Respaldados en viejas normas de dictaduras, los gobiernos de Cornejo y Suarez dispusieron de cajas multimillonarias de libre disponibilidad, destinadas a supuestas operaciones secretas de la Policía de Mendoza. A contramano del ajuste, estas partidas aumentaron 54% en el último año. Un formidable caldo de cultivo para la corrupción impune.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL | Por Negro Nasif
Los secretos de la cosa pública
La publicidad de los actos de gobierno es uno de los pilares básicos del Estado republicano, protegido desde los primeros artículos de la Constitución Nacional y de la Carta Magna de Mendoza. Sin embargo, en nuestra provincia subsisten cajas oscuras que permiten a los gobernantes disponer de sumas millonarias, sin estar obligados a explicar a la ciudadanía en qué las gastan.
De acuerdo con información oficial a la que tuvo acceso EL OTRO, los gobiernos de Alfredo Cornejo y de Rodolfo Suarez contaron con más 246 millones de pesos, destinados a “erogaciones sin discriminar”, asignadas en los presupuestos 2016 a 2022. Es decir, fondos reservados de libre disponibilidad, bajo la administración de los ministros de Seguridad Gianni Venier y Raúl Levrino, quienes tuvieron bajo su órbita a Roberto Munives, expulsado este año de la jefatura policial.
Tal como consta en los registros presupuestarios y fallos del Tribunal de Cuentas, dichas erogaciones fueron las siguientes: $8.500.000 (2016), $9.000.000 (2017), $10.413.000 (2018), $12.183.210 (2019), $14.400.000 (2020), $15.593.760 (2021) y $24.000.000 (2022 aún en ejecución).
En términos absolutos, los gastos reservados de las fuerzas de seguridad ascendieron a un total de $94.089.970 en los últimos siete años. Cifra que, actualizada de acuerdo al índice oficial de inflación, totaliza a la fecha $246.658.551. Lo que representa un promedio de más de 35 millones de pesos anuales para operaciones policiales imposibles de comprobar.
Contrariando la prédica de austeridad en el gasto público, Cornejo no ajustó sino que aumentó 80% los fondos reservados respecto de la gestión anterior. Mientras que el sucesor Suarez finalizará este año con una partida 54% mayor que la utilizada en 2021.
Sótanos de la democracia
La utilización de fondos reservados en la Argentina es un lastre de gobiernos de facto que, desde el recupero democrático quedó restringido, con mayor o menor voluntad y éxito, a tareas específicas de inteligencia y seguridad nacional. Sin embargo en Mendoza, a contrapelo de la transparencia institucional democrática, las partidas opacas perviven en el ámbito del Poder Ejecutivo.
La rendición de estos fondos se rige por la ley provincial 1003, sancionada hace 90 años en plena Década Infame. El artículo 27 de esa norma establece que los “gastos de carácter secreto o reservado” autorizados al Poder Ejecutivo deben ser remitidos al Tribunal de Cuentas “para su examen y aprobación”.
Debido a la falta de precisión de esa ley de los años 30 del siglo pasado, el Tribunal, mediante el Acuerdo 1302/82 emitido bajo el gobierno de la última dictadura genocida, especificó que “la rendición de cuentas de las partidas de carácter reservado, que deben remitir directamente al Tribunal los funcionarios que reciben dichos fondos, deberá instrumentarse mediante los comprobantes respectivos o un resumen conceptual de las erogaciones”.
Es decir, que el Gobierno de Mendoza no está obligado a exhibir las constancias formales de gastos, como una factura o un ticket, sino que basta con la entrega de las planillas de ejecuciones presupuestarias con referencias globales acerca del dinero desembolsado.
¿El destino concreto de las cajas negras? Aunque no resulte muy lógico ni propio de una república moderna, dependen de la honestidad de los funcionarios intervinientes, y permanecen en el misterio por “razones de seguridad”.
Ni más ni menos que un formidable caldo de cultivo para la corrupción impune.
Controlar el espacio público: el obsesivo encanto de las derechas
