El 31 de marzo de 2024 es la fecha tope para que la empresa El Azufre S.A. mantenga su condición de ocupa vip de las más de 12 mil hectáreas de tierras malargüinas, que Rodolfo Suarez le cedió de forma ilegal y gratuita. Hasta entonces, la sociedad de Daniel Nofal, Alejandro Spinello y José Beccar Varela deberá pagar un canon de $3.600.000 mensuales. El Gobierno Nacional, propietario del inmueble, se reservó el derecho de demandar a la Provincia por la entrega arbitraria que a fines de 2021 dispuso el gobernador mendocino. Vencido el plazo fijado, el próximo presidente podrá ejecutar el desalojo, prorrogar la ocupación, o vender este valioso territorio ancestral de glaciares cordilleranos.
Por Negro Nasif
Mediante un acuerdo extrajudicial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la sociedad anónima El Azufre establecieron las condiciones de la ocupación que la empresa sostiene en las más de 12 mil hectáreas de Malargüe, que le fueron cedidas en forma ilegal y gratuita por el Gobierno de Mendoza.
En principio, el convenio establece que en marzo del año que viene El Azufre deberá desalojar el inmueble propiedad del Estado Nacional. Hasta entonces la firma tendrá que pagar un canon mensual estimado en $3.600.000, ajustable por el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), contratar los seguros necesarios para las actividades que desarrolle y realizar una completa remediación ambiental al concluir el plazo.
“La AABE reconoce la ocupación del inmueble por parte de la empresa, y permite y autoriza a continuar con el uso, goce, ocupación y explotación del inmueble hasta el día 31 de marzo de 2024, fecha en la cual la empresa se obliga a su desocupación y entrega formal, en los términos aquí pactados”, reza el acuerdo que pone en suspenso el juicio de desalojo que la misma ABBE inició el año pasado ante la Justicia Federal.
Asimismo, lo pactado no excluye que este organismo pueda demandar al Gobierno de Mendoza por las graves consecuencias generadas a partir de la firma del decreto provincial 2138/21, que rubricaron el gobernador Suarez junto a su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
El acuerdo suma elementos que configuran a este regalo navideño de Suarez como uno de los actos de corrupción más graves de la historia mendocina: la entrega gratuita de más de 12 mil hectáreas públicas de la cordillera de Malargüe, en zona de frontera, a una corporación porteña, presidida por Daniel Nofal, uno de los empresarios implicados en la causa internacional de sobornos a dirigentes de la FIFA, en sociedad con Alejandro Spinello, accionista y gerente del Grupo América Cuyo, multimedio dueño de Canal 7, Radio Nihuil, Diario UNO, Canal 8 de San Juan y las FM Brava, Montecristo, UNA, Ayer y La Red Mendoza.
Justamente los medios del Grupo América presentaron la novedad como una excelente noticia para los beneficiarios del centro boutique que no fue. “La Nación acordó extrajudicialmente con El Azufre y se avanzará con un desarrollo millonario”, tituló diario UNO y destacó que “los inversores que buscan construir y operar un resort de montaña y centro de esquí sustentable podrán ocupar el terreno y tienen opción de compra”.
“Lo resuelto es súper positivo para El Azufre como proyecto, para la Nación y para la Provincia de Mendoza porque llegamos a un punto de acuerdo donde se superan todos los conflictos”, aseguró el gerente de la empresa, Guillermo Rivaben, y agregó: “Nos marcan como plazo para desalojar el 31 de marzo, pero en realidad lo que nos están habilitando es un tiempo para seguir el proceso para la compra de las tierras”.
La interpretación de Rivaben es por lo menos optimista o, de máxima, se fundamenta en información no publicada que permitiría preanunciar decisiones del próximo presidente de la Argentina, a través de la Jefatura de Gabinete que tiene bajo su jurisdicción a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Expediente de solicitud de compra de inmueble, iniciado por El Azufre SA el 6 de mayo de 2022.
El desalojo de El Azufre podrá producirse en marzo del año que viene, por la sola ejecución del reciente acuerdo. Sin embargo, el riesgo de transferencia de este valioso patrimonio nacional a manos privadas sería factible, si el futuro mandatario o mandataria decidiera aprobar la solicitud de compra del inmueble, iniciada por la sociedad anónima en mayo del año pasado.
Resulta entonces indispensable que, en pleno proceso electoral, los presidenciables Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, o los referentes provinciales de los partidos políticos que representan, anticipen con claridad si el 31 de marzo de 2024 echarán a los ocupas vip de nuestra cordillera.
