurre por más grave que haya sido el delito, la persona puede acceder a derechos que, repito, existen en todo el mundo: salidas transitorias o libertad condicional, pasado cierto tiempo de permanencia en prisión”.
Más enfocado en el tema planteado como detonante, Petri asumió que los presos tienen derecho a la vacunación, “pero en las mismas condiciones que la población en general”, lanzando sus dardos radicales sobre la provincia denostada de moda: “yo critico al gobierno de Formosa, que habiendo vacunado al 2 % de la población, vacunó a todos sus presos”. Cesaroni contradijo con datos “chequeados” de la campaña de vacunación en la provincia norteña para desmentirlo una vez más, y complementó que el “gobierno de Formosa entendió que la cárcel, como otros lugares cerrados, es un lugar de riesgo en sí, por lo que todas las personas que allí viven o trabajan deben ser vacunadas”. “Estar en la cárcel no es igual que estar libre. No hay distancia social, no hay ventilación cruzada, no hay medidas de higiene, no se puede aislar como usted o yo en condiciones dignas”, agregó la abogada.
El capítulo estrictamente mendocino también tuvo sus minutos de “polémica”. A la jactancia del legislador proradical por el modelo punitivista local y la construcción de Almafuerte, “es la última cárcel que se construyó en la Argentina”, Cesaroni –que conoce en detalle la historia penitenciaria de Mendoza por su paso como funcionaria y su experiencia como especialista- recordó la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Sistema Penitenciario de Mendoza, y calificó a Almafuerte como “un campo de concentración ubicado en medio de la nada, una pésima ‘respuesta’ a las violaciones de derechos humanos denunciadas”, rescatando un fallo de la Justicia que ordenó medidas urgentes en ese establecimiento.
