El informe del Indec sobre incidencia de la pobreza y la indigencia publicado el 30 de marzo desplomó el relato de la economía sana del gobierno de Rodolfo Suarez. El gesto del mandatario, luego del piñazo, fue trasladar la culpa y cuestionar la credibilidad de las estadísticas. A una semana, no se advierten movimientos de preocupación ni intenciones de empezar a trazar un plan que frene la debacle. Para ubicarnos en la realidad y salir de las falsas discusiones, buscamos dos analistas que nos advierten por qué llegamos hasta acá, y de qué manera se podría revertir el complejo escenario.
Por Redacción EL OTRO
El informe del segundo semestre del 2021 del Indec dejó en evidencia el nivel del deterioro de la calidad de vida de les mendocines. Con 44,6% de pobreza y 7,6% de indigencia, el conglomerado Gran Mendoza superó la media nacional (37,3%) y se ubicó cómodo en el ranking de los más empobrecidos del país.
Para defenderse de la evidencia representada por las cifras, el gobernador Suarez le echó mano a la estrategia que le dio más resultados hasta el momento: señaló al Gobierno Nacional como la causa del problema.
Con ese mandato, en primer lugar avanzaron los tanques mediáticos y luego el propio mandatario se puso al frente de la campaña. “Esperamos que las instituciones sean serias, respetables y que no se distorsione la información por cuestiones políticas”, expresó Suarez en el acto oficial por el 40° aniversario de la Gesta de Malvinas y avisó que se están estudiando los números del Indec.
Mientras los sastres trabajan en el informe a medida y en las redacciones se preparan los mejores eufemismos, EL OTRO salió a buscar especialistas locales para que nos expliquen y nos hagan refrescar cuáles fueron las decisiones políticas que nos trajeron hasta aquí. ¿Cómo se llegó a que 462.428 mendocines se encuentren bajo la línea de pobreza?
Hablamos con la licenciada en Ciencia Política, Natalia Palazzolo, que es profesora de Economía en la Universidad Nacional de Cuyo, e integra el colectivo Politólogas en Red Mendoza; y con el economista Nicolás Aroma, miembro del Centro de Economía y Finanzas. Desde sus diferentes miradas coincidieron en que los números del Indec se veían venir, que las fórmulas aplicadas en los últimos años no podían arrojar otro resultado, y que no se vislumbran esfuerzos para mejorar una matriz que hace aguas desde hace una década.
Desde una perspectiva vinculada a los indicadores del mundo de la producción y el trabajo, Palazzolo advirtió que “estamos frente a un fenómeno complejo, porque disminuyen las tasas de desocupación, pero a la vez aumenta la pobreza, en ese sentido se observa que, ni a los trabajadores del sector privado ni a los sector público, les alcanza para cubrir la canasta básica. Esto no es nuevo, sabemos que los docentes de Mendoza perciben uno de los peores salarios del país y que en los últimos años los ajustes salariales han estado por debajo de la inflación, de hecho en 2020 no hubo aumento cuando la inflación fue del 50%. Podemos ver en ese sentido una política específica para erosionar el poder adquisitivo de los salarios, que ha sido visto como un costo más y no como el motor del crecimiento y el consumo”.
A su vez la docente advirtió, que “más allá de los daños de la pandemia y de las condiciones macroeconómicas que dejó el macrismo, vemos una tendencia en los últimos 10 años y es que no se generan puestos de trabajo genuino, de hecho el Producto Bruto Geográfico no crece. Si uno compara el crecimiento vegetativo con el PBG, vemos que este último no crece. La estructura productiva está agotada y hay que buscar nuevos caminos.”
Respecto a esas vías para comenzar a salir del pozo en el que se encuentra la provincia, Palazzolo señaló que “el Gobierno tiene herramientas, pero que hace falta voluntad política para ponerlas en marcha”. En ese sentido advirtió que “se necesita poner en marcha la Ley de ordenamiento territorial, debido a que los sectores productivos están siendo avasallados por el mercado inmobiliario y eso genera expulsión de personas del campo a la ciudad y mayor crecimiento de los empleos precarios”.
