Los cierres de espacios de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos han puesto en alerta a distintos sectores de la comunidad educativa. La clausura de un espacio de formación y contención siempre es una mala noticia. La arbitrariedad impacta en la educación de los segmentos sociales más vulnerados. En Mendoza, en los sectores de bajos ingresos, sólo 2 de cada 10 personas terminaron la secundaria.
Por Juan Sajor
Como en los últimos años, unos cuantos CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario), de distintos puntos de la provincia, cerrarán el ciclo anual en absoluta tensión con el gobierno que los rige. La DEPJA (Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos), la dependencia que los abraza, en muchos casos hasta asfixiarlos, ha planteado el cierre de aulas y hasta la baja convenios, con el argumento de la “reasignación de recursos”, lo que en los hechos significa la clausura de espacios educativos de larga trayectoria.
Las decisiones que se vienen tomando conmociona a toda la comunidad educativa. En los últimos días, las y los trabajadores nucleados en el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) expresaron su “profunda preocupación por la crisis que atraviesa la modalidad”, a través de una carta que le enviaron a la titular de la DEPJA, Mariana Caroglio.
Las y los docentes le recordaron a Caroglio, promotora del tristemente célebre ítem aula, que la DEPJA trabaja “con un conjunto muy diverso de personas con realidades plurales y necesidades muy profundas” y que, en consecuencia, debe “atender esa diversidad y adaptar sus estrategias pedagógicas y de promoción en las comunidades con las que se vincula la escuela, que faciliten y tiendan a garantizar la permanencia y el egreso efectivo de sus estudiantes”.
La carta, que lleva la firma de la titular del sindicato, Carina Sedano, objeta el uso de criterios cuantitativos para cerrar espacios que fijan como metas objetivos cualitativos: la garantía de acceso a la educación pública y gratuita, la contención de jóvenes, el encuentro comunitario y el desarrollo humano y personal de los que asisten.
“Le exigimos que se deje de utilizar a las escuelas de jóvenes y adultos como variable de ajuste”, declaran los docentes en el comunicado al tiempo que señalan que “miles de jóvenes se desgarran del sistema educativo y quedan excluidos sin que el Gobierno les presente alternativas para que continúen sus estudios”.
Una brecha que no para de crecer
La indiferencia del Gobierno sobre la realidad de las personas que quedan excluidas del sistema educativo tradicional se evidencia en las estadísticas de los últimos años.
Un informe de Argentinos por la Educación sobre desigualdad educativa, elaborado en 2021, señala que “en Argentina el 58% de los mayores de 25 años terminaron la secundaria, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Pero hay desigualdades significativas al interior de esa cifra: en el decil de ingresos más bajos, sólo 3 de cada 10 (32%) alcanzaron el título, mientras que el número se triplica en el decil más alto, donde 9 de cada 10 (87%) tienen secundaria completa”.
No obstante, la bochornosa cifra de la disparidad educativa entre los sectores sociales en el país, Mendoza presenta indicadores aún más graves. Según la Encuesta de Condiciones de Vida– 2021, en la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, sólo terminó el secundario el 23,4%, es decir 2 de cada 10 personas.
En tal sentido, el cierre de aulas y escuelas para jóvenes y adultos, contribuye enormemente a agrandar la brecha educativa en Mendoza. Se sabe que la mayoría de las personas que asisten a los CENS y a los CEBJA (Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos) son personas que provienen de los sectores empobrecidos de las zonas urbanas y rurales.
Sobran ejemplos
A lo largo del año, y en especial durante los últimos meses, en las calles y a través de las redes sociales se han hecho escuchar los reclamos de docentes, alumnos y familias por el cierre de distintos espacios educativos. La DEPJA de Caroglio, cómo sucedió a lo largo de los tres años que lleva en el cargo, ha estado en el centro de las críticas, por sus arbitrariedades y falta de afinidad con el derecho a la educación. La impronta de la exdiputada parece más afín a una planilla de cálculos de la cartera de Hacienda, que a la responsabilidad política de un gobierno escolar.
Cinco aulas del CENS 3-507 de la comunidad huarpe de La Asunción (Lavalle); dos aulas del CENS 3-439 Manuela Sáenz de Costa de Araujo (Lavalle); un anexo con tres cursos del CENS 3-466 de Carrodilla (Luján de Cuyo); también cursos de las escuelas Gral. San Martín (Capital) y Homero Manzi (Las Heras). Todos estos espacios han sufrido el cierre definitivo o están en vía de clausura.
Paralelamente, tres Servicios Educativos de Orientación Social (SEOS), que tienen a cargo centros educativos para jóvenes y adultos, también vienen padeciendo amenazas de baja de convenios y cierre de aulas, en este caso por disposiciones de la Dirección de Educación Privada. Se trata de la Escuela Campesina de Lavalle, el CENS de Casita Trinitaria de KM 11 y del Bachillerato Violeta Parra, espacio que trabaja desde 2005 en el Barrio La Favorita de Capital, que en los últimos días recibió la notificación de cierre definitivo,
En cada baja de escuela o aula, la DEPJA, con el argumento de la escasa matrícula y la reasignación de recursos, se carga los derechos de estudiantes y trabajadores de la educación. Hay docentes que pierden trabajo y otros que se recargan, hay alumnos que deberán hacer un esfuerzo mayor al que venían haciendo para completar sus estudios, y una comunidad que pierde un espacio para la educación y la contención. En definitiva, se recortan los sueños de un futuro mejor.
