Godoy Cruz aprobó un nuevo código de convivencia ciudadana y amplío así el mapa punitivo en el territorio mendocino. El intendente García Salazar, instalado como candidato a la gobernación, logra sintonía fina dentro del proyecto radical-pro. Alfredo Guevara analizó para EL OTRO la esencia del reglamento y su función en este contexto. “El neoliberalismo autoritario consagra la desigualdad”, señaló el abogado de Xumek. Organizaciones sociales, vendedores ambulantes y artistas callejeros realizaron una manifestación para repudiar “una ordenanza que quita derechos a las y los ciudadanos”
Por Redacción EL OTRO | Fotos: Coco Yañez
El 18 de abril, el Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó un código de faltas que restringe las actividades en la vía pública y pena con fuertes multas a los infractores. El estatuto, denominado Buenas Prácticas Ciudadanas, sigue la línea del Código Contravencional Provincial y del Código de Convivencia que rige en la comuna de Capital. (Leé la ordenanza completa aquí)
El intendente Tadeo García Zalazar presentó la ordenanza como un compendio de nuevas y antiguas pautas para “organizar y garantizar la calidad de la convivencia”, sin hacer alusión al endurecimiento de la persecución establecida. En 78 artículos la norma determina qué sectores podrán ejercer su actividades libremente y quiénes no, quiénes son los “ciudadanos” para los que gobierna el municipio y quiénes son, en definitiva, los dueños del espacio público.
El proyecto se aprobó sólo con los votos del oficialismo. Desde el bloque del Frente de Todos señalaron que el código carece de consenso ciudadano y político, y que no es otra cosas que un ataque a los derechos básicos de la sociedad. Por el lado de Protectora remarcaron su preocupación por las sanciones que fija a las expresiones culturales espontáneas.
Un repaso ligero del contexto político, social y cultural nos ayuda a entender por qué el radicalismo decidió este nuevo giro de las derechas sobre sí mismas, en un espiral irreversible de Estado gendarme.
García Zalazar, ya en modo candidato, anotó esta jugada como parte de las acciones para neutralizar la agenda impuesta por la visita del ultraderechista Javier Milei a Mendoza. En el marco de la campaña nacional de Juntos por el Cambio, se divulgó una encuesta de la consultora preferida del radicalismo Reale Dalla Torre, se impidió el uso de espacios para las presentaciones del visitante, y hubo denodados esfuerzos mediáticos para bajarle el precio al candidato de La Libertad Avanza.
Esto explica en parte la oportunidad de la presentación del código, pero no el fondo de la cuestión. El proyecto del radicalismo mendocino se recuesta en la limitación de libertades públicas, mucho antes de que el fenómeno Milei irrumpiera en la escena y, en materia de restricción, ya se padecen huellas indelebles. El Código Contravencional Provincial, que introdujo Alfredo Cornejo durante su gobernación, y el Código de Convivencia consagrado por Rodolfo Suarez en 2014 cuando era intendente de Capital, se destacan por las violaciones a los derechos protegidos por la Constitución Provincial y la Constitución Nacional.
Para comprender en profundidad las buenas prácticas del candidato a gobernador García Zalazar, y sus códigos hermanos, le pedimos un análisis al abogado Alfredo Guevara, quien viene denunciando las consecuencias de esta sistemática avanzada en los últimos años.
“Tanto el Código de Convivencia de Suarez como el Código Contravencional de Cornejo tienen los mismo parámetros: son normas viejas disfrazadas de nuevas, bajo los cánones del higienismo social del siglo XIX, moralista, clasista, que excluyen a los sectores marginados de los espacios públicos. Y, si bien los códigos comunales no pueden establecer penas privativas de la libertad, los inspectores se manejan con la policía, y a partir de esto se arman causas por resistencia a la autoridad, si hay tal resistencia y si no la inventan”.
Para Guevara estos códigos “también son parte del proceso de punición de la pobreza y de la protesta, porque afectan directamente a los sectores marginados en los espacios públicos, para dejarlos librados a los más poderosos, quienes sí pueden ocupar o cercar veredas, plazas, calles. Además afectan la libertad de expresión, ya que desde un grafiti hasta cualquier tipo de anuncio, e incluso las manifestaciones públicas que son base de la democracia, son atacadas. Mientras las calles se otorgan privilegiadamente a propietarios de vehículos, protestar y marchar por esas mismas calles se toman como violaciones a estos códigos”.