“Se necesita que todos los sectores, algo se está haciendo en el Concejo Económico y Social, sean llamados a discutir cuál es la matriz que necesita, incluso poner el tema de la minería sobre la mesa, evaluando de qué manera y cómo distribuir esa renta. También, discutir la producción de hidrocarburos no convencionales, teniendo en cuenta en primer lugar la sustentabilidad del ambiente y quién se va a apropiar de esos recursos, si van a ser las empresas extractivitas, como hoy establecen los códigos actuales o si el Estado puede utilizar esos recursos para mejorar el nivel de vida de la población. También, vemos como urgente necesidad de creación de empleos para las mujeres. Observamos como la pobreza golpea más fuerte sobre las mujeres, por eso se necesita un proyecto a largo plazo con una visión de género y generacional”, puntualizó Palazzolo.
Desde una óptica vinculada a las finanzas, Nicolás Aroma destacó que “Mendoza viene a contramano o con una velocidad diferente a la recuperación económica del país”. Desde este concepto subrayó: “Vemos un punto clave, el 15,3% de desocupación que Mendoza alcanzó en 2020 tuvo consecuencias en la calidad de los salarios e ingresos cuando el empleo se recuperó. La velocidad con la que la provincia llegó al 15% de desocupación fue muy fuerte porque no hubo contención financiera ni productiva de parte del Estado, y esto se debe a las finanzas de Mendoza, porque no tiene forma de contener la crisis”.
En esa línea, el economista precisó que “la deuda de Mendoza está altamente expuesta a la moneda extranjera. En 2018 cuando se producen las devaluaciones fuertes, Mendoza quedó peor de lo que queda el resto del país, desde ese momento los recursos tributarios no levantaron nunca porque la actividad económica cayó a la par y está muy expuesta a la situación de crisis”.
“El alto nivel de pobreza es el costo del ‘ahorro’ y de las políticas de austeridad, es el costo del superávit, que es un superávit ficticio. Hoy vemos -continúa Aroma- que las prestaciones del Estado, educación, salud, no son buenas. En definitiva todo ese dinero ahorrado no se pone en la recuperación de la crisis. Paralelamente vemos ajuste sobre los salarios y el sector empresario, que es la obra pública. Hay 8 mil millones de pesos de presupuesto de obra de 2021 que nunca se ejecutaron y eso también está bajo la lupa, porque el gobierno tiene que pagar altos niveles de deuda”.
El especialista señala que, además, se advierte un deterioro del vínculo con el sector productivo: “Sin obra pública se retira mucho empleo privado, pero además el crédito en Mendoza no existe, los créditos del Fondo para la Transformación no se pueden comparar con el nivel de créditos que expanden otras provincias. Una provincia sin crédito es una provincia sin producción, lo que entregó el Fondo en los últimos 5 años no llega al 25 % de los intereses de deuda que se pagaron solo en el 2019. No se inyectan créditos a la matriz productiva”.
Al respecto advirtió que, de continuar en la misma senda, se advierte un agravamiento en el corto plazo. “Cuando los índices de pobreza son altos, cualquier ajuste profundiza el problema, porque quienes más demandan son los pobres, las personas cuyos ingresos no les alcanzan para acceder a otro tipo de bienes que no sean los bienes públicos. Ese va a ser el punto de conflicto en hospitales y escuelas”, aseveró.
El ajuste después del ajuste, se parece al plan que Rodolfo Suarez tiene para llegar a 2023. La aplicación de programas de achicamiento, endeudamiento y retiro del Estado en el gobierno de Cornejo dejó lo que temprano se advertía: desarrollo nulo, empobrecimiento de la población y deterioro de la estructura productiva. Y, como se sabe, las segundas partes están condenadas a ser peores.
Ajuste en Mendoza: bebés sin cirugías, gobierno con superávit
“Saben que este modelo no funciona, pero ya no les queda otra salida”
