Las responsabilidades de Roberto Munives en el femicidio de Florencia Romano y sus posteriores declaraciones cargadas de machismo, no hicieron más que exhibir obscenamente el perfil de quien encabeza la principal fuerza de un Ministerio de Inseguridad que, además, actúa de “aguantadero” de policías y funcionarios acusados de violencia de género. Los gravísimos casos investigados por EL OTRO siguen encubiertos por el Gobierno y son silenciados en los medios pautados. En la Mendoza del revés, mientras Alejandro Antón, Sergio Bruni y Ceferino Sánchez fueron denunciados judicialmente, la directora de la Diplomatura de Género del Instituto de Seguridad Pública, la abogada “feminista” Paula Vetrugno, defiende a los violentos.
Por Redacción EL OTRO
El espaldarazo de Rodolfo Suarez al director general de Policías, Roberto Munives, expuso, además de la impunidad del hijo político de Alfredo Cornejo, la desidia del jefe policial ante la extrema inseguridad que padecen las mujeres y una retórica de justificación misógina del femicidio.
Indignante aunque, lamentablemente, nada nuevo en ese aguantadero de machos violentos con nombre de Ministerio de Seguridad, tal como lo ha mostrado EL OTRO en sucesivas publicaciones. Reseñaremos algunas de las investigaciones recientes que ponen en contexto la cínica coherencia del gobierno en los últimos días.
CEFERINO SÁNCHEZ: Un cuadro radical con superpoderes
En entrevista con EL OTRO, seis mujeres dieron testimonio de situaciones de violencia de género y laboral en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). En el relato que aportaron en setiembre pasado se repitió un mismo patrón de maltrato y deslegitimación de sus reclamos dentro de la institución. Solo uno de los casos llegó a convertirse en una demanda formal encausada en la Justicia provincial, al resto de las mujeres ni siquiera les tomaron sus denuncias cuando quisieron hacerlas.
L. M., ex empleada administrativa del IUSP, denunció judicialmente en 2018 a Ceferino Sánchez, actual presidente de la Unión Cívica Radical de Maipú y empleado del Instituto, quien en su momento se desempeñaba como superior de esta mujer. Sánchez fue acusado en la Unidad Fiscal de Violencia de Género por “lesiones leves dolosas en concurso real con amenazas simples contra una empleada de esa institución a la cual estuvo acosando sexualmente por varios meses”, según comunicó Carolina Jacky, abogada de la denunciante.
A pesar de que el proceso judicial siguió su curso, Sánchez parece que cuenta con un superpoder político envidiable: mientras más voces lo denuncian, más se consolida dentro de la UCR. En febrero de este año Sánchez asumió como presidente de ese partido en Maipú. De las seis mujeres en situación de violencia que hablaron con EL OTRO, cinco dieron testimonio de las agresiones y el acoso que constantemente Ceferino Sánchez habría ejercido contra ellas u otras compañeras desde su cargo dentro del IUSP.
ALEJANDRO ANTÓN: Eslabón clave de la violencia
“En 2016, cuando Alejandro Antón y David Sáez se hacen cargo de la dirigencia de la gestión del IUSP, fue cuando comenzaron los abusos, directa o indirectamente de su parte hacia algunos empleados que no compartían su color político, ideal de trabajo, o tal vez discriminación en general”, declaró M.T en diálogo con EL OTRO.
“Tuve hace muchos años un accidente de trabajo: me quemé las piernas con agua hirviendo. Los médicos establecieron que debía hacer cambio de funciones, pasaría a funciones pasivas. Pero cuando llegó Antón a la gestión del IUSP me mandó a mi puesto antiguo de trabajo, fue su primera resolución como director general. Yo les expliqué que no podía volver, me descompensé, tuvieron que llamar a emergencias porque no sabían si me estaba infartando. La médica que me atendía en la ambulancia se tuvo que bajar tres veces a decirle a Antón y a David Sáez que ella no me podía llevar a la clínica sola, que tenía que ir acompañada por alguien. Ellos dijeron que no, ‘que vaya sola’. Después de eso Antón tuvo que derogar la resolución que había hecho y hacer otra. Así empezaron a pasearme de oficina en oficina. Lo que hizo Antón conmigo fue abandono de persona”, asegura L.V.
Tanto en el año 2016 como en 2018 Antón fue denunciado ante la Justicia por dos exalumnas que habrían sufrido maltratos cuando se desempeñaba como profesor en el IUSP. Lo demandaron por “daños y perjuicios” y por “daños derivados de violencia de género”. Sin embargo, el funcionario radical es quien se desempeña hasta el día de hoy como director del IUSP, y bajo su ala continúa Ceferino Sánchez, con los antecedentes que pesan sobre su cabeza.
PAULA VETRUGNO: La abogada “feminista” que defiende a los violentos
Paula Vetrugno es una abogada mendocina diplomada en Género e Igualdad, que trabaja hace años en el IUSP. Actualmente se desempeña como directora de la flamante Diplomatura en Género de esa institución dependiente del Gobierno de Mendoza.
En sus declaraciones públicas, Vetrugno se proclama feminista y también forma parte de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Mendoza creada recientemente. Pero, en contradicción con la impronta a favor de los derechos de las mujeres que parece envolver a esta profesional, al analizar su historial de trabajo saltan a la vista rápidamente los casos en los que ejerció como abogada defensora de policías y funcionarios del Ministerio de Seguridad gravemente acusados, imputados y condenados por ejercer violencia de género.
