Con una premura inaudita comenzó el tratamiento de los nuevos proyectos para cambiar y/o suprimir la reciente Ley de alquileres. Los que pujan por una nueva normativa no han encontrado un argumento válido, ni una razón que lo sustente: el descontrol de los precios es desmentido por las estadísticas oficiales y, en los dos años de vigencia, más que problemas legales se ve la ausencia del Estado en materia de regulación. No obstante, en el Congreso se avanza juntos por el cambio.
Por Redacción EL OTRO
La Cámara de Diputados de la Nación le dio luz verde al tratamiento en comisiones a los proyectos que pretenden una nueva ley de alquileres. Detrás de la derogación hay un amplio consenso partidario y el empuje del poderoso sector inmobiliario con sus omnipotentes voceros. A propósito, la FIN (Federación de Inquilinos Nacional) viene denunciando una campaña económica, política y mediática para deslegitimar la ley 27.551, además de maniobras del mercado inmobiliario para aumentar la rentabilidad, y falta de regulación por parte del Estado.
En el sector político las críticas a la ley comenzaron en los reductos más liberales, pero con los meses el discurso ha ido ganando espacio y hoy copa casi la totalidad del espectro. En las últimas semanas se pronunciaron a favor de la derogación el presidente Alberto Fernández, el jefe de la Cámara de Diputados Sergio Massa y, por si hacía falta, Mauricio Macri hizo una pausa en su gira por EE.UU. para apurar, a través de Twitter, el tratamiento legislativo.
La intención de dejar sin efecto la norma actual, que contempla diferentes reclamos de las asociaciones de inquilinos, tiene voceros en todas las esferas y en cada rincón del país. En Mendoza, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y su par Alfredo Cornejo, representantes de sectores antagónicos coinciden en que la ley no sirve y que su aprobación solo ocasionó problemas a los sectores involucrados.
El principal argumento en contra de la norma es que el índice de actualización de alquileres es peor que el ajuste anterior. Esta tesis se viene repitiendo insistentemente en los principales medios. En esta parte de la tierra, los hijos de la pauta, portavoces naturales del concentrado sector inmobiliario, sostienen la campaña con todo su arsenal.
Desde que comenzó el tratamiento del nuevo régimen a mediados de 2019, las piezas periodísticas se multiplican semanalmente. Los micrófonos, las redacciones y las cámaras han repetido hasta el cansancio las opiniones y análisis de Santiago Debé (empresario inmobiliario) y Estanislao Puelles Milán (empresario inmobiliario) entre otros. Para probarlo, como reza el dicho, cualquiera puede googlear.
Más allá de que resulte al menos dudoso que las opiniones de los dueños de las inmobiliarias beneficien a los inquilinos, todavía no se ha podido probar que la ley sea la causa de un aumento desproporcionado en los alquileres. Entre el ruido político mediático, las cifras proporcionados por el Indec a través del IPC (Índice de Precios al Consumidor), demuestra que no fue así. El IPC de marzo de 2022 expresa que a nivel nacional el aumento en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en los últimos 12 meses, fue del 38,3%, mientras que a nivel general los precios alcanzaron una suba del 55,1%.
En el desagregado, el informe especifica que en la Región Cuyo el alquiler de vivienda creció 38,9%, entre marzo de 2021 e igual mes de 2022. Mientras que a nivel general el índice de precios, en ese periodo, se incrementó 55,5% en el mismo territorio.
Los principales cambios que introdujo la Ley 27.551 son la extensión del contrato de alquiler a tres años; la regulación del precio de los alquileres según un índice que contempla la inflación y el aumento de los salarios; indexación anual; regulación del monto de anticipo y el depósito a abonar poniéndole un tope de un mes de alquiler; flexibilización de las garantías obligando a aceptar un aval bancario, un seguro de caución o una garantía personal del inquilino; obligación de que las comisiones y honorarios a las inmobiliarias sean pagadas por los propietarios y que no puedan superar el medio mes de alquiler cuando se renueva un contrato.
Estas modificaciones sacudieron un tablero intacto durante varias décadas y rápidamente encontró la reacción de los propietarios que, desde su aprobación, han hecho lo posible para no perder los niveles de ganancias, y en parte lo han logrado. A la par del lobby para tirar abajo la nueva ley, disminuyó la oferta, debido a un retiro masivo del mercado, y se volvieron moneda corriente los alquileres sin factura y los aumentos cada seis meses en vez de un año, entre otros artificios para evadir sin problemas los controles de un Estado que no regula.
La Federación de Inquilinos presentó en enero del corriente los resultados de una encuesta a nivel nacional, con la opinión de 2170 inquilinos e inquilinas que explicita el nivel de desregulación que signa al sector. El 91 % de las personas afirmó que el mercado no cumple la Ley de alquileres, y un 98% que el Estado no la controla.
Los proyectos que comenzaron a ser tratados en comisiones de Diputados son cuatro. La legisladora Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical por la Provincia de Buenos Aires, propone la derogación de la 27.551 y la restitución de artículos del Código Civil y Comercial. En tanto Gisela Marziotta, diputada del Frente de Todos por CABA, plantea como puntos sobresalientes la suspensión de los aumentos hasta que se apruebe una nueva ley y la creación de una Cámara de Alquileres. Por otro lado Emilio Monzó, diputado bonaerense de Encuentro Federal, presentó un proyecto que introduce modificaciones importantes, como volver a dos años de contrato, rever el cálculo de indexación y retornar al viejo sistema de garantías. Por último, el diputado sanjuanino del Frente de Todos, José Luis Gioja, pretende fortalecer el rol del Estado como regulador del mercado inmobiliario, se plantea la intervención de aquel en la compra y venta de viviendas para influir en los precios, y ponerle tope al costo del alquiler.
Desde la soledad de los que se oponen a un poder transversal, Gervasio Muñoz, de la FIN llamó a las organizaciones a defender la norma actual “por lo que significa en la lucha de las organizaciones haber logrado después de 40 años que se vote una ley en el Congreso, por lo que significa que el Congreso legisle y acepte que hay un problema entre el Estado y el mercado inmobiliario que afecta a los inquilinos y que debe intervenir en este tema”. Frente al panorama planteado, Nuñez, quien fue uno de los principales promotores del cambio de normativa, destacó: “Sostener esta ley es la posibilidad de que podamos seguir profundización la regulación del mercado. A pesar de que la derecha comienza a conquistar el sentido común, a la Ley de Alquileres la vamos a defender”.