“El Código de Buenas Prácticas Ciudadanas no contempla, entre los usos temporales del espacio público que no requieren autorización, ejercicios de la libertad de expresión como la protesta, las peticiones ante las autoridades y, cuando se refiere a las manifestaciones, las supedita a la libertad de tránsito. Es decir, hay una supremacía de la libertad de tránsito”, señala el abogado de la organización civil Xumec, al tiempo que precisa: “Se prohíben los grafitis y las pintadas que no estén autorizados por el municipio, de manera tal que la propaganda y la publicidad de los asuntos públicos quedan en manos de los sectores que manejan la economía, y los grafitis, murales o carteles donde se expresen los sectores subalternos serán sancionadas. Esto es violatorio de los derechos humanos”.
De acuerdo con Guevara, el código de Godoy Cruz carece de perspectiva de género ya que, por ejemplo, “no establece ninguna regulación sobre acoso callejero”. De esta manera no se responde a una de las grandes deudas que tiene la legislación de Mendoza: “cuando se ejerce violencia contra las mujeres y disidencias no se configuran delitos, excepto que haya una lesión”.
“Tampoco la ordenanza municipal tiene perspectiva de derechos humanos”, observa el especialista. “El Estado debe tender a igualar la situación de quienes están en una condición de sometimiento. O sea, debe ampliar las posibilidades de uso del espacio público a los sectores más sometidos y restringirla a los más poderosos, de forma tal que se promueva la igualdad. Esto es un principio democrático, constitucional, que está consagrado en todos los tratados internacionales, y que tiene que ver con un ideario común de solidaridad e igualdad. Estos aspectos centrales de la convivencia deben ser guía jurídica, y no una simple imposición de orden autoritario como se pretende en Mendoza. El neoliberalismo autoritario consagra la desigualdad”.
Video: Represión y violencia institucional en Godoy Cruz | 24 de marzo de 2022.
Está claro que la derechización y la disputa al interior de ese campo ideológico no se circunscriben a una discusión de palacio, sus manifestaciones se trasladan a cada espacio de la vida cotidiana de las y los ciudadanos. La implementación de estos códigos surge a la par del crecimiento de la pobreza. La presentación de las buenas prácticas de García Zalazar se realiza a escasos días de conocerse que en el Gran Mendoza el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza asciende al 44,6%.
El avance de las empresas sobre los espacios públicos, y la persecución de las expresiones culturales que están fuera de sus circuitos, también se pueden contar con hechos concretos. Basta recordar que solo hace un mes, en un departamento donde las expresiones culturales tienden a ser un privilegio, las fuerzas de seguridad de la Provincia protagonizaron una obscena exhibición de represión y violencia institucional durante una presentación del artista local Donturco, y que los aberrantes hechos -ampliamente documentados- todavía permanecen impunes.
En el amplio sentido, el control del espacio público se plantea como una necesidad para los gobiernos que no tienen a la inclusión y a los derechos de todos entre sus prioridades. El recorte de libertades, el cercenamiento del derecho a la protesta, la criminalización de les manifestantes, y las intervenciones cada vez más violentas de la policía, dibujan un camino que parece no tener retorno.
Nada más lejano del ideario liberal que las derechas dicen defender.
“Nos quitan derechos”
Tras la sanción de la ordenanza godoycruceña, bautizada bajo el eufemismo de Buenas Prácticas Ciudadanas, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó una protesta este miércoles en Plaza Godoy Cruz. Repudiaron “una ordenanza que quita derechos a las y los ciudadanos” y entregaron un petitorio a autoridades municipales, en el que proponen la conformación de una mesa de trabajo para “discutir soluciones a las problemáticas de los sectores más afectados”.
Comunicado de la UTEP Mendoza
Crónica fotográfica de Coco Yañez
Desde UTEP Mendoza repudiamos el proyecto de ordenanza Buenas Prácticas Ciudadanas N° 7243/2022 en el departamento de Godoy Cruz. Esta ordenanza aprobada representa un código de convivencia que QUITA DERECHOS A LAS Y LOS CIUDADANOS. Esta norma fue aprobada solo por el oficialismo, lo cual habla del poco consenso social que tiene. Es grave porque no trata sobre casos concretos sino sobre un sin fin de normas que atañen a las personas que pisen Godoy Cruz.
Esta ordenanza prohíbe y sanciona la publicidad callejera, las protestas, las prácticas deportivas en espacios públicos, la venta ambulante, los artistas callejeros. Estas prácticas, según la nueva norma, son faltas graves que serán sancionadas con una multa de 30 mil pesos o más.
Claramente es un ataque contra los sectores populares y trabajadores de la Economía Popular, en el marco de una pobreza provincial y desempleo altos en la provincia. Lejos de fomentar el trabajo y la integración social, el Estado municipal propone castigo.
Desde la UTEP exigimos dar marcha atrás, y que se discutan soluciones a las problemáticas de los sectores más afectados por esta ordenanza. Creemos que es esencial que se deje de invisibilizar a estos sectores con normas de restricción. Proponemos una mesa de trabajo que permita plantear nuestras propuestas.