El efectivo Carlos Alberto Ávila Muñoz, mano derecha de jefe de Policía de Mendoza, Roberto Munives, fue condenado en 2017 por el delito de amenazas coactivas, en una causa iniciada en 2011 por su exesposa.
“Carlos Ávila le pegó una cachetada en la cara, la tomó de las manos y la zamarreó, lesionándola, mientras le manifestaba: ‘Si vos me separás de mi hijo dos minutos, yo te mato donde te encuentre’”, denunció el fiscal Julio Mila en su escrito de elevación a juicio, el que culminó con una sentencia condenatoria.
A sabiendas del prontuario del policía, con amplia repercusión en el Ministerio de Seguridad y la prensa, Paula Vetrugno asumió la defensa de Ávila en la causa judicial por la tenencia de su hijo. Allí alegó a favor del violento, negando todos los hechos y apelando al manual misógino básico de descalificación de la denunciante. A diferencia de Vetrugno, la Justicia le creyó a las contundentes pruebas que aportó la mujer y dictó la “prohibición de acercamiento” de Ávila por violencia de género.
Vetrugno también participó en otro caso que pudo haber terminado en femicidio: el de una víctima de violencia en la pareja que recurrió al Estado por ayuda. Esta mujer habría sido manipulada entre el abogado oficial, Sebastián Carelli, y la propia Vetrugno, quien representó legalmente al violento, un hombre detenido en febrero de 2019 en su domicilio, donde la Justicia secuestró dos pistolas, cargadores y proyectiles.
Según se desprende del caso, Carelli y Vetrugno habrían obrado maliciosamente pasando por encima de todos los derechos de la mujer que soportaba una violencia terrible, incluida amenazas con arma de fuego, que la obligaron a escapar de su propio hogar. En el “acuerdo” no se reclamó ninguna compensación, tampoco se inició juicio por daños y perjuicios como lo indica la Ley 26.485 -de Protección Integral de las Mujeres- y no se exigieron los alimentos debidos para el hijo.
En esa misma línea de contradicción, mientras Vetrugno dirige la formación de género de las y los policías de Mendoza, defiende actualmente a Ceferino Sánchez, el mismo empleado del IUSP señalado por su violencia y acosos constantes contra mujeres, aunque protegido por su padrino político Néstor Majul, amigo íntimo de Alfredo Cornejo y ministro de Seguridad en las sombras.
Arriba: Ceferino Sánchez y Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza.
Abajo: expediente judicial donde consta el patrocinio
de la Dr. María Paula Vetrugno a favor del violento.
La mujer y exempleada que radicó la denuncia contra Sánchez se quedó sin su trabajo. Contra todo pronóstico feminista aunque coherente con su hipocresía, la directora de la Diplomatura en Género del IUSP se puso del lado del violento, a quien representa legalmente ante la Justicia, según obra en los registros oficiales.
SERGIO BRUNI: Maltratos psicológicos
El 17 de julio de 2020, una mujer denunció a Sergio Hugo Bruni, por “violencia de género ejercida contra mi persona, en el ámbito laboral, siendo éste el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) donde me desempeño”
De acuerdo con la denuncia D-47580/20, que constan en los archivos del Ministerio Público Fiscal, la trabajadora señaló que “desde su ingreso, y en virtud de la existencia de una relación desigual de poder, el denunciado mantuvo conductas y acciones hacia mi persona de violencia, manifestadas a través de diferentes tipos de agresiones que me ocasionaron daño emocional, disminución en mi autoestima y perjuicio en mi crecimiento laboral”.
“Todos esos hechos se concretaron a lo largo del tiempo,mediante diversas situaciones de violencia a las que fui sometida por parte del Sr. Sergio Bruni, ya que desde el inicio fui víctima de sus maltratos psicológicos, desde los primeros contactos que tuvimos a su arribo efectivo al IUSP – en febrero 2020- se dedicó a deteriorar mi autoestima, remarcando constantemente su autoridad sobre mí y mi situación de subordinación hacia él, reflejadas en las siguientes situaciones que detallo a continuación: expresiones verbales de menosprecio, al indicarme que él estaba para enseñarme a comportarme, faltas de respeto, desvalorizaciones y descalificaciones al efectuar críticas constantes a mi forma de ser, las cuales las realizaba personalmente en su oficina, citándome a solas y con la puerta cerrada procedía a analizar mi perfil psicológico -según sus propias palabras- tildándome de ser insegura y carente de personalidad, realizando gestos de desdén y desprecio hacia mi persona…”, manifestó la mujer en el escrito de denuncia al cual tuvo acceso EL OTRO.
Como las y los mendocinos comprobamos el pasado fin de semana, la violencia dentro del Ministerio de Seguridad de Mendoza es legitimada políticamente y todo queda a resguardo de los cuidados que puede ofrecer el cornejismo a sus cuadros más queridos. Mientras tanto, las mujeres en situación de violencia, que han llegado a perder su salud y hasta su trabajo, siguen a la espera de que se haga Justicia y de una representatividad real en las dependencias de Género del Gobierno Provincial.
Con estos botones de muestra, amparados en la impunidad de un gobierno profundamente violento y machista, el objetivo de ni una menos está muy lejos de convertirse en realidad.
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