Mendoza sostiene desde 2015 un plan de recorte de la inversión pública dirigido a los servicios y al empleo estatal, que sólo ha servido para atenuar el debilitamiento de las arcas, al compás del deterioro constante de los derechos sociales. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones en Economía Crítica gráfica con datos duros cómo evolucionaron las principales variables presupuestarias en el último lustro. Un necesario mapa del descarrilamiento fiscal, ahora que el liberalismo se pregunta ¿gradualismo para qué?

Por Redacción EL OTRO

Foto: Seba Heras

En el remolino de las fórmulas necesarias para mejora la economía que escuchamos, leemos y respiramos a diario, recortar el mal llamado gasto público está indiscutiblemente en la cima mediática. Si el primer paso para manipular alimentos es lavarse las manos, lo esencial para alcanzar un Estado eficiente sería una poda que comience por el exceso en el que caen todos los gobiernos: el empleo público. En esto también hay consenso. Recortar la masa salarial, gastar menos de lo que se recauda, dice la canción.

Justamente, en el dogma de bajar el gasto para ejercer un buen control sobre la economía se recuesta el proyecto político que gobierna Mendoza, y los resultados no han sido los prometidos. “Desde el primer momento que tomamos la responsabilidad de gobernar, nos hemos enfocado en la tarea de construir un Estado sano, que brinde algo de certidumbre a la ciudadanía como gesto de empatía con los que peor la pasan, pero también que sea el instrumento para sentar las bases firmes que nos permitan detectar e impulsar oportunidades de desarrollo local…”, sintetizó el gobernador Suarez en la última apertura de sesiones ordinarias.

Foto: Cristian Martínez

Cornejo y Suarez aplicaron un achique ortodoxo cuya principal variable de ajuste fue -y es- la partida presupuestaria del personal del Estado, convencidos de que el éxito viene con equilibrio fiscal y que éste debe realizarse transfiriendo fondos de los servicios del Estado hacia el sector privado, vía rebajas de impuestos e inversión en infraestructuras.

Sin embargo, la realidad contradice a Cambia Mendoza. Según un reciente estudio del CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica), entre 2015 y 2020 el número de trabajadores del Estado provincial bajó de 50 a 45 cada mil habitantes. El recorte mendocino, de acuerdo con las mediciones de esta organización de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, superó al ajuste que se hizo en el resto de las provincias que, en promedio, redujeron de 50 a 48 empleados cada mil habitantes. (Ver el informe completo aquí)

Foto: Seba Heras

Este trabajo de investigación encargado por SiTEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados) demuestra que el típico ajuste neoliberal sobre el empleo público, lejos de contribuir a mejorar la salud de la economía, no pudo revertir el tremendo impacto que generó en las arcas estatales el fuerte endeudamiento en dólares y la caída de los recursos propios de la Provincia.

En términos concretos, entre 2015 y 2021 los gastos en personal se redujeron 41% y cayeron 13% los servicios del Estado. En tanto, a la par se registró 22% de estrepitoso derrumbe en los ingresos mendocinos y, en consecuencia, la dependencia de fondos del Estado nacional creció sin atenuantes. Según el CIEC, en 2015 los ingresos nacionales eran 40% más que los provinciales en valores reales, en tanto que para 2021 diferencia trepó a 78%.

Foto: Coco Yañez

A su vez, y como si esto fuera poco, los intereses generados por el endeudamiento aumentaron 20% en 2021 con respecto a 2015, en términos reales, y el Producto Bruto Geográfico bajó 17%, también en términos reales, desde 2015 a 2020.

En síntesis, el recorte sobre el sector del empleo público, que implicó reducción de la planta y del total de la masa salarial, no mejoró las finanzas locales como se vaticinaba, y apenas contribuyó a atenuar el desequilibrio que generaron el crecimiento de la deuda y la caída de los recursos propios generados por la Provincia.

Foto: Coco Yañez

Si el debilitamiento de la economía mendocina es grave, la evaluación de los últimos gobiernos, desde la perspectiva socioeconómica, es más dramática todavía: aumento del desempleo y la pobreza, recorte en infraestructura escolar, destrucción de los salarios docentes, desfinanciamiento de la salud pública, quiebre de la OSEP…

Pese a los datos duros y las indiscutibles consecuencias del achicamiento propuesto por el modelo Mendocita, el proyecto de la coalición partidaria que lidera Alfredo Cornejo se prepara para avanzar hacia un posible tercer gobierno, la nueva fase en la misma dirección, sin demoras ni concesiones. Tal como le sugieren sus socios capitalistas del Consejo Empresario Mendocino: “el proceso de adecuación del gasto público iniciado en 2016 debe continuar, acompañado de una reducción de la presión tributaria y de mecanismos de compensación de impuestos”.

Desde el ala Pro nacional la coincidencia es plena con sus aliados radicales, sobre la dirección económica y la necesidad de acelerar el paso hacia el abismo fiscal. El propio Mauricio Macri en la presentación de su libro Para qué criticó el gradualismo, y prometió privatizaciones y despidos masivos como parte central de su estrategia para poner de pie a la Argentina. “Hay que recuperar el control del Estado, ejercer el poder y correr a toda la militancia”, amenazó el máximo dirigente de Juntos por el Cambio. El mismo que hundió al país en menos de cuatro años con su récord histórico de endeudamiento en dólares, batiendo el parche del achicamiento del Estado mientras la UCR -en su plan partidario de vagón de cola- lo aplaudía a rabiar.

 

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