Mendoza se ha convertido en un campo fértil para el discurso de odio. Un exgobernador califica a los más vulnerables como “parásitos”, un nostálgico del terrorismo de Estado reivindica el golpe del 76, una diputada niega el genocidio y sus colegas la protegen, anónimos atentan contra una sede partidaria de la oposición, manifestantes anticuarentena insultan al presidente y exhiben pancartas que proponen la eliminación de la vicepresidenta, un funcionario de Guaymallén reivindica a Pinochet, familiares del intendente de San Martín amenazan a comunicadores críticos, un operador mediático trata de vagas a las y los docentes, la misma diputada negacionista refuerza la agresión… El hilo común, además del odio, es la adhesión al gobierno provincial, la impunidad de la ultraderecha disfrazada de libertad absoluta, y el reparto de cientos de millones de pesos de las arcas públicas para sostener un discurso único. ¿De qué libertad de expresión estamos hablando?
Por Negro Nasif | Foto de portada: Marcelo Torrez, Gabriel Conte, Andrés Gabrielli y otros periodistas de medios privados junto a funcionarios de la gestión Cornejo en un viaje a China | Noviembre de 2018.
Hijo de la gran pauta
Basado en la ignorancia y los peores prejuicios, el periodista Marcelo Torrez estimuló el discurso de odio con agresiones a las y los docentes de Mendoza. En entrevista con Ester Linco Lorca, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el operador mediático del grupo Alonso mandó a trabajar a las maestras, maestros, profesores y profesoras quienes, junto con las familias de las y los estudiantes, construyeron una nueva forma de Educación en pandemia, pese a las gravísimas carencias de conectividad no garantizadas por el Estado y la sostenida precarización laboral.
El intercambio con la dirigenta sindical, más que una entrevista periodística fue una interpelación y acusación por parte de Torrez, quien buscó en todo momento estigmatizar a los trabajadores de la educación como personas vagas, que no quieren trabajar, que no están formadas, que se quejan y son privilegiadas, que no se preocupan por los estudiantes, que no tienen los valores de las maestras de antes… Prejuicios que Linco Lorca desarticuló uno a uno con información y experiencias concretas que, al contradecir las falacias del periodista militante del oficialismo, no despertó reflexión sino su indignación y permanente agresividad contra la mujer.
¿Periodismo?
Apelando a fuentes tan poco confiables, como “impresiones” y “sensaciones” personales y el testimonio de vida de su mamá, estas afirmaciones y preguntas retóricas formaron parte del interrogatorio inquisidor de Marcelo Torrez:
¿Ustedes tienen ganas de volver a clases?
¿Tienen que volver o no tienen que volver a clases? ¡Los chicos tienen que volver a clases!
Bajemos un poco la discusión al llano, sin estos Baradel que no quieren laburar. Ustedes tienen que ir a trabajar porque para eso se les paga y los chicos necesitan ir a la escuela. ¿Sí o no?
¿Cuánto sabe usted de nuevas capacidades, de nuevos elementos de formación y demás para darle a los chicos lo mejor que necesitan? ¿Usted está capacitada?
A mí me da la impresión de que ustedes quieren la pandemia eterna, quieren la pandemia eterna… Quedarse en sus casas, protestar desde sus casas, panza arriba… Se lo digo respetuosamente…
Lo primero que tuvo en mente mi madre fue su formación y el chico que iba a instruir. Eso fue lo primero que tuvo y lo que me enseñó a mí. A ustedes parece que no les interesa la educación de los chicos, son primero ustedes, primero ustedes, primero ustedes… Eso pareciera.
A ustedes lo único que les interesa es el edificio en condiciones y la bioseguridad. Eso de cajón que está. Parece que no quieren volver y que están muy cómodos.
Por su parte, Linco Lorca contestó con la paciencia de una educadora cada una de las agresiones, siguiendo esta sólida línea argumental: Ningún docente está panza arriba, nunca dejamos de trabajar y pusimos todos los recursos que tenemos a disposición de las y los estudiantes, a pesar de las malas condiciones salariales. Volveremos a clases cuando estén las previsiones de bioseguridad que garanticen la salud y la vida de la comunidad educativa. No creemos que un gobierno que no aseguró la conectividad para clases virtuales, y ni siquiera brinda las condiciones de bioseguridad para los trabajadores de la salud, la pueda garantizar en Educación. Queremos que el gobierno nos llame para escuchar lo que queremos decir los trabajadores, pero no nos convocan, y nos enteramos de los anuncios por los medios de comunicación.
