La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó un recurso interpuesto por la defensa de Ceferino Sánchez, encargado de Compras y Suministros del Instituto Universitario de Seguridad Pública, quien fue condenado el año pasado por ejercer violencia machista contra Linda Martínez, extrabajadora de esa institución. De esta forma, la Justicia ratificó que el violento, defendido por la abogada “feminista” y funcionaria Paula Vetrugno, debe reparar económicamente a la denunciante. Sin embargo, desde el Instituto desoyen los fallos del Poder Judicial y continúan encubriendo al expresidente de la UCR de Maipú, sobre quien pesan varias denuncias por violencia laboral y de género, presentadas por otras mujeres del mismo establecimiento.
Por Milagritos Contreras
Linda Martínez, extrabajadora del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) denunció a Ceferino Sánchez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género en julio de 2018. Pese a haber vivido reiterado acoso sexual, maltrato laboral, amenazas y hasta violencia física, desde el Instituto decidieron apañar al violento y despedir a la víctima.
Aunque las respuestas por parte del Ministerio de Seguridad y de autoridades del IUSP han sido siempre en beneficio de Sánchez, en el caso de Linda Martínez, la Justicia Civil fue contundente, imponiendo en 2021 una condena por ejercer violencia machista, que obligó al agresor y al Instituto a reparar económicamente a la víctima por los daños y perjuicios causados.
La defensa del violento apeló la sentencia, pero Silvina Furlotti y María Teresa Carabajal Molina, juezas de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, respaldaron de manera íntegra lo resuelto en primera instancia, mediante una sentencia con clara perspectiva de género. (Leé el fallo completo aquí)
Complicidad e impunidad
Según dictaminó la Justicia en abril del año pasado, Sánchez ejerció violencia de género contra Linda Martínez, durante la gestión de Alejandro Antón como director del Instituto que forma a futuros policías. La trama de violencia, complicidad e impunidad, contó además con el amparo de Néstor Najul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad y amigo íntimo de Alfredo Cornejo.
Al grupo de defensa del violento se sumó además la abogada “feminista” Paula Vetrugno, directora de la Diplomatura en Género de esa institución. La funcionaria radical, quien registra antecedentes de representar legalmente a machirulos, patrocinó a Sánchez y, pese a que recibió un claro y contundente revés judicial, obtuvo una nueva regulación de honorarios, esta vez de 100 mil pesos más IVA, tal como consta en la reciente sentencia.
En este contexto, el nivel de cinismo no sólo fue exhibido por Sánchez, quien se mantiene impunemente en su puesto, sino también por parte de quienes lo encubren para que siga ejerciendo violencia machista. Crueldad que, lejos de cesar con los fallos emitidos por parte del Poder Judicial, más bien se potencia con actos de fuerte carga simbólica, como la reciente disertación sobre políticas de género y diversidad para el IUSP, brindada por la exministra de Seguridad del presidente Macri, Patricia Bullrich, tristemente célebre por intentar institucionalizar violaciones a los derechos humanos y legitimar el gatillo fácil a través de la llamada “doctrina Chocobar”. La clase “magistral” de la presidenta del Pro que fue acompañada por Majul, Vetrugno y la asesora de la Suprema Corte, Emiliana Lilloy.
Violencia institucional
En abril del año pasado, cuatro trabajadoras del Instituto denunciaron haber padecido constantes prácticas violentas ejercidas por Sánchez, como hostigamiento, acoso y amenazas de múltiples formas, con el objetivo de aislarlas de sus respectivas tareas o funciones. Al día de hoy todo continúa del mismo modo para ellas, sin que el violento reciba mínimamente la sanción que le corresponde.
Una de las trabajadoras afectadas por este entramando machista dentro del IUSP es Liliana Sánchez, quien lamentablemente fue trasladada a otra institución con el fin hipócrita de intentar “apaciguar” el conflicto en el que se encuentra involucrado Ceferino Sánchez, según se reseñó en un informe publicado el pasado 6 de julio por este diario.
Liliana, quien se desempeñaba en el área de Biblioteca del Instituto, se encuentra trabajando en la Facultad de Derecho, pero el trauma sufrido por la violencia ejercida por Sánchez le ha dejado graves secuelas: ”El dolor lo causaron y sentís que perdiste. No sólo es eso, sino que cuando pregunto en el IUSP si le hicieron sumario, la respuesta sigue siendo negativa ‘Aún no’, me dicen. En eso veo objetivamente que realizar una denuncia por violencia es un error cuando tienen poder, porque son impunes y eso provoca náuseas. Hoy después de tanto tiempo no sólo existe ese recuerdo horroroso, sino que adquirí gastritis, insomnio y pánico. Siguen los violentos con poder, sentados en el mismo lugar y las víctimas seguimos como podemos”.
Llevar al silencio a sus víctimas con los reiterados abusos que ejercen es lo que buscan estos violentos. Y aunque muchas veces las respuestas por parte de las mismas instituciones que debieran proteger a la víctima, haciendo efectivo el cumplimiento de las leyes que sancionan la violencia machista, terminan siendo totalmente incoherentes, violentas y patriarcales, para muchas mujeres resulta necesario y liberador no callar más.
A Ceferino Sánchez, expresidente de la UCR de Maipú, sólo le modificaron el horario de ingreso y egreso para que no se cruzara con las denunciantes. “Lo que más me inquieta, por decirlo en forma sutil, es la forma de mi traslado ya que no puedo pedir una mejora salarial al desempeñarme en otro lugar. Al frente de la oficina que sostuve tanto tiempo se encuentra una compañera, otra denunciante, que por razones de seguridad ocupó mi lugar, ya que su oficina se encontraba a metros del agresor”, recordó Liliana.
En los hechos, el agresor continúa en su puesto impunemente y su abogada Paula Vetrugno a cargo de la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia del IUSP. En cambio, las demás víctimas no cuentan con las mínimas garantías para el legítimo ejercicio de sus derechos.