Discurso único
Periodistas “independientes” y funcionarios radicales en China, en misión comercial pagada con fondos públicos | Foto: Facebook
La democracia exige la más amplia libertad de expresión y la prohibición de censura previa. Lo que no conlleva la ausencia de responsabilidades por los dichos públicos cuando estos ofenden a las y los ciudadanos, o propagan odio en base a prejuicios, lo que puede estimular la violencia social.
Más allá de las responsabilidades legales que deban dirimirse en los tribunales constitucionales, es importante llamar la atención sobre una progresiva construcción de un discurso de odio, en el cual participan políticos de la alianza gobernante y medios de comunicación hegemónicos financiados con la pauta pública. No es casual la sucesión de expresiones violentas reproducidas por operadores mediáticos oficialistas, bajo el eufemismo de “polémicas declaraciones”.
En marzo de 2019, el entonces candidato a gobernador José Ramón, puso el dedo en la llaga en la misma Radio LV Diez, al señalar el evidente favoritismo de Marcelo Torrez hacia el gobierno provincial. “Que no sea tan obvio tu defensa del gobernador Cornejo”, le espetó harto el dirigente de Protectora al periodista del poderoso grupo Alonso, dueño de esa emisora, la FM 100.9, diario El Sol y Canal 9. Para dar contexto a sus dichos, Ramón denunció que el gobierno manejaba una caja política destinada a pauta publicitaria de $1.650 millones anuales, dato nunca desmentido por un Ejecutivo que se niega a cumplir con su obligación de informar a la Legislatura los gastos en propaganda.
El derecho a libertad de expresión es fundamental y no debe ser limitado por el poder político, tampoco por las corporaciones económicas. A su vez, los derechos a la información y la comunicación son igual de importantes y deben ser garantizados por el Estado. Sin embargo, en el esquema autoritario de distribución de pauta, prima el disciplinamiento de los medios críticos y el favoritismo económico hacia la prensa obediente, en detrimento del derecho de la ciudadanía a informarse y acceder a distintas fuentes.
Como gatos panza arriba
Mientras la comunidad educativa mendocina repudió las agresiones de Marcelo Torrez hacia las y los docentes de la provincia, y el Sindicato de Prensa de Mendoza rechazó las “falaces y ofensivas” declaraciones del periodista de LV Diez, los operadores mediáticos del gobierno, Ricardo Montacuto y Gabriel Conte, respaldaron en simultáneo a su colega.
Montacuto bancó el derecho de Torrez a pensar como le parezca y expresarlo, pero condenó el derecho de las y los agredidos a repudiar al periodista. Conte pidió que se termine con la “tribalización sectaria”, reivindicó que todo el mundo exprese su opinión y acompañó un artículo desvirtuando completamente el contenido de la entrevista. Uno es director de Mendoza Post, el otro conductor de El Memo y exjefe de MDZ. Ambos son caciques de la tribu Plataforma Digital S.A., una de las empresas beneficiarias de la pauta que discrecionalmente reparte el gobernador Rodolfo Suarez junto a Pablo Sarale, una suerte de monje negro que responde directamente al diputado nacional Cornejo.
Alcanza y sobra con escuchar el audio de la entrevista de LV Diez para concluir que claramente Torrez fue funcional al gobierno y eligió como estrategia el permanente agravio a los trabajadores de la educación, responsabilizándolos de una vuelta a clases para la cual ni siquiera han sido convocados oficialmente.
También basta con visitar los portales conducidos por Montacuto y Conte para entender rápidamente que, más que defender la libertad de expresión, estos operadores del cornejismo se abroquelan en posiciones corporativas explicitadas en la identificación de la línea editorial de esos portales con el gobierno de Cambia Mendoza. Posición legítima si no fuera por la oscuridad de los cuantiosos fondos públicos que se destinan para sostener a esos medios pautados. ¿Por qué las y los mendocinos tenemos que mantenerlos con el dinero de nuestros impuestos?
No hagamos silencio. Demos un amplio debate. Discutamos sobre libertad de expresión. También de discurso de odio impune, derecho a la información y la comunicación, y distribución democrática del presupuesto para garantizar todas las voces.
El defensor de la dictadura deberá dar explicaciones a la Justicia
